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Pandora papers. El Senado chileno debate la acusación constitucional contra Piñera

Este martes, el Senado chileno debate y vota la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por su aparición en los Pandora Papers que lo involucran tanto en el manejo de cuentas en paraísos fiscales como en la venta del proyecto minero portuario Dominga. La oposición necesita 29 votos para lograr su aprobación, un escenario que es altamente improbable.

Martes 16 de noviembre de 2021 14:29

El Senado de Chile comenzó hoy la revisión de la acusación constitucional (juicio político) contra el presidente Sebastián Piñera, una iniciativa impulsada desde la oposición a raíz de la revelación de presuntos negocios que involucran al jefe de Estado en paraísos fiscales y que de ser aprobada significaría su destitución. La oposición necesita 29 votos para lograr su aprobación, un escenario que es altamente improbable.

De acuerdo con la investigación denominada Papeles de Pandora, a Piñera se le acusa de vender la propiedad de la Minera Dominga, durante su primer mandato presidencial entre 2010 y 2014, en una transacción en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

El juicio político comenzó este martes con la exposición de una comisión compuesta por tres diputados, quienes entregarán sus argumentos a favor de la moción de destitución y posteriormente, la defensa de Piñera tendrá una hora para presentar su alegato.

Seguidamente, después de un receso, cada senador tendrá la oportunidad de dar un discurso que no sobrepase los 15 minutos de duración, por lo que de ejercer el derecho todos los legisladores, la votación final podría efectuarse pasada la medianoche.

Una votación favorable a la destitución daría paso a la integración de un Gobierno transitorio encabezado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hasta que el Congreso elija por mayoría absoluta a un nuevo presidente.

Sin embargo, para ser aprobada la acusación se necesitan 29 votos a favor, y actualmente la oposición sólo tiene 24 senadores.

Por lo tanto, la oposición necesitaría convencer a cinco senadores oficialistas para consumar la destitución, algo sumamente difícil ya que en Diputados ningún parlamentario de ese sector dio su voto favorable.

La "estrategia" de la oposición

La diputada Gael Yeomans (Convergencia Social, parte del Frente Amplio) expuso esta mañana en la sala de Senado defendiendo la acusación contra Piñera: "Si la acusación se rechaza, seguiremos insistiendo usando todos los mecanismos disponibles a nivel nacional e internacional".

Sin embargo, la estrategia del Frente Amplio, el Partido Comunista y la ex Concertación (la “oposición” unida) de llevar todo al terreno de las maniobras parlamentarias y electorales no han dado resultado en absoluto. De hecho esta política de querer dirimir todo en el marco de las instituciones degradadas del régimen chileno heredado del pinochetismo, cuestionado por la propia rebelión de 2019, es responsable de haber llevado al ultraderechista José Antonio Kast a ser favorito hacia las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Desde las instituciones del régimen y sin la fuerza de la movilización en las calles, organizada por los grandes sindicatos y comunidades durante los días álgidos de la rebelión del 2019, sólo ha dejado impune al criminal Piñera quien sigue gobernando contra el pueblo. Las medidas parlamentarias y acusaciones sólo han dejado sin resolver las demandas de Octubre de 2019, con una Convención Constitucional alejada de las urgencias populares (siguen los salarios y pensiones de hambre; no hay vivienda, se sigue cayendo a pedazos la salud y educación pública), que ha respetado las reglas del pinochetismo (dos tercios) y sesiona con presos políticos y mapuche e incluso con la militarización de La Araucanía.

Esta dinámica si inició el 15 de noviembre de 2019, tan solo tres días después de la huelga general del 12 de noviembre que hizo temblar al país y puso a Piñera al borde del abismo. Fue ese día que el arco de las fuerzas políticas que van desde la derecha hasta el neoreformista Frente Amplio firmaron el "Acuerdo por la Paz", que le garantizó la gobernabilidad a Piñera y otorgó una tregua que aseguraron las conducciones sindicales y sociales de la Mesa de Unidad Social y la CUT contra lo que pedía la mayoría, que era ni más ni menos que la caída del presidente. Ese salvataje le dio a Piñera la sobrevida de dos años que hace que hoy esté ante un juicio político con prácticamente nulas posibilidades de prosperar, cuando debería haber caído en 2019.