El Ministerio de Justicia acepta el fallo por el cual el pazo de Meirás regresa al patrimonio público previa indemnización a la familia del dictador, que solicita más de un millón de euros.
Viernes 19 de febrero de 2021
La dictadura siempre mantuvo que el pazo de Meirás, en el municipio de Sada, fue “donado espontáneamente” por el pueblo gallego a Franco y su familia. Los testimonios y los documentos reflejan una realidad bien distinta y, fruto de una lucha de años del pueblo de Sada, la izquierda gallega y asociaciones de memoria histórica para que se le quite la propiedad a la familia Franco, se ha conseguido que la propiedad del pazo de Meirás pase a ser de titularidad pública. Sin embargo, lejos de ser devuelta sin más, la Audiencia Provincial de A Coruña plantea el derecho de la familia Franco a recibir una indemnización por devolverle al pueblo lo que siempre fue suyo.
Te pueda interesar: Pazo de Meirás: propiedad “regalada” a los Franco y lugar de exaltación fascista.
La Abogacía del Estado no recurrirá esta sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, desde el Ministerio de Justicia han argumentado que no se presentará un recurso porque el fallo es "favorable" a los intereses del Estado. En cuanto a la indemnización, los Franco solicitan más de un millón de euros en concepto de gastos contraídos desde el 1975 en adelante por mantenimiento y reformas del pazo para su uso y disfrute.
Frente a esta situación el gobierno de PSOE y Unidas Podemos se planta junto con la Xunta de Galicia del Partido Popular. Pero el Ayuntamiento de Sada, gobernado por Sadamaioría, ha anunciado que presentará un recurso a este fallo.
Así, el Ayuntamiento de Sada no se planta y sostiene que sí ha habido "mala fe" por parte de los herederos de los Franco durante décadas, tal y como lo consideró la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña. En caso de demostrarse la “mala fe” de los Franco la indemnización será anulada. Los Franco, por su parte, tampoco se plantan y ratificaron que ultiman el recurso ante el Tribunal Supremo con el fin de recuperar el pazo de Meirás.
El gobierno de PSOE y Unidas Podemos se planta junto con la Xunta de Galicia del Partido Popular. El Ayuntamiento de Sada, de Sadamaioría, se queda solo peleando contra la familia Franco.
De este modo el pazo de Meirás pasa a ser de titularidad pública, pero la forma titubeante en la que el Estado lo resuelve puede ser determinante para el futuro de otros bienes expoliados, como la Casa Cornide o las esculturas del Maestro Mateo. No es lo mismo expropiar lo que fue expoliado y con ello marcar una línea de reparación histórica, que indemnizar a los Franco por haber mantenido en propiedad un inmueble que nunca debió ser suyo y que ha usado para exaltar la figura del dictador. Más allá de la resolución sobre propiedad del inmueble, del recurso del Ayuntamiento de Sada depende que haya una verdadera reparación histórica.
El caso del pazo de Meirás no es sino otro ejemplo más de que las posiciones moderadas dan alas a la ultraderecha. La impunidad de los Franco a lo largo y ancho de la historia del Régimen del 78 es absoluta, lo que es presentado como diálogo y paz social no son más que renuncias democráticas. Posiciones moderadas que fueron las que también dieron lugar a la exhumación de Franco con todos los honores de un funeral de Estado.
Te pueda interesar: La exhumación de Franco demuestra que el franquismo no ha muerto
Estamos ante el enésimo ejemplo de cómo las políticas moderadas no sirven en absoluto para combatir a la extrema derecha. Este marco de fraude democrático es el que permite, precisamente, que la familia Franco se sienta y se sepa “en todo su derecho” de cometer un nuevo atropello y recurrir el fallo frente al Tribunal Supremo para ir un paso más allá: no contentos con la indemnización, quieren quedarse con el pazo “con todas las de la ley”. Las concesiones a la ultraderecha pretendiendo evitar un conflicto no hacen más que agravarlo cuantas más concesiones e impunidad se les da.
Hace falta una izquierda que deje de apostar por la línea de consenso y “paz social”, una izquierda anticapitalista que pelee por los derechos de las clases populares contrapuestos a los intereses de la burguesía y los herederos del franquismo. Es necesaria una izquierda que se proponga la ruptura con el Régimen del 78, que abra el camino a conquistar verdaderas repúblicas de trabajadores, y eso también pasa por la justicia histórica respecto a la dictadura.