El Gobierno continúa con su festival de endeudamiento y entrega la jurisdicción a tribunales imperialistas.
Martes 16 de mayo de 2017
El Gobierno nacional autorizó ayer a las secretarías de Hacienda y de Finanzas a colocar bonos públicos por hasta U$S 20.000 millones y estableció jurisdicciones a favor de los tribunales estaduales y federales de Nueva York y Londres, renunciando a "oponer la defensa de inmunidad soberana". De esta forma fue comunicado con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 334/2017, que lleva la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Según los argumentos del comunicado de la nueva entrega, la decisión responde a "una estrategia financiera integral y del programa financiero para el Ejercicio 2017" que "estima conveniente aprovechar ciertas circunstancias de los mercados financieros internacionales, a efectos de concertar operaciones de venta de títulos públicos y su recompra en una fecha posterior".
La norma habilita a las mencionadas secretarías a incluir "cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y/o de los tribunales ubicados en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a dichos acuerdos".
La renuncia a la inmunidad soberana no es una novedad para el país, la entrega de la jurisdicción a los tribunales de Nueva York ya fue realizada años atrás por el gobierno kirchnerista. Tras rechazar los canjes de deuda que el país realizó en 2005 y 2010, un grupo de fondos buitre fue a los tribunales de Nueva York y en un fallo hecho por el juez Thomas Griesa recibieron U$S 9.300 millones en efectivo con Cambiemos.
La toma de deuda ininterrumpida de parte de Cambiemos es una hipoteca que más tarde que temprano querrá ser descargada sobre las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares.
