El proyecto de ley aprobado para modificar el Código Procesal Penal habilita a Fiscales a realizar allanamientos autorizados por mensajes de voz y a tener detenidos cuatro días sin intervención de un juez.
Sábado 24 de septiembre de 2016 14:08
En el marco de una agenda política que viene corriéndose hacia la derecha con campañas por mayor seguridad, discursos gubernamentales que pregonan el endurecimiento represivo y la mano dura, principalmente contra los sectores populares; el jueves pasado se aprobó un proyecto que retrocede en materia de libertades democráticas y plasma legalmente la violación a los derechos humanos más elementales que en la provincia se vienen desarrollando desde hace tiempo. Lo que ningún senador trató en dicha sesión fue el informe presentado por el Ministerio Público de la Defensa sobre el Registro Provincial del 2015 de Casos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, Abuso Policial, Malas Prácticas y demás afectaciones a los Derechos Humanos.
El Senado por unanimidad dio media sanción al proyecto de ley para reformar 50 artículos del Código procesal Penal de Santa Fe que le otorga más poder a los fiscales y los habilita para allanar domicilios a la madrugada autorizados sólo por mensaje de texto, disponer la detención de personas con órdenes verbales y mantenerlas presas hasta cuatro días sin intervención del juez como también, preservar el legajo de pruebas en secreto hasta 20 días para impedir el acceso a la defensa, entre otras. Es decir, le otorga a los fiscales un plazo de detención de una persona por 72 horas prorrogable por 24 más, es decir hasta 96 horas. En el Código Procesal Penal vigente ese plazo es de 24 horas, prorrogable por otras 24.
Uno de los impulsores más militantes de esta iniciativa, el radical Lisandro Enrico , quien viene propugnando medidas represivas y el endurecimiento de las leyes penales, declaró: “El mayor flagelo de la sociedad es que justamente que una persona que ha sido víctima de la inseguridad sienta que la persona que la agredió le pueda volver a robar, que la víctima piense que se lo va a volver a encontrar en la calle al poco tiempo y eso pasa”. A su vez, Enrico graficó con un ejemplo: “si el fiscal tiene dudas si se trata de un robo o una tentativa, debe acusar por el robo y si hay dudas si es agravado o simple, tiene que imputar la pena más alta".
Lo que nadie dice
Lo cierto es quelos paladines del endurecimiento de las medidas contra la “inseguridad” como el senador Enrico hablan de “delincuencia” casualmente sin mencionar la desigualdad creciente y la pobreza ni tampoco la relación estrecha que existe entre el delito y la policía, políticos y jueces del Estado. El bombardeo mediático que estigmatiza a los sectores populares opera como una cobertura ideológica a favor de los linchamientos y de justicia por mano propia ante la “inactividad” del Poder Judicial. Intentan profundizar un sentido común de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra”. Sobre esta base, la casta política de funcionarios como Lisandro Enrico, buscan protagonismo modificando leyes que a las claras resultan inconstitucionales, violatorias de las libertades democráticas y contrarias a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
