El expresidente se encontraba preso tras ser condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad. La decisión del Tribunal se dio a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.
Martes 5 de diciembre de 2023 21:01
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este martes la liberación del expresidente Alberto Fujimori, que ocupó ese cargo entre 1990 y el 2000, que se encontraba preso tras ser condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad. La decisión del Tribunal se dio a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.
"Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori", dice el dictamen del TC. La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales.
El presidente del máximo tribunal, Morales, había afirmado unos días atrás que las autoridades debían "proceder a la excarcelación inmediata" de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la CorteIDH.
La sentencia del TC perite que se efectivice el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había expresado su preocupación ante una posible resolución del TC que llevara a la excarcelación de Fujimori. El organismo internacional ya en 2022 había establecido que "las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto ’por razones humanitarias’ en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta".
Con la decisión de liberar a Fujimori, el máximo tribunal peruano declaró fundado el "hábeas corpus" a favor de su indulto que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual. Si bien el tribunal dijo reconocer la gravedad de los delitos por los que fue condenado, destaca que se le concedió el indulto con fines supuestamente humanitarios en 2017.
De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, y el TC señaló que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad. Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, aunque a Fujimori todavía le faltaban varios años para cumplir su condena.
Organismos de derechos humanos y familiares de las victimas de la represión durante el gobierno de Alberto Fujimori se pronunciaron ante la decisión del TC. "Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente", expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los diez estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992. "El indulto de 2017 fue negociado" y calificó el fallo del TC como una "inaceptable decisión", agregó.
El expresidente Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los derechos humanos, como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras su "autogolpe" de Estado de 1992. Entre los crímenes de lesa humanidad durante su gobierno, que incluyó la represión a organizaciones sociales y políticas, también se encuentra haber esterilizado de manera forzosa o irregular a 236.000 mujeres durante su mandato.
La resolución del TC que otorga la libertad a Fujimori se da en el contexto de un Perú con un gobierno surgido de un golpe parlamentario y la represión a las protestas contra ese golpe. El actual gobierno de Dina Boluarte tiene como aliados a la bancada fujimorista en el Congreso. Pero no es el primero intento, en 2017 generó grandes movilizaciones. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las victimas de la represión ya están convocando a manifestarse para rechazar la liberación del exmandatario.
