Prioridades. El Gobierno recorta el Potenciar Trabajo, mientras da beneficios millonarios a sojeros

El Gobierno aún no efectivizó el pago del Potenciar Trabajo a más de 1,3 millones de beneficiarios que perciben el ingreso en diciembre (correspondiente a noviembre, ya que es a mes vencido). El Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz justifica la demora en que hay una judicialización y que “por lo tanto, se esperó a la autorización de Comodor Py para efectuar la liquidación”.

El juez federal Ariel Lijo es quien tiene a su cargo uno de los dos expedientes que se tramitan por este tema, vinculados con la solicitud de levantar el secreto fiscal que realizó la propia Tolosa Paz para avanzar en el recorte de los planes.

Lo cierto es que en un país con 43,1% de personas bajo la línea de pobreza, según estimaciones de la UCA, y con una crisis social que golpea a los más vulnerables con una inflación superior al 100 % anual, los beneficiarios de los planes que cobran apenas la mitad de un salario mínimo ($ 28.950 en noviembre) todavía no tienen acreditados sus ingresos.

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Por este motivo, este martes, las organizaciones que componen la Unidad Piquetera realizaron una jornada de lucha a nivel nacional para expresar su rechazo al incumplimiento en los pagos del Potenciar Trabajo.

En un comunicado de prensa, explicaron que “ante la incertidumbre y la enorme desazón de cientos de miles de compañeros que no cobraron el sábado 3 ni el lunes 5, el único y miserable ingreso del potenciar trabajo con el que sobreviven 1.300.000 personas, incumpliendo con la más elemental de las obligaciones del Gobierno”.

Desde las organizaciones sociales que la componen también reclaman un bono de fin de año del 100% compensatorio ante la inflación y el no desenganche de los planes respecto al salario mínimo. Tras la movilización, el Gobierno afirmó que el miércoles 7 se acreditará el pago.

Pero, además, también se conoció hoy que Tolosa Paz avanza con su plan de recortar la cantidad de planes que se otorgan. Este mes se darán de baja 20.410 Potenciar Trabajo, argumentando incompatibilidades que excluyen el beneficio, como haber realizado la compra de moneda extranjera o tener la titularidad de un vehículo con una antigüedad menor a 10 años, en base a cruce de datos con informes de la AFIP y del Banco Central.

Asimismo, si se aplican otros criterios de incompatibilidad aún más excluyentes, como es el plan de la Ministra de Desarrollo Social para los próximos días, la cantidad de personas afectadas ascendería a más de 150.000, de acuerdo a estimaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Entre estos criterios, se cuentan: los casos de personas que hayan percibido una suma de ingresos en los últimos seis meses cuyo promedio mensual supere a dos salarios mínimos; y los casos de personas que hicieron gastos con tarjeta de crédito por encima de dos salarios mínimos.

Esto no es todo. El juez Lija le ordenó a la ministra que avance con la auditoría sobre la totalidad de destinatarios del Potenciar Trabajo, lo que tendría como resultado en enero un recorte mucho mayor, basado en una validación de la identidad que los titulares del Potenciar deben realizar en la app Mi Argentina antes del 6 de enero incluido.

Una vez más, la preocupación del Gobierno por poner la lupa en qué hacen o dejan de hacer con los pocos recursos y propiedades que tienen los sectores más desprotegidos para buscar justificar un recorte, que en términos presupuestarios no es representativo, pero sí responde a la agenda de la derecha de “ajustar planes”.

Mientras tanto, otorgan beneficios por más de más de $ 130.000 millones de pesos a los empresarios sojeros que extorsionan con la retención de granos y especulan con una devaluación.