El 30 de diciembre, desde la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), se emitieron memorandos injustificados de despido a cuatro guardaparques que denunciaron activamente la minería ilegal en áreas protegidas y la caza furtiva. Los guardaparques despedidos son: Marcos Uzquiano Howard, Guido García Carballo, Gonzalo Gutiérrez Quispe y Aníbal Alfaro Vega.
Miércoles 8 de enero
Fuente: redes sociales
Marcos Uzquiano, que es ex-jefe de la protección de la reserva de la biósfera Estación Biológica del Beni (EBB) y presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), fue nombrado Embajador de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales por la Defensoría del Pueblo y tiene varios reconocimientos nacionales e internacionales por su labor de guardaparque. Marcos Uzquiano, junto con el guardaparque Raúl Santa Cruz, denunciaron en 2023 el intento del ingreso de minería ilegal al Parque Nacional Madidi, por lo que se enfrentaron a procesos legales en su contra, que fueron promovidos por Ramiro Cuevas Echavela, exdirigente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz. Se los acusó por los delitos de difamación y calumnias, pero ambos fueron absueltos por falta de pruebas a principios de 2024.
El rol de los guardaparques de resguardar las áreas protegidas va directamente en contra de los intereses y el avance de la minería ilegal y el tráfico de fauna silvestre. Además, desempeñaron un papel muy importante en la prevención y mitigación de los incendios forestales de los últimos años. Los guardaparques son constantemente amenazados y perseguidos por estos sectores y abandonados por el gobierno, que nunca respaldó a los guardaparques. El mismo SERNAP, a la cabeza de Johnson Jiménez Cobo, no puede garantizar los derechos laborales de los guardaparques, muchos de los cuales trabajan en condiciones precarias sin el material correspondiente. Ante varias denuncias de organizaciones ambientalistas y medios de comunicación que exigen la reincorporación de los guardaparques, el SERNAP mandó un instructivo que obliga a firmar un pronunciamiento en apoyo a las decisiones de la dirección ejecutiva.
La Defensoría del Pueblo ya exigió un Requerimiento de Información Escrita (RIE) con el objetivo de recabar información para la investigación defensorial sobre los despidos de los cuatro guardaparques. Frente a esto exigimos la restitución inmediata de los guardaparques a sus fuentes de trabajo y el derecho a una investigación independiente tanto acerca de los despidos como del avance de la minería en las zonas denunciadas y que la investigación la realicen organizaciones de derechos humanos.
Varias organizaciones y agrupaciones ambientalistas denunciaron los despidos y la complicidad del Estado en ellos, pero sin denunciar realmente el sistema capitalista que causa que las ganancias de pocos puedan justificar la crisis ecológica, los despidos de guardaparques y el avance de la minería y la agroindustria sobre nuestros bosques. Esto evidencia que cada vez se hace más necesaria la lucha ecológica, pero desde la perspectiva de la independencia de clase, que cuestione el rol no solamente de la minería ilegal, sino el proceso de apropiación de tierras para la minería y la agroindustria en Bolivia, que atropellan los derechos laborales y humanos y quienes son los beneficiados en este contexto. Es decir, no un ambientalismo como el que pregonan organizaciones como Ríos de Pie u otras similares que no tienen problemas de marchar junto a los grandes agroindustriales para dar un golpe de Estado, bajo las denominadas ‘plataformas ciudadanas’ u otras formas que tratan de darle un barniz progresivo a estos movimientos reaccionarios que además son fieles servidores del imperialismo norteamericano. Recordamos que el grupo Ríos de Pie cumplió un papel cómplice durante el golpe de Estado, llegando a intervenir a nombre de Bolivia ante la Asamblea General de la OEA para justificar el golpe de Estado de 2019.
Por todo esto, es importante luchar para poner los bienes comunes naturales bajo control comunitario y de las y los trabajadores (guardaparques incluidos), la planificación económica conforme a las características de los pisos ecológicos, proyectos de rehabilitación de bosques quemados y de ríos contaminados financiados por impuestos a las grandes empresas causantes del desastre ecológico. Así mismo luchamos por una política estatal integral de minería, partiendo por la nacionalización de toda minería, que planifique desde el necesario equilibrio entre el ser humano y la ecología y que termine con el modelo de saqueo de materias primas.
La crisis ecológica es culpa del sistema capitalista, que se beneficia de ella y, como estamos viendo con los despidos arbitrarios de guardaparques, se encargará de perseguir y amedrentar a quienes se atrevan a defender los ecosistemas. Solo acabando con el capitalismo podremos avanzar más en formas de producción sostenibles y planificadas que no atenten contra la naturaleza, no es toda la humanidad la que afecta el medioambiente, son los capitalistas.
