El Senado dio media sanción a la reforma del Código de Faltas de Santa Fe, presentada por el Frente Progresista Cívico y Social. Avanzan en la imputación de jóvenes entre 16 y 18 años para las contravenciones.
Celina Tidoni Abogada del CeProDH Rosario
Viernes 11 de marzo de 2016
El senador radical Lisandro Enrico volvió al ruedo con sus proyectos regresivos en materia constitucional. Luego de haber intentado limitar las excarcelaciones y otorgarles más facultades a los jueces para dictar la prisión preventiva -medida que ante todo debería ser excepcional- hoy fue noticia nuevamente por una medida de más mano dura, envalentonado por un Gobierno Nacional que se caracteriza por retrocesos en cuestiones democráticas. Hace pocas semanas se aprobaba el protocolo antipiquetes para mantener a raya a los trabajadores que salen a luchar, encarcelaban a Milagros Sala y los empresarios adeptos a Cambiemos pretendían retroceder con la memoria de los desaparecidos. En ese camino va el Gobierno Nacional y allí lo acompaña el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS).
El legislador radical disparó serias declaraciones tirando por la borda años de Convenciones Internacionales sobre protección de los niños que el mismo Estado Argentino ha ratificado y hoy forman parte de la Constitución Nacional: “Los menores de edad deberán hacerse cargo de sus actos cuando destruyan, dañen o le generen molestias a terceros. Es insostenible en la sociedad actual que una persona de 16 o 17 años sea impune por tener esa edad y por ello no se haga responsable de los daños o molestias que ocasiona” arrojó.
Esta norma que quieren aplicar fue propuesta por los sectores más reaccionarios en diferentes momentos de la historia argentina y ha sido detenida gracias a los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones políticas que han salido a las calles para salvaguardar esta protección tan fundamental de las garantías individuales. “Tenemos que construir una sociedad con derechos, pero con deberes en donde se vuelva a restablecer el respeto y la sanción ejemplar para aquellos que dañen a terceros” agregó el mismo funcionario, que hipócritamente no dice nada respecto de la vida de los niños que sufren la violencia estatal o de los jóvenes que mueren en manos de la policía como Jonatan Herrera, Pichón Escobar y Franco Casco.
De aprobarse esta medida legislativa, los jóvenes que salgan a divertirse podrán ser alcanzados por contravenciones tales como Provocar intranquilidad pública o Perturbación de espectáculos públicos, medidas de este nivel de ambigüedad que serán evaluadas por el mismo Estado que las genera. ¿Una medida ‘progresista’ es cercenar las libertades individuales y aumentar el control social?
Abrir la puerta a este tipo de reforma legislativa es la antesala para avanzar en la imputabilidad en materia de delitos comunes, como lo dejó en claro Enrico en sus declaraciones: “Así como el Estado y algunas leyes les van dando derechos, como a votar, trabajar o educarse, también tiene que haber un correlato en cuanto a los deberes”. Sus palabras resultan indignantes. El legislador desconoce por completo la realidad de los niños que son confinados en el IRAR, en condiciones deplorables e inhumanas de vida, donde son maltratados y hasta asesinados por el propio estado como el caso de Fabián.
Los jueces de Faltas hoy tienen más poder con esta reforma, y por sobre todas las cosas, “inician” a los niños y jóvenes en una institucionalización, ingresándolos a los registros del Estado muy fácilmente. La Justicia aumenta así su poder poco a poco para decidir sobre las acciones de todos nosotros.
Además de esta medida, se reformaron aspectos de forma sobre la Ley de Faltas que tienen que ver con darle un carácter más acusatorio al proceso, con menos formalidades escritas y mayor oralidad. Al mismo tiempo incluye a las municipalidades y comunas en la acusación, y modifica el carácter de iniciación de algunas contravenciones, que de reformarse, pasarían a instancia privada.
Ahora el turno es de la Cámara de Diputados de Santa Fe, que va a dirimir el futuro de muchos jóvenes, de muchos niños, sobre los que se aplicará la fuerza del Estado como un primer paso hacia la criminalización que ya conocemos ampliamente en la provincia del gatillo fácil y la violencia institucional.
