Rebeliones de los 90. El Santiagueñazo, cuando el neoliberalismo se chocó con el fuego de la rebelión

Con esta primera entrega inauguramos una serie de notas con las que daremos cuenta de los antecedentes de la lucha de clases en las provincias argentinas que culminaron en la crisis de diciembre del 2001.

Vamos a recorrer las rebeliones obreras y populares entre los años 1993 y 1997. La periodización que elegimos responde a que entre esos años se dieron las rebeliones de estatales, docentes y sobre todo desocupados -ex petroleros en su mayoría-, en las provincias de Santiago del Estero, Neuquén, Salta y Jujuy. Tales levantamientos, actuaron como si fueran un círculo concéntrico que se fue cerrando desde “los bordes” de la geografía argentina hasta la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, estallando con las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Queda fuera de esta serie el movimiento desocupado surgido en Buenos Aires, ya que responde a un ciclo posterior y con características diferentes al que nació en el interior del país.

Desde mediados de los 90 en las provincias, nació un nuevo actor político: el movimiento de desocupados, “piqueteros” o “fogoneros” según la provincia y época a que nos refiramos. El común denominador de este sector de la clase obrera es que eran, en su amplia mayoría, ex obreros de YPF. Esos trabajadores eran parte de la gran “familia petrolera” pero de la noche a la mañana la empresa fue privatizada. Sus empleados pasaron de ser un sector relativamente “bien pago” a vivir de las indemnizaciones que duraron muy poco y luego padecer el hambre y la miseria. Así ocurrió entre los años 1996-97 en las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul en Neuquén, Mosconi y Tartagal en Salta y General San Martín en Jujuy.

Queremos iniciar esta serie de artículos con un levantamiento muy poco conocido que pasó a la historia como “el Santiagueñazo”, en el cual los protagonistas fueron trabajadores estatales y docentes. Pero antes proponemos un breve recorrido para entender las claves del neoliberalismo noventoso.

Los 90´s: hiperinflación, privatizaciones y despidos

El neoliberalismo en Argentina arrancó en 1976 con el terror genocida y bajo el gobierno radical de Alfonsín (1983- 1989) se intentó avanzar con un plan de reformas del Estado, que no pudo desarrollarse. Vale aclarar que cada vez que se escuche hablar a los políticos patronales de “reforma”; nada bueno va venir para el pueblo trabajador y la juventud. El gobierno de Alfonsín dejó una hiperinflación altísima que aumentaba, literalmente, hora tras hora.

Pero fue bajo el gobierno Carlos Menem (1989- 1999) que la ofensiva neoliberal logró su objetivo siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿En qué consistían? Básicamente en el siguiente diagnóstico: las empresas estatales eran poco rentables, mejor venderlas. Así las empresas de servicios como Entel (telecomunicaciones), electricidad, aguas, YPF (petróleo y Gas), Somisa (hoy Techint), peajes de las rutas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, correos, Aerolíneas Argentinas -y la lista continúa- fueron rematadas y en algunos casos se aceptaron como pago, bonos de deuda. Esto fue posible gracias a la sanción en agosto de 1989 de la ley 23.696, más conocida como Ley de Reforma del Estado, anunciada por Menem y luego promocionada como forma de “modernizar el Estado”. Recordemos que Memen murió siendo senador del Frente de Todos, la actual coalición de gobierno. La herencia de la dictadura militar vive en las privatizaciones y fue llevada adelante por peronistas y radicales. Hoy bajo el gobierno de Alberto Fernandez continúan sacando elevadisimas ganancias sobre las necesidades del pueblo.

Las privatizaciones desencadenaron gravísimas consecuencias en dos tiempos: inmediatas y otras de largo aliento. Por ejemplo, en 1997 las empresas que fueron privatizadas redujeron 75.000 puestos de trabajo, que sería un 57% de la planta que había en 1990. Los trabajadores estatales fueron despedidos en masa: el gobierno de Menem arrancó con 874.182 y concluyó con 258.654. Los años de menemismo fueron una gran derrota para los trabajadores y una gran victoria para el neoliberalismo.

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“A los tibios los vomita Dios”

A Memem no le gustaban los tibios y las cosas a medio hacer, como dejó en claro cuando parafraseó un pasaje del Apocalipsis. Fue uno de los mejores ejecutores de las recetas del FMI y su gabinete garantizó el saqueo imperialista y de la gran burguesía nacional, aquí algunos representantes.

El Ministerio de Economía respondió a intereses bien contrarios del prometido “salariazo”. El grupo Bunge & Born (B & B) fue dueño de esta cartera durante un tiempo, gracias a los nombramientos de Miguel Angel Roig y Nestor Rapanelli. Ante el fracaso de los ministros nombrados para estabilizar la economía, se nombró a Erman Gonzalez que también naufragó hasta que finalmente llegó Domingo Cavallo el autor de la convertibilidad un directo representante de los buitres y las finanzas, ex funcionario de la última dictadura militar. Hoy se pasea por algunos canales de TV y radio felicitando a Guzmán, ministro de Alberto Fernández que aplica el ajuste en curso.

El Ministerio de Trabajo fue para Jorge Triaca, ejerció en simultáneo como interventor de SOMISA (siderúrgica estatal) y se dedicó a ofrecer "retiros voluntarios" a sus trabajadores mientras la empresa era privatizada muy por debajo de su valor real.

Carlos Ruckauf ocupó la cartera del Interior y luego fue vicepresidente con la reelección de Menem en 1995. Fue un promotor de la mano dura y el “hay que meter bala”, que luego aplicó contra la resistencia obrera a las privatizaciones y contra la juventud a través del gatillo fácil.

Los años de perro que fueron los 90 estuvo gobernado por ese personal político. ¿Cuántos de nuestros lectores vieron perder su trabajo y condiciones de vida? ¿Cuántos jóvenes en el siglo XXI aprendieron a reconocer en las agencias laborales el rostro de la precarización? La herencia del menemismo vive hoy en la precarización laboral en general y de la que sufren las mujeres y la juventud en particular.
Mientras el país era descuartizado, Menem y compañía andaban en Ferrari o abrazado al presidente yanqui de turno. En las provincias, el hambre y la bronca se iban acumulando, hasta que un día dijeron basta.

El Santiagueñazo y el comienzo de la rebelión

“Extremadamente grave”, así calificó la situación económica de la provincia Fernando Martín Lobo poco después de transformarse de vicegobernador a gobernador en octubre de 1993. Tuvo que hacerse cargo de la provincia luego de la renuncia de quien fuera electo originalmente: Carlos Aldo Mujica, que en 1991 le arrebató la gobernación a César Iturre. Y antes de éste último, Carlos “el caudillo” Juárez dirigió la provincia durante más de 20 años, de forma alternada. Todos pertenecían a la Corriente Renovadora, agrupamiento que formaba parte de una interna del Partido Justicialista. Por otro lado, luego de que fuera electo Mujica en 1991, su principal rival José Zavalía de la UCR denunció fraude y que él era el nuevo gobernador. Todos estos nombres serán importantes, ya que el Santiagueñazo se ensañó con ellos y con lo que representaban. Cada uno de estos personajes tuvo diferentes denuncias por corrupción y malversación de fondos públicos.

Los trabajadores estatales venían muy golpeados como fuimos describiendo y en el caso de Santiago del Estero esta situación era agravada por la falta de pago de 3 meses de salario. Y por si no fuera poco, se sumó la noticia de que cuando pudieran cobrar sería con un gran recorte gracias a la ley Ómnibus avalada por el flamante gobernador Lobo. Dicha ley era una provocación en toda la línea, proponía dejar en la calle a más de 10 mil trabajadores estatales y además recortar en un 50% el sueldo del personal restante. Cabe aclarar que cerca de la mitad de los trabajadores activos de la provincia eran estatales. A los jubilados el estado provincial también le adeudaba sus pensiones. Sueldos adeudados, familias con hambre de presente y de futuro, la furia invadió las calles.

Los gremios estatales como ATE y SIVIPSE (Sindicato de Vialidad), previamente, habían convocado una movilización para el 16 de diciembre por la mañana para manifestarse contra la aplicación de la ley Omnibus. Dicho llamado fue sobrepasado por miles de trabajadores que se hicieron presentes en la Casa de Gobierno para exigir la renuncia de Lobo. En las primeras horas de la mañana ya ardía una camioneta en las inmediaciones, lo que provocó por un lado, que los dirigentes sindicales se retiraran de la manifestación; y por otro lado que Lobo y otros funcionarios tuvieran que escapar escondidos en un camión de bomberos del edificio que empezó a arder en llamas. Ese sería el símbolo distintivo de esa jornada.

Una vez que el fuego consumió las instalaciones de la sede de gobierno, el descontento se extendió por toda la ciudad. Los siguientes blancos en caer como fichas de dominó fueron los Tribunales y el Poder Legislativo; cuna de inmundicia donde nacen todas las leyes anti-populares.

La destrucción no se detuvo y la policía dejó de reprimir: no porque no quisiera, sino porque no podía hacerlo dada la magnitud de la movilización. Así, la pueblada se trasladó a cada una de las lujosas casonas particulares de los ex gobernadores, diputados, senadores, concejales y hasta el intendente de la ciudad de Santiago del Estero para saquearlas, incendiarlas y escracharlas. De hecho José Zavalía que era diputado nacional en este momento, se atrincheró en su casa junto a algunos policías y comenzó a tirotear a los manifestantes y a la prensa.

Prácticamente no hubo saqueos de comercios privados, muy a pesar del hambre y la desnutrición infantil que reinaba en millares de estómagos, de esos que formaban el 53% de los pobres de la provincia. La bronca estaba dirigida contra los funcionarios que se aumentaban las dietas mientras perpetraron un ajuste al pueblo santiagueño, que también estaba cansado de los reiterados actos de corrupción.

Carlos Menem se encontraba en Roma, recibiendo una condecoración del papa Juan Pablo II, cuando se enteró de que la ciudad había sido tomada. Ordenó la intervención de Santiago del Estero para el 17 de diciembre y designó como gobernador interventor a Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, que arribó a la provincia con los fondos para cubrir los salarios y así poner fin al levantamiento. Por otro lado, también llegaron inmensos contingentes de gendarmería para ordenar la ciudad a bastonazo limpio y detenciones, dejando un saldo de 4 muertos y cientos de detenidos.

El Santiagueñazo fue el primer antecedente de la situación que se abrió en el 2001, que logró hacer huir a todos los funcionarios de la ciudad. Demostró que la demanda reivindicativa más mínima, como el pago de salarios adeudados, rápidamente se puede transformar en una lucha política que enfrenta a los trabajadores con las instituciones y los partidos patronales. Esto expresaba la exigencia a que renuncie Lobo y también el “que se vayan todos”, que ya estaba presente en el Santiagueñazo.

Es evidente que fuerza y disposición hubieron de sobra para tomar la ciudad y sus principales instituciones, hacer huir a todos los funcionarios y conseguir el pago de los sueldos adeudados. Lo que faltó fue una dirección con un programa claro que se propusiera ir más lejos para que la crisis la paguen los capitalistas y sus partidos patronales, por ejemplo; lograr la derogación de la ley Ómnibus y la preservación de todos aquellos que formaron parte del Santiagueñazo.

Contradictoriamente, en 1995 Carlos Juarez, cuya casa fue incendiada en el levantamiento, fue reelecto como gobernador de la provincia y tendió una red de espionaje e intimidación a cargo de Antonio Musa Azar. Éste último fue comisario y jefe de inteligencia de la provincia durante la dictadura militar. Tuvo tres condenas por crímenes de lesa humanidad, pero cuando se trata de apagar una rebelión, el peronismo sabe meter mano a “las cloacas de la democracia” para sofocarla. Juárez, por su parte, obtuvo prisión domiciliaria también por delitos de lesa humanidad recién en el año 2008.

Lenin dijo una vez que “lo espontáneo, es lo embrionario de lo consciente”. Tuvo razón, en nuestra próxima entrega, veremos como el Cutralcazo de 1996 y 1997, no solo se limitó a romper todo, sino que retomó viejas tradiciones del movimiento obrero: asambleas populares, cortes de ruta y los piquetes serán el símbolo distintivo de la lucha de clases. Las barricadas cerrarán la ruta, pero abrirán el camino...