Luis Rubio habla de la politización de la justicia con los tarifazos al tiempo que justifica la inacción de la fiscalía anticorrupción en la provincia.
Jueves 14 de julio de 2016 10:25
El pasado lunes se publicó en la Voz del Interior una entrevista al Vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Enrique Rubio, por la judicialización del tarifazo del gas.
Rubio analiza el tema bien calentito desde la ventana del primer piso del palacio de Tribunales I de Córdoba. Es un tema que no lo interpela: con sus $100.000 mensuales de sueldo no tiene problemas para pagar el gas. Además de que este asunto es competencia de la justicia federal, que tanto en esta provincia como en La Plata le dio la razón a los usuarios y suspendió la aplicación de los aumentos. En ambos casos, el Poder Ejecutivo recurrió el fallo y en Córdoba resta saber si le darán efectos suspensivos al recurso extraordinario.
Con medidas cautelares dictadas en tribunales de cinco jurisdicciones, el gobierno intentó acelerar los tiempos interponiendo un "per saltum" para que resuelva la CSJN, Corte Suprema de Justicia de la Nación, que esquivando el “per saltum”- que hubiera permitido resolver la incertidumbre de millones de familias más rápidamente-, y reuniéndose con Macri este martes, ha mostrado signos de hacia qué resolución irá por los recursos extraordinarios interpuestos. Asimismo se conoció que la CSJN, pidió varios informes, y teniendo en cuenta que son los últimos días antes de la feria en Buenos Aires, parece que la Corte no tiene apuro. No hay que ser un experto para saber que intentan bajarle la temperatura al conflicto esperando que llegue agosto. Una justicia que es sorda para los reclamos populares.
En la entrevista mencionada, el vocal del TSJ expresó algunas resonantes frases: “El peor enemigo de la democracia es el gobierno de los jueces…”, “… El estado pierde poder de acción y decisión…”. Sus palabras desnudan la relación carnal entre el poder político y la justicia, y el poder que tiene esta última casta, designada por los gobiernos de turnos, en este régimen que supura podredumbre de sus instituciones por todos los poros.
El Poder Judicial parece estar en el centro de la escena política nacional; no hay nota de diarios y medios de comunicación donde no se lo nombre. No sólo porque el tarifazo es un enorme problema de la población (llamado “error político” por el juez entrevistado) y se encuentra en sus manos; también por la ahora investigada escandalosa corrupción de los K. Desde abajo de las piedras aparecen jueces que estuvieron 12 años ciegos ante determinadas situaciones. Esta realidad lleva a Rubio a reconocer una realidad más que evidente a los ojos de la población, y es que “la justicia se encuentra politizada”; como si alguna vez hubieran gozado de “independencia”…
Rubio es consultado sobre los cuestionamientos a la fiscalía anticorrupción y lo que desfachatadamente contestó fue que no debe haber condenas porque los fiscales “no deben haber encontrado pruebas…” Como si en Córdoba no existieran los López, los Jaime, los Fernández…
Cínicamente, Rubio expresó que la justicia en el caso de los tarifazos, como en otros, es el “ultimo refugio de los ciudadanos”. Es un buen refugio para los empresarios, pues las causas de los miles de trabajadores que como último recurso acuden a la justicia para que se les redima algo de lo que se les roba de su trabajo, son causas que terminan durmiendo 5, 6 o 7 años en la sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia que él durante años presidió.
El vocal del TSJ habla livianamente sobre una cuestion tan importante como los tarifazos porque no es de su competencia, pero en cuestiones similares cordobesas, que implican un ataque directo al bolsillo del pueblo trabajador como las reformas a las leyes jubilatorias provinciales, han sido avaladas en su esencia por los fallos del TSJ.
Luis Enrique Rubio se atreve a hablar de “democracia”, cuando él mismo fue designado a dedo casi veinte años atrás por Ramón Mestre padre, aunque se lo conoce por su vínculo con el peronismo. Debiera comenzar por cuestionarse lo no democrático de su propia designación, y más cuando de acuerdo al perverso sistema de inamovilidad de los jueces, para poder removerlo, como en algunas instancias se ha pensado, debiera hacerlo por juicio político decidido por la unicameral, dirigida por sus amigos peronistas.
La justicia es utilizada por el poder económico-político en regímenes democrático burgueses degradados -como los latinoamericanos- para “resolver” situaciones de crisis, que no encuentran salida por los mecanismos institucionales tradicionales. En Argentina esta institución hoy tiene en sus manos resolver un problema acuciante para millones de argentinos, el tarifazo del gas, del que Macri no quiere hacerse cargo. Así, también, en situaciones extremas puede derribar presidentes, como el proceso de destitución a Dilma en Brasil, o como fue hace pocos años en Paraguay.
Apreciando esto, auguramos que el “error político” del tarifazo seguramente va a ser convalidado por esa corte suprema que a pocos meses del gobierno de los CEO´s ya ha dado acabada muestra de estar con el establishment. Ninguna esperanza se puede tener en las decisiones de quienes son designados (y no elegidos por el voto popular) por los mismos que aplican estas medidas, para desde otro poder del estado convalidar sus decisiones a favor de las empresas. Para hablar de democracia en el poder judicial, se debería comenzar por la elección directa de los jueces y que cobren lo mismo que un trabajador.
Por eso seguiremos impulsando la más amplia movilización de los trabajadores y sectores populares, así como la exigencia a los gremios de un gran paro nacional para enfrentar los tarifazos.
