Congreso. El Senado debate la media sanción de la reforma judicial

El senado le dará este jueves media sanción al proyecto de la llamada “reforma judicial” enviada por el ejecutivo. La sesión especial solicitada por el Frente de Todos empezará a las 14.

Sectores de la derecha comenzaron una vigilia durante la tarde del miércoles en las inmediaciones del congreso para oponerse al proyecto. La convocatoria, a pesar de ser marginal, no estuvo exenta de agresiones a periodistas, como viene sucediendo en cada manifestación de este espacio político.

Los dirigentes de Cambiemos, si bien no se hicieron presentes en la esquina de Callao y Rivadavia, ya avisaron que no darán quórum. Desde la marcha del 17A tomaron esta discusión como eje contra el gobierno, así como antes fue Vicentín o en estos días la defensa de las empresas de telecomunicaciones.

Desde el oficialismo no se quedan atrás en esa carrera. Si la semana pasada Wado de Pedro y Santiago Cafiero habían salido a polemizar abiertamente con Macri, durante este fin de semana fue Alberto Fernández quien apuntó directamente al expresidente.

Es parte del clima electoral y la polarización que empiezan a intentar instalar de cara a las legislativas del 2021, mientras 5,5 millones de trabajadores fueron afectados por despidos, suspensiones y rebajas de salarios en lo que va de pandemia, la inflación cada vez golpea más al bolsillo y eso no aparece en la agenda de ninguno de los bloques.

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Con 40 integrantes -sin contar al tucumano José Alperovich, que se encuentra de licencia por las denuncias en contra suyo por abuso sexual-, el Frente de Todos no tendría dificultades para aprobar el proyecto de reforma judicial y girarlo a la Cámara de Diputados, donde la rosca y el poroteo serán más difíciles.

Patricia Bullrich, por ejemplo, dijo en una entrevista radial que, más allá de lo que pase en el senado, la reforma no se va a votar en diputados porque “ya está agotada en sí misma”. En el mismo sentido, María Eugenia Vidal aseguró que “no hay negociaciones ni acuerdos posibles” entre oficialismo y la oposición porque “están en juego valores fundamentales que defendemos como la independencia de la Justicia y la Corte Suprema”.

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Es una defensa de una casta judicial que nadie votó, que tiene privilegios intocables y que justamente esta “reforma” no se propone modificar. En los últimos años, en América Latina la llamada “justicia independiente” por los sectores políticos afines al macrismo estuvo a la cabeza de golpes institucionales, encarcelamiento de líderes políticos y proscripciones a distintos partidos sacándole el derecho a las mayorías a votar libremente.

De hecho, el proyecto del oficialismo dispone algunas modificaciones que no cambian la estructura del poder judicial. Por un lado, la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico Nacional, que pasarán a denominarse fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, a los 23 juzgados de este nuevo fuero se sumarán otros 23, totalizando 46, y a su vez se sumarán cinco tribunales orales a los 12 existentes actualmente entre ambos fueros.

También contempla la creación de nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales. A la vez, se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares. Además, contempla la creación de nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales.

El proyecto no afecta, por ejemplo, al poder monárquico de esa casta privilegiada que es la Corte Suprema. La forma en que son designados los miembros de la Corte, jueces y fiscales de todas las demás instancias inferiores seguirá siendo a través de la rosca entre los dos bloques mayoritarios del régimen político. Ello vale también para el Consejo de la Magistratura que elaborará las ternas, de las cuales el presidente de la Nación elegirá un candidato, el cual deberá ser aprobado por los dos tercios del Senado (compuesto sólo por las dos primeras fuerzas de cada provincia).

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Tan intacto queda el poder de la justicia con esta ley, que la propia Cristina Fernández de Kirchner aclaró este martes que no se trata de una reforma. En la misma línea José Mayans, presidente de bloque del peronismo en el Senado, dijo que “más que reforma, es un fortalecimiento de la justicia federal”. Según el oficialismo, sólo se trata de cumplir con el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires.

En el 2013, el kirchnerismo había presentado un proyecto de reforma judicial que, más allá de todos sus límites, disponía la elección popular de los jueces. Apenas el proyecto fue aprobado, el propio partido judicial vetó la ley. Hoy una respuesta de ese calibre no se ve ni de lejos. No parece necesaria.

La vicepresidenta plantea, en la carta que escribió sobre el tema hace unos días, que el Congreso es el único lugar donde se pueden dirimir estas cuestiones. Es parte de la discusión con Cambiemos por el Quórum, a nadie se le escapa. Pero en el camino de “exponer” al macrismo, lo que hace es borrar del mapa la lucha en las calles.

Las reformas que buscan favorecer a uno u otro sector de la casta judicial no van a terminar con un poder hecho por y para los dueños del país. La única forma de terminar con sus privilegios es enfrentándolos con la movilización de miles en las calles. Así fue cuando quisieron imponer el 2x1 para los genocidas en el 2017. Es el único idioma que entienden.

Fuentes de la oposición y del oficialismo aseguraron que la jornada se extenderá hasta bien entrada la noche ya que, además de este proyecto, los senadores debatirán dos proyectos de resolución presentados por el Frente de Todos para cubrir lugares en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, además de la autorización para el ingreso y salida de tropas para la realización de ejercicios militares.