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Red Internacional
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Plaza de Mayo. El Poder Judicial bajó las condenas a los represores de las jornadas de diciembre de 2001

El Tribuna Oral N°6 dispuso reducir condenas al exsecretario de Seguridad y al exjefe de de la Policía en el Gobierno de De La Rúa. "Justicia" para el lado de los represores.

Miércoles 19 de mayo de 2021 09:22

Enrique Mathov era el secretario de Seguridad y uno de los que coordinaba la represión que el Gobierno de la Alianza (UCR y Frente Grande) había ordenado contra los manifestantes. La Policía Federal la ejecutó con saña comenzando aquel 19 de diciembre en Plaza de Mayo. A las primeras que reprimió, con la montada, fue a las Madres de Plaza de Mayo. El jefe de la Policía era Rubén Santos.

La respuesta al hartazgo por la crítica situación económica que las grandes mayorías populares atravesaban y el repudio que se extendió cuando la televisión mostró esas imágenes, fue una amplísima movilización, que se extendió al día siguiente, con una juventud en primera línea enfrentando una durísima represión.

Por algunos de los asesinatos cometidos por la Federal ese 20 de diciembre, debido al juicio iniciado por sus familiares, habían sido condenados Mathov, Santos y uno de los policías participantes: Norberto Gaudiero.

Hace un año la Cámara Federal confirmó sus condenas, pero había ordenado revisar el monto de las penas. Por eso el Tribunal Oral Federal (TOF) la semana pasada se las rebajó.

Después de 20 años Mathov fue condenado a 4 años y 3 meses, Santos a 3 años y 6 meses y Gaudiero a 3 años en suspenso. Además fueron condenados los expolicías Víctor Manuel Belloni a dos años y9 de prisión y Carlos José López a 5 años y 9 meses de cárcel. La representación legal de las familias de las víctimas estaba a cargo del Cels.

En particular Mathov fue condenado como autor penalmente responsable por la muerte de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y lesiones de 20 manifestantes.

Recordemos que el máximo responsable político de aquella situación y la represión desatada, Fernando de la Rúa, la Justicia Federal lo consideró libre de culpa y cargo por la muerte de 36 personas en todo el país.