CORRUPCIÓN MADRID. El PP “regaló” vivienda social a Goldman Sachs

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El fondo buitre, Goldman Sachs fue el beneficiario de la venta a precio de saldo de 2.935 pisos sociales de la Comunidad de Madrid en agosto de 2013. Ahora los está vendiendo en barrios populares como Vallecas o La Ventilla, a algo más del doble de su precio de compra.

Ningún gobierno, ni la Fiscalía, han hecho nada por detener a los responsables políticos de este robo. Muchos menos para revertir la operación por la que este fondo buitre continúa haciendo negocio con las viviendas de todos y poniendo en la calle a cientos de inquilinos con bajos recursos.

El responsable de la operación fue el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA). Se trata de un organismo público que teóricamente fue creado para facilitar el acceso a la vivienda a las capas más humildes de la sociedad madrileña. Sin embargo, se transformó rápido en un agente inmobiliario privado más al servicio del PP y sus empresarios amigos del mercado de la vivienda. Algo que se aceleró en los primeros años de la crisis, coincidiendo con el periodo en que miles de familias eran desahuciadas sin contemplaciones. El gobierno del PP se dedicó a defender descaradamente los intereses de inversores especulativos y fondos buitres internacionales, siempre sobre los de los inquilinos pobres.

Una operación que además solo puede calificarse como ruinosa para el mismo IVIMA, incluso desde la propia óptica de la mera rentabilidad y eficiencia capitalista con la que lo gestionó el PP. Solo en esta operación se calcula que se han perdido al menos 100 millones de euros. La cosa huele a corrupción política a kilómetros de distancia. Este “pelotazo” supone la liquidación de un patrimonio de todos que ha sido expropiado para beneficio especulativo de un puñado de grandes capitalistas.

Todo el proceso de venta a Goldman Sachs fue realizado a través de una sociedad instrumental denominada Azora. Esta empresa, tenía un capital de 3.000 euros, el mínimo legal para constituir una sociedad limitada. Fue la ganadora del concurso abierto para esta operación. Sin embargo esta sociedad recién constituida, no tenía ninguna experiencia ni conocimiento técnico de este tipo de operaciones. El capital, posteriormente, se incrementó en 21,2 millones de euros con la entrada de Goldman Sachs, un fondo buitre que no cumplía las condiciones legales para licitar. Así pues, Goldman Sachs actuó con una sociedad interpuesta, tal y como denuncia el Tribunal de Cuentas.

El proceso se desarrolló sin informar de la venta a los afectados. No pudieron comprar el piso en el que estaban alojados por el extraordinario precio, 68.000 euros, que se le ofreció al fondo buitre por cada uno de los pisos. Se les negó así su derecho al tanteo y retracto, recogido en el contrato de alquiler.
Los pisos vendidos pertenecían al ‘Plan Joven’ de la Comunidad de Madrid. El valor contable de todos ellos era de 300 millones de euros. Aunque este valor se redujo con una tasación a la baja realizada por el mismo IVIMA buscando la venta fraudulenta, quedándose en 168,9 millones. Finalmente se vendieron a la gestora inmobiliaria Azora, con la financiación de Goldman Sachs, por un importe de 201 millones de euros.

La Cámara de Cuentas es un órgano fiscalizador elegido por la Asamblea de Madrid, absolutamente dominada por el PP. Aunque su informe no ha podido tapar todas las irregularidades. En él se reconoce que el IVIMA se saltó su propio pliego de condiciones de venta. Ésta debería realizarse piso a piso y no en bloque, lo que hubiera permitido el acceso a la compra asequible de los inquilinos en primera instancia. Reconoce que además se incumplió el deber de informar a los inquilinos para que pudieran presentar alegaciones a las resoluciones adoptadas y que tampoco hubo la obligatoria “publicidad en forma legal”. Es decir, que la compraventa que se hizo en dos meses, durante el verano, fue con el desconocimiento absoluto de los vecinos.

Por último destapa como la venta se realizó a este fondo por medio del “dedazo”. Explica como el procedimiento mediante “concurso” exige que se detallen los criterios de la elección “así como la ponderación que se atribuye a cada uno para seleccionar la propuesta más ventajosa sin atender solo al precio”. El informe pone como ejemplo de contravención de todo esto que “las dos empresas públicas mejor valoradas en la selección inicial obtuvieron, sin una suficiente fundamentación, la misma puntuación, pese a que presentaban actividades sociales y características, composición técnica y experiencia muy diferentes. La primera está dedicada específicamente a la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria y acredita poseer una organización y equipo técnico apto, así como experiencia en España”, mientras que “la segunda se define como un holding bancario internacional interesado en adquirir promociones como negocio estratégico, sin organización especializada ni personal con conocimientos técnicos ni experiencia en el sector en España”.

Todos estos procesos de expolio de lo público suelen ir acompañados de grandes dosis de cinismo por parte de los gestores políticos responsables. La ex-gerente del IVIMA, Ana Gomendio, en la memoria justificativa de la operación -exigida por la ley - justificaba la no necesidad de las viviendas sociales bajo propiedad pública y como la venta resultaría “doblemente positiva, jurídica y económicamente” considerando que aseguraba “la posición de los arrendatarios y maximizaba el rendimiento del Instituto”. Más adelante y sin despeinarse, afirmaba que “la función social no se verá alterada en ningún momento porque las viviendas seguirían calificadas como de protección pública”.

Hay que decir que Gomendio, antes de ocupar el cargo público, era empresaria inmobiliaria y tenía como socio a Rafael Tomás Codoñer, consejero delegado por Bancaja Habitat en la empresa adjudicataria Azora. Otro caso más del entramado empresarial, financiero y político que se entrelaza como una tupida red de intereses y corruptelas para favorecer a las élites y perjudicar a las clases trabajadoras.

En estos momentos se reconoce el derecho de los vecinos, que llevan más de 10 años viviendo en ellas, su derecho a comprarlas. Pero ahora es al precio que el fondo buitre quiere cobrar, 140.000 euros por cada una de ellas. Más del doble de su precio, un beneficio del 105%.

Pero el problema no es solo la venta. También están sufriendo una brutal subida del precio de los alquileres de estas viviendas que han dejado de ser sociales. Los inquilinos ya no se benefician de la reducción del IVA y además tienen que pagar el 6% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al tratarse de una segunda transmisión. Han perdido la oportunidad de renovar automáticamente sus reducciones de alquiler (de hasta el 95%) si cumplen determinadas condiciones.

Goldman Sachs es quien decide ahora si se mantienen o no esas condiciones. Al no ser ya casas pertenecientes al IVIMA, si una familia aumenta de número tampoco podrá beneficiarse de las reducciones que ese organismo ofrecía por familia numerosa. Y por último, ahora tienen que pagar el IBI de los últimos cinco años. Hasta ahora el IVIMA no incluía la tasa en la factura de alquiler porque el 30% de los afectados está en riesgo de exclusión social.

Pero es que además se han producido desahucios en las viviendas afectadas por la venta a Goldman Sachs. Esta empresa ha tramitado durante todo este período lanzamientos acogiéndose a la figura del “desahucio exprés”. Casi todos los vecinos tienen adquirida una deuda.

Ante esta realidad, Ana Gomendio, no tuvo empacho para declarar el pasado viernes en la primera sesión de la comisión de investigación calificando a la operación como “extraordinaria” y “transparente”.

El único freno a esta injusticia ha venido de la organización y movilización de los inquilinos afectados. La presión vecinal logró detener la escalada de desahucios hace algunos meses. Esto demuestra que para lograr los objetivos de los vecinos afectados se hace imprescindible la auto-organización y la potenciación de la lucha por la restitución del carácter público de estas viviendas enajenadas fraudulentamente

Una lucha justa que para amplificar su fuerza y lograr sus objetivos debería coordinarse con la de las distintas mareas -blanca, verde, naranja, etc.- que plantean la recuperación de todos los bienes públicos enajenados en favor de los intereses de las élites capitalistas y el bloqueo de los procesos de privatización en marcha, que el gobierno de Cifuentes pretende continuar.