Vivienda. El Programa Nacional de Vivienda ¿Garantizará el derecho a un techo?

En la actualidad esta realidad parece no ser muy diferente, ya que el precio de renta mensual de un departamente en una colonia céntrica, pero popular de la CDMX no baja de los 7 mil, costo que alcanza casi el valor del salario mínimo.

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Pese a esto, el nuevo gobierno promete un programa que busca solucionar este problema, el Programa Nacional de Vivienda, en el cual anunció que van a construir 1 millón de viviendas, la mitad para derechohabientes y la otra mitad para quienes no cuentan con Infonavit ni IMSS.

De la promesa a la realidad

No cabe duda de que un plan de vivienda popular —o de interés social como le llaman los tecnócratas— es urgente para urbes como la CDMX o incluso ciudades menores, pero que han crecido desaforadamente en las últimas dos décadas, como Querétaro, Monterrey, Puebla, etc.

Parece casi lógico que sea necesario construir más hogares para que más gente pueda vivir y que esos hogares tengan precios accesibles para las familias trabajadoras. Sin embargo, pensando en la actual configuración de las ciudades, la promesa de que estos espacios estarán cerca de centros laborales, culturales y educativos parece no ser tan viable.

Otra duda que queda en este plan es qué va a pasar con los emporios inmobiliarios que en México son dueños de una cantidad de edificios construidos para que ellos hagan negocio con el derecho a la vivienda. Hecho con el cual han expulsado a millones al encarecer la vida en esos lugares y dejando lugar a que turistas ocupen esos espacio que la mayoría del año están vacíos. Quizá y sólo quizá no necesitamos más viviendas, sino que departamentos y casas sin ocupar sirven para especular con el precio de la vivienda sean puestas al servicio de las grandes mayorías.

Quedó anunciado que una empresa constructora se creará para poder llevar adelante este proyecto, aún no se sabe si con participación privada, como en todos los megaproyectos del sexenio anterior o con control militar, lo que daría aún más fuerza al ejército responsable de cientos de asesinatos y desapariciones.

Incluso, no sabemos si quienes trabajarán ahí lo harán con plenos derechos laborales o habrá una figura de evasión laboral como los becarios de Pilares que no son reconocidos como trabajadores de la CDMX a pesar de que desempeñan jornadas laborales que pueden superar las 12 hs, no tienen seguro social y dan vida al programa insignia de la presidenta.

Creemos que aparte de la ubicación de la vivienda, estas tiene que ser edificadas con materiales de calidad, ya que como vimos en 2017, ahorrar costos en construcción puede implicar las vidas de quienes habitan esas casas, pues vivimos en zonas de alta sismicidad, y también por el hecho que materiales de buena calidad evitan que el sonido que naturalmente realizados en nuestras actividades diarias se transmitan las casas o departamentos contiguos.

Para quienes no tenemos casa propia y nos encontramos en el porcentaje de salarios mayoritario que no alcanza los 16 mil pesos al mes, la posibilidad de hacernos de un espacio propio es una maravilla, pero las contradicciones de habitar una ciudad siendo trabajador van más allá de que se construyan espacios. Hay que combatir la configuración social de la ciudad pensada para ricos y turistas. No basta con más casas, hay que combatir el cártel inmobiliario y a todos los funcionarios que ayudan, permiten y se enriquecen con el negocio habitacional.

Ni casas sin gente ni gente sin casas

Desde nuestro punto de vista y atendiendo a los hechos creemos que antes que un plan de nuevas viviendas -qué es necesario- tenemos que poner en pie un plan de uso racional de los inmensos recursos que tienen las urbes.

Para ello no hay espacio a la vacilación, previo a construir viviendas para los millones de trabajadores hay que expropiar sin pago todo edificio que pertenezca a los poderoso grupos inmobiliarios, es la medida de conseguir casas habitación más rápidamente, pues está comprobado que en el mundo hay la vivienda suficiente para cubrir las necesidades habitacionales de todas la personas.

Toda casa desocupada, departamento usado para rentistas o lugar habitacional desaprovechado tendría que estar en manos del Estado, ser ocupado por una renta social mínima, que permita que los millones que hoy sufren la penuria de gastar entre el 40 y 50% de sus ingresos en renta, puedan vivir dignamente.

Engels opinaba al respecto hace casi 150 años, lo siguiente:

“¿Cómo, pues, resolver el problema de la vivienda? En la sociedad actual, se resuelve exactamente lo mismo que otro problema social cualquiera: por la nivelación económica gradual de la oferta y la demanda, solución que reproduce constantemente el problema y que, por tanto, no es tal solución. La forma en que una revolución social resolvería esta cuestión no depende solamente de las circunstancias de tiempo y lugar, sino que, además, se relaciona con cuestiones de mucho mayor alcance, entre las cuales figura, como una de las más esenciales, la supresión del contraste entre la ciudad y el campo. Como nosotros no nos dedicamos a construir ningún sistema utópico para la organización de la sociedad del futuro, sería más que ocioso detenerse en esto. Lo cierto, sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades casas suficientes para remediar en seguida, si se les diese un empleo racional, toda verdadera ‘escasez de vivienda’”.

Y en efecto, no sólo es una cosa de darle techo a todos, sino, que cada hogar pueda contar con todo lo necesario para vivir, desde servicios hasta un salario digno. En ese sentido hay que convertir la vivienda en un derecho y combatir el negocio de unos cuantos magnates dueños de la mayoría de los edificios de la ciudad.

Pero estas medidas son utópicas si esperamos que algún gobierno sea cual sea su signo político lo haga por nosotros. Sólo las grandes mayorías trabajadoras, de jóvenes, mujeres y pobres urbanos podemos planificar una ciudad distinta, para ello tenemos que atentar contra la propiedad privada de los capitalistas y socializarla, construir organismo de autoorganización que nos permitan planificar democráticamente el desarrollo urbano, donde podamos garantizar los servicios básico a todo mundo, desde el transporte público, la recolección de basura, el acceso al agua, el drenaje, sin duda, esto solo puede ser pensado desde una perspectiva socialista y de transformación radical de la sociedad.

Para que no haya una sola casa sin gente y ni una sola persona sin casa, también tenemos que construir un mundo distinto, una política basada en el combate contra quienes todo lo poseen, que tenga como sujetos a las y los trabajadores y a los sectores populares, no una política de migajas, mientras un puñado se enriquece de nuestras necesidades.