El juez del TSJC ha dictaminado abrir juicio oral contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, por delitos de prevaricación y falsedad documental. En estos días se tiene que decidir si Borràs deja sus funciones, o por el contrario se le aplica la suspensión desde la Mesa del Parlament.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Martes 26 de julio de 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha confimado hoy la apertura del juicio oral a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. La fiscalía la acusa de delitos de prevaricación y falsedad documental y pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación.
La decisión del TSJC cobra importancia porque según el reglamento del Parlament de Catalunya, un juicio oral que implique cualquier delito vinculado a una supuesta práctica de corrupción obliga a activar el artículo 25.4 que suspende de derechos y deberes al diputado o diputada investigado, como es el caso de Borràs. Y por tanto, lo mismo sucede con el cargo de presidenta.
Este artículo estipula que la Mesa del Parlament puede acordar la suspensión inmediata del diputado o diputada, sin que tenga que pasar ni por el pleno del Parlament ni por la Comisión del Estatuto de los Diputados.
En este sentido, tanto el PSC como la CUP han informado en diferentes ruedas de prensa que se tiene que aplicar el reglamento y que por lo tanto se tiene que activar el artículo 25.4, si antes Laura Borràs no ha dado "un paso al lado", según la formación cupaire. ERC le ha pedido a Borràs que sea ella misma quien pida la aplicación de la suspensión, y en caso de negativa, que se aplique también el 25.4.
Borràs hasta hoy ha defendido su inocencia y ha rehusado en todo momento suspender su actividad parlamentaría. No obstante, la misma presidenta del Parlament ha convocado para este jueves una reunión de la Mesa para abordar exclusivamente su caso, todo a sabiendas de que los demés partidos que forman parte de esta piden su suspensión ante el juicio que tendrá fecha a partir de septiembre.
Sin duda, las supuestas prácticas corruptas de Borràs no pueden sorprender a nadie. La formación política de la cual también es presidenta, JxCat, es heredera directa del pujolisme. Su partido proviene directamente de la vieja Convergència. Partido que tiene un enorme prontuario de casos de corrupción bajo la dirección de los “honorables” Jordi Pujol o Artur Mas.
Solo para recordar los más sonados se puede nombrar el caso Palau, el 3%, todas las sedes de Convergència embargadas, las ITV de Oriol Pujol o las cuentas del "pare Florenci" en Andorra. Escándalos con los cuales se han enriquecido durante años los representantes directos de Foment y el Cercle de Economia y que hasta no hace mucho contaban con la connivencia del Régimen del 78 y su Judicatura.
No obstante, ya desde antes del uno de octubre de 2017, el Régimen del 78, con la justicia española al frente, mantiene de pie una ofensiva de persecución y represión contra el movimiento democrático catalán y sus dirigentes. Lo vimos recientemente con el caso del espionaje del Catalangate o las más de 4.000 causas judiciales desde el referéndum mencionado en octubre de 2017. La judicatura lleva muchos años haciendo el trabajo sucio que necesita la Monarquía y el Régimen para liquidar definitivamente las aspiraciones democráticas del pueblo catalán.
Rechazar y enfrentar toda esta escalada represiva contra el movimiento democrático catalán pasa por no comprar ni el argumentario de los jueces luchadores contra la corrupción, ni tampoco la corruptela convergente que se quiere esconder detrás de la senyera para mantener la impunidad, como hizo tantas veces Jordi Pujol.
Frente todo esto, se vuelve más necesario que nunca retomar una gran movilización por la amnistía de todas y todos los encausados y por el derecho a decidir, desde una perspectiva de independencia de clase, es decir sin depositar ninguna confianza ni en la JxCat de Borràs ni en la ERC de Aragonés y la Mesa de diálogo que se retomará esta semana.
