Permite la anulación durante 120 días del programa de acogida a refugiados y podrá negar la entrada al país a aquellos individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense.
Lunes 26 de junio de 2017
A tono con el discurso xenófobo y antinmigración enarbolado por Donald Trump, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió la entrada en vigor de algunas partes de la iniciativa del presidente acerca del veto migratorio, destinada a prohibir la entrada de refugiados y de personas con nacionalidad de seis países de mayoría musulmana. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Trump se afirmó que "La decisión unánime de hoy del Tribunal Supremo es una victoria clara para nuestra seguridad nacional".
La decisión de los jueces implica que el Gobierno de Trump podrá negar la entrada a Estados Unidos de los individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado ya su ingreso en el país para asumir un puesto de trabajo, un paso más en la criminalización de los inmigrantes.
En un escrito de 13 páginas, los jueces determinan que Trump podrá prohibir el ingreso de los "extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos".
Por tanto, la decisión de los jueces permitiría que entrara en vigor una de las partes esenciales del veto migratorio: la anulación durante 120 días del programa de acogida a refugiados, quienes por definición están huyendo de sus países de origen y no tienen ninguna relación con Estados Unidos.
La otra parte esencial de la iniciativa de Trump, que seguirá parcialmente bloqueada, es la prohibición a la entrada a Estados Unidos para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
Trump tendrá que permitir la entrada a Estados Unidos de los ntivos de estos países que tengan familiares o contratos de trabajo pendientes en territorio estadounidense.
La semana pasada, Trump afirmó que la orden podría entrar en vigor en 72 horas si las cortes levantaban el bloqueo que había impedido su entrada en vigor y que fue dictado por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond, y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco.
Estos tribunales de apelaciones, una instancia inferior al Supremo, bloquearon la entrada en vigor de la orden porque consideraron que podría suponer un abuso de poder del presidente y por discriminar a los musulmanes como minoría religiosa, lo que podría violar la Constitución.
El Tribunal Supremo estudiará la legalidad del veto durante su próximo período judicial, que comienza el primer lunes de octubre de 2017 y terminará en junio de 2018.
