La semana que termina debe anotarse entre las peores del macrismo. Cuando arrancaba el fin de semana largo, reaparecía Bonadio y eran detenidos nuevamente Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Sábado 28 de abril de 2018
El juez Sergio Moro se convirtió en una suerte de figura nacional en el hermano país de Brasil. Su aparición en escena en 2014 sacudió el tablero político y aportó a imponer una nueva dinámica en la situación. Cierto es que eso no ocurrió sin generar, al mismo tiempo, una profundización de la crisis política e institucional de conjunto.
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En la inarmónica crisis orgánica que asola al Brasil, el Poder Judicial reconstruyó prestigio pegando a diestra y siniestra, aunque colaborando esencialmente en el movimiento golpista que primero desplazó a Dilma y luego avanzó en el encarcelamiento de Lula. Como ya se ha señalado, la estrategia legalista (reformista) del PT permitió ese avance sin grandes contratiempos.
En la Argentina la casta judicial pareciera no tener grandes aspiraciones. Sus actores centrales golpean un poco y un poco allá. Sus ataques son más modestos y casi siempre dentro del statu quo. Al hacerlo juega casi siempre para el poder de turno. Funciona como una rueda auxiliar del Poder Ejecutivo cuando hace falta marcar agenda.
La semana que pasó puede ser señalada como una de las más críticas de la gestión Cambiemos. La confluencia de un gigantesco rechazo al tarifazo se combinó con la crisis abierta por la suba del dólar, que terminó en una intervención del Central que nadie hubiera querido en el oficialismo.
Los golpes en la coalición gobernante vinieron desde fuera pero también desde dentro. Las tensiones -por el tarifazo- al interior de Cambiemos ya se habían ventilado la semana anterior. No lograron salir de escena completamente en los últimos días.
El peronismo, aprovechando el descontento social, hizo las veces de oposición. A no olvidar: son los mismos que permitieron la votación de ese robo a los jubilados que algunos llaman “reforma previsional”. Son los mismos que, dirigiendo las organizaciones sindicales, hacen la plancha hacia el 2019.
Cierto es que el oficialismo hizo mérito para hacer crecer el descontento social. Desde sostener un discurso auto-justificario sin fisuras hasta pedirles a los gobernadores peronistas resignar plata de las arcas provinciales. Con tales pretensiones era imposible que la sesión especial del miércoles pasado no mostrara una oposición abierta.
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La suba cuasi-descontrolada del dólar golpeó de lleno a la conducción del Banco Central e hizo emerger las tensiones al interior del gabinete nacional. La “tormenta cambiaria” terminó en una elevación de las tasas de interés y en un desembolso más que importante de los billetes verdes. Por ahora las reservas resisten. Pero eso fue lo que el oficialismo repitió toda la semana.
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En la Casa Rosada y en la sede del Central deben haber agradecido el fin de semana largo. Lunes y martes feriado vienen bien para descomprimir el terreno y tender un puente hacia lo que llaman, de manera eufemística, los “mercados”.
En este marco, nada agradable para el oficialismo por cierto, reapareció Claudio Bonadio. El hombre no se anduvo con chiquitas. Exculpó de una acusación de corrupción a Gustavo Arribas, titular de la AFI e inquilino del presidente.
A la decisión, explícitamente oficialista, le sumo otro ingrediente. Decidió investigar a los fiscales que, valga la redundancia, habían querido investigar a Arribas. Un mensaje de claro disciplinamiento hacia el interior del Poder Judicial.
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A Bonadio se le sumaron en la campaña solidaria hacia Cambiemos los jueces Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, de la Cámara Federal de Casación Penal. Este viernes los magistrados pidieron la “inmediata detención” de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Se trata de los empresarios ligados al kirchnerismo que usufructuaron las ventajas de la AFIP para no pagar $ 8.000. La “ayudita” se la dio otro funcionario, también kirchnerista, Ricardo Echegaray. El hombre quedó imputado junto a los primeros por presunta defraudación en perjuicio del Estado, un delito bastante mayor que la evasión fiscal.
Los empresarios -que habían ajustado a sus propios trabajadores con despidos, reducciones salariales y atrasos en los pagos- se entregaron en la noche de este viernes. Como no podía ser de otra manera, la “corpo” mediática se hizo el picnic con un tema que permite no hablar de tarifazos o suba del dólar.
Entre sus fundamentos, el fallo de los jueces Riggi y Hornos señala que la cantidad de causas por la que están procesados los empresarios del Grupo Indalo, demuestra "no sólo una familiaridad manifiesta con el delito sino también una elocuente sensación de impunidad”.
La definición podría aplicarse con seguridad a los ministros del Estado nacional que ocultan su participación en empresas offshore, tiene trabajadoras en negro, evaden o blanquean dinero cuyo origen se desconoce. Pero en este caso, como ocurría a la inversa en los años kirchneristas, el Partido Judicial le da una manito al golpeado oficialismo de turno.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
