Publicada el 5 de febrero en el Diario Oficial de la Ciudad de México, la nueva Constitución capitalina viene siendo impugnada en sus aspectos más "progresivos".
Lunes 13 de marzo de 2017
Durante la semana pasada, la nueva Constitución de la Ciudad de México fue impugnada en diversos de sus contenidos por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCM), con controversias presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También presentaron recursos de inconstitucionalidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los partidos Morena y Nueva Alianza, además de un amparo interpuesto por el abogado Javier Quijano.
Ahora el Senado se suma a la lista, anunciando que esta semana presentará una controversia constitucional contra la Carta Magna capitalina.
Apretando las riendas del poder centralizado, la PGR solicitó la invalidación de 39 artículos, argumentando que invaden facultades del Congreso de la Unión, entre ellas, lo relacionado con la creación de un sistema para sancionar a funcionarios que incurran en actos ilícitos.
Según La Jornada, el dirigente local de Morena, Martí Batres, dijo que las impugnaciones de la PGR tienen que ver con la diversidad familiar, la no discriminación, la revocación de mandato, la muerte digna y la prohibición de privatizar el agua.
También por invasión de atribuciones, la presidencia presentó recursos contra más de 10 artículos, mientras el TSJCM lo hizo contra dos.
Con un carácter más progresivo, aunque sin cuestionar más allá de lo que marca la ley, las impugnaciones del Morena se refieren a la modificación de la proporción entre legisladores electos y plurinominales, al establecer una relación 33-33, mientras la Constitución nacional fija una relación 60-40. También impugnó que la Constitución de la CDMX no se haya sometido a referéndum, violando así derechos políticos de la ciudadanía.
El Comité Promotor del Plebiscito, encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), desde febrero venía exigiendo que la Constitución capitalina fuera sometida a consulta ciudadana, en un intento de la derecha por aparecer como “democráticos”.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera declaró que la Constitución capitalina es un triunfo que no le quitarán a la ciudad. Sin lugar a dudas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México aprovechará la defensa de la Carta Magna local para fortalecer sus aspiraciones a contender por la presidencia de la República en el 2018.
La Reforma Educativa no se toca
Las controversias que presentará el Senado son contra los artículos 8 y 9 de la Constitución local, el primero referido a la educación y el segundo al uso medicinal de la marihuana. En ambos casos, la cámara alta arguye que se invaden competencias del Congreso de la Unión.
Según los senadores, el artículo 8 contravendría al tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y varias disposiciones de la Ley General de Educación, uno y otra modificados entre 2012 y 2013 mediante la reforma educativa de Peña Nieto y el Pacto por México.
Como hemos visto durante los años previos, cuando la lucha magisterial ha logrado abrir procesos en congresos locales para limitar la reforma educativa, el gobierno de Peña Nieto siempre ha echado atrás todo lo que se salga de la norma federal. Eso es precisamente lo que vemos ahora en el caso de la Constitución de la CDMX.
El ataque contra la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación fue elevado a nivel de la Constitución federal precisamente para evitar que en estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca o Chiapas, en los que concentra sus fuerzas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la fuerza del magisterio pueda imponer sus demandas a los gobiernos locales.
De ahí los límites de las mesas de negociación por estado que continúa impulsando la CNTE, como la que mantiene la Sección 22 de Oaxaca con el gobernador Alejandro Murat, y la necesidad de una política de recomposición nacional del movimiento magisterial impulsada por la Coordinadora, llamando a integrarse a todas las bases del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En lo concerniente al uso médico y terapéutico de la cannabis, el artículo 9 de la Carta Magna de la CDMX contravendría, según el Senado, los artículos 4 y 73 de la Constitución federal y los artículos 235, 236 y 237 de la Ley General de Salud.
Con la impugnación, las fuerzas más conservadoras en el Congreso de la Unión quieren mantener bajo su control cualquier legislación sobre el uso de estupefacientes, aunque se limiten únicamente a la mariguana, su uso medicinal y continúe prohibido su uso lúdico, mientras los cárteles del narco, coludidos con sectores del Estado, continúan haciendo jugosos negocios y beneficiando también a banqueros mediante el lavado de dinero.
Sea que se preserven, se añadan o se eliminen aspectos progresivos de la Constitución de la CDMX, lo cierto es que en su elaboración y discusión no participó ningún representante de los trabajadores, y desde la conformación misma de la Asamblea Constituyente todo el proceso ha tenido un carácter antidemocrático, como denunciamos en su momento desde la candidatura independiente Anticapitalistas a la Constituyente, encabezada por el profesor Sergio Moissen y la maestra Sulem Estrada.
Más allá de las pugnas en las alturas por darle un carácter más progresivo o más reaccionario, la legislación de la Ciudad de México seguirá respondiendo, en esencia, a los intereses de los grandes empresarios.
