El acuerdo alcanzado a toda prisa sobre la futura ley de vivienda para dar vía libre a los Presupuestos para 2022 implica un aldabonazo de Unidas Podemos a las políticas social liberales del PSOE en materia de vivienda. No hace ningún ataque a los sacrosantos derechos de propiedad de los grandes tenedores para poder atender la demanda social de vivienda digna a bajo coste, ni tampoco se vislumbra la creación de un parque de viviendas públicas urgente a costa de las viviendas en manos de la SAREB, los grandes bancos y fondos buitre. Es más, ni tan siquiera quedan prohibidos los desahucios para la población vulnerable.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Martes 5 de octubre de 2021
La ley de vivienda propuesta: un auténtico embrollo e inaplicable galimatías jurídico, a la derecha de la ley de la Generalitat catalana
El contenido de la futura ley acordada, según lo poco que ha trascendido de su contenido, se queda muy por debajo de las expectativas mínimas generadas por las líneas rojas que decía Unidas Podemos que no dejaría pasar. Quedándose incluso a la derecha de la aprobada por la Generalitat, que, aunque muy limitada, el Gobierno “progresista” tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Durante los últimos aproximadamente nueve meses, que ha durado todo el proceso de discusiones para cerrar una ley de vivienda, la primera en todo el periodo democrático, Unidas Podemos marcaba como elemento clave de la futura ley la limitación del precio de los alquileres , para evitar los procesos especulativos desatados, sobre todo como consecuencia de los fenómenos de gentrificación en las grandes ciudades y la nula intervención pública en el mercado de la vivienda para corregir los precios. Pero con unos planteamientos de partida muy limitados para resolver los miles de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional que se suceden día tras día, pese al denominado “escudo social”.
El planteamiento de Unidas Podemos para limitar el precio del alquiler acepta un precio de partida desorbitado que es el que pretende contener, tras decenios de especulación inmobiliaria. Precios que están muy por encima de las posibilidades reales del poder adquisitivo de grandes masas de población, sobre todo en un contexto de precarización y devaluación salarial de caballo, que fueron las medidas estrella con las que se hizo pagar la salida de la crisis de 2008 a las y los trabajadores. Además, sin plantear una limitación del precio real del alquiler, basado en un determinado porcentaje sobre el salario más común que no superara, por ejemplo, el 20% del mismo, para no ahogar los ingresos y condenar a la miseria a los más humildes.
El acuerdo de UP con el PSOE, siempre según lo que ha trascendido, tampoco establece la creación de un parque público de viviendas obtenido directamente de la SAREB, los fondos buitre y las entidades financieras rescatadas sobre la base de la expropiación sin indemnización por el Estado de estas viviendas. Es decir, se mantendrán los desahucios para la población vulnerable y sin alternativa habitacional.
Durante el debate entre el PSOE y Unidas Podemos, el ministro responsable del ramo de entonces, Ábalos, ya señaló que la vivienda además de un fin social era también un producto inversor, es decir, un bien especulativo. Y que, por lo tanto, más que limitar los precios del alquiler para garantizar viviendas a precios razonables a la población lo que había que hacer era primar con desgravaciones fiscales, que ni siquiera garantizaban el control de los precios, a los propietarios. O lo que es lo mismo, facilitar aún más la especulación y las ganancias de los grandes tenedores que son los que se llevan la parte del león de este negocio. Esa era la orientación de la parte social liberal del Gobierno.
El social liberalismo del PSOE no se ha bajado de esa moto con este pacto. En realidad, en el acuerdo sigue primando la orientación de no atacar de ningún modo y en ningún momento los derechos inalienables de los grandes tenedores de vivienda. Limitándose a establecer una serie de medidas más bien cosméticas e imposibles de llevar a cabo porque, entre otras cosas, dependen de la voluntad de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para su implementación. Lo que en la práctica y en casi la totalidad de los casos, las hará absolutamente inviables, tanto para las gobernadas por el PSOE como para las gestionadas por el PP.
Así, lo que ha trascendido de la ley y de manera resumida se limita a establecer una penalización a las viviendas vacías vía IBI -podrá crecer hasta un 150%- que depende de los ayuntamientos y ya el de Madrid ha dicho que no aplicará, pero solo para los grandes propietarios, aquellos que tengan más de 10 viviendas. También, según ha adelantado el presidente Pedro Sánchez, se establecerá una ayuda en forma de bono de 250 euros mensuales directos a los jóvenes de entre 18 y 35 años, con ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, para pagar el alquiler. Pero ya hemos visto lo que ha ocurrido con el IMV -del que solo se benefician un tercio de las familias previstas por el Gobierno-, teniendo en cuenta, además, que no solo los jóvenes tienen problemas para pagar los alquileres. Eso sí, las familias vulnerables también se podrán beneficiar del bono incrementándose en un 40%, algo difícil de creer cuando ni siquiera se implementan ayudas básicas para el pago de suministros básicos que impidan los cortes de luz y otros suministros esenciales a familias vulnerables y el IMV, como se ha señalado, está en el dique seco de su aplicación prácticamente.
Respecto a la cuestión estrella que es la limitación de los precios del alquiler, la limitación se hará tomando como referencia, no los salarios, sino en base a un índice de referencia, ya disparado y muy por encima del porcentaje del salario que se determina por expertos que se destine al gasto de vivienda. Y, además, solo a los grandes tenedores -que representan solo el 10%- y solo cuando el mercado de vivienda de la zona esté aún más tensionado de lo normal.
En concreto el índice es el establecido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana que se puso en marcha en el año 2020. Partiendo de que los datos fiscales son de 2018, por lo que no se recoge el tsunami económico sufrido tras la pandemia. Ese límite solo servirá para fijar el precio de las viviendas de las empresas con más de 10 viviendas, no superando así los precios de la zona, pero nunca bajándolos ni, sobre todo, ajustándose al valor real de los salarios. La cuestión es tan clara que hasta se tiene que dar la circunstancia de que los precios hayan escalado durante cinco años más de cinco puntos por encima del IPC y además que el precio medio del alquiler de la zona supere el 30% de los ingresos medios del hogar. Pero tienen que darse ambas juntas y, además, se parte de una media global en una zona determinada, no de la realidad concreta de las familias sobre su propio salario. Y solo para zonas tensionadas, claro está, cuando en realidad lo están todas respecto de los salarios.
Para colmo de males, se mantienen las primas y beneficios fiscales a los propietarios. Así, la idea de la ley es que en las áreas tensionadas se apliquen una serie de bonificaciones extraordinarias en el IRPF. Pasando del 60% actual al 70% si se cede el piso para alquiler social o se arrienda a una persona de entre 18 y 35 años. Y nada menos que alcanzará el 90% de bonificación si se baja el precio más de un 5% en zonas tensionadas. Si el dueño lo sube, puede hacerlo, tan solo pierde el 50% de la bonificación. Además, en las zonas tensionadas existe la posibilidad de la prórroga forzada del contrato, pudiendo subir, no obstante, el IPC. Un IPC que está disparado y muy por encima de las subidas salariales, 4% frente a un 1,6% de media, para los afortunados que tienen convenio.
Por último y para construir vivienda protegida, nada de confiscar los pisos de la SAREB, los fondos buitre o los bancos rescatados con 60.000 millones de euros tras la crisis financiera de 2008, sin indemnización y para crear un parque público de emergencia social. Sino que se limitan a obligar a una reserva del 30% de todas las promociones a realizar para vivienda pública. Todo en un país con un déficit de cientos de miles de viviendas públicas, tan solo el 1% del parque de viviendas es de carácter público. Y del 30% solo la mitad deberán destinarse a alquiler social.
Muy llamativo resulta que no se haya establecido ninguna medida concreta, según lo trascendido para dar por finalizada de una vez la lacra social de los desahucios de los más vulnerables y sin alternativa habitacional, teniendo en cuenta que esa mitad del 30% de la nueva obra, muy limitada, tardará algunos años en ser efectivo y la realidad actual es la de miles de desahucios que continúan incluso bajo la situación de crisis pandémica.
Un acuerdo que allana el camino a los Presupuestos 2022
El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de vivienda se ha hecho público a lo largo de la mañana de este martes. Con ello se supera un primer e importante escollo en la marcha para la aprobación de los Presupuestos para 2022, dado que permitirá presentarlos en plazo y con el aval de la totalidad del Gobierno. Algo que parecía que se podría haber alargado mucho más, teniendo en cuenta las diferencias expresadas en un tema tan espinoso como la ley de la vivienda, lo que podría haber dado al traste con las pretensiones de Sánchez para lograr la anhelada velocidad de crucero en la recuperación económica para el próximo año. Por lo que resulta vital para el Gobierno “progresista” aprobar cuanto antes unos presupuestos expansivos en gasto para 2022, nutridos por los fondos europeos y que van a regar sobre todo a las grandes empresas del IBEX 35, favoreciendo sus enormes beneficios y facilitando las inversiones, al ser las locomotoras de los grandes proyectos de inversión, para su adaptación a la transición ecológica y a la transformación digital. Todo ello a costa de la fatídica condicionalidad en materia de pensiones y ajustes laborales exigidos por Bruselas desde ya mismo para recibir los diferentes plazos de los fondos. Más los futuros recortes exigidos también desde la UE que vendrán para cumplir la disciplina presupuestaria, una vez termine la fiesta del gasto y arrancado el gripado motor económico como consecuencia de la pandemia.
Parece ser que el acuerdo sobre la ley de la vivienda se ha cerrado poco antes del Consejo de Ministros de este martes, por lo que no se pudo incluir en la agenda para su aprobación hoy mismo, con una negociación directa entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, tras la intensificación de los contactos durante las últimas horas. Ahora faltará para terminar de aprobar los Presupuestos superar una rémora no menor, pactar con el resto de los socios de gobernanza.
El acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de coalición para la aprobación de los Presupuestos, ha acabado con las diferencias en materia de vivienda y fiscalidad de las empresas entre los socios, y posibilitará que, aunque los Presupuestos no se hayan aprobado hoy en el Consejo de Ministros, si podrán validarse esta misma semana, el jueves, en una reunión extraordinaria. Y todo antes de que comience el congreso del PSOE que se iniciará el próximo día 15 de octubre. Por lo tanto, Pedro Sánchez logrará sus objetivos fundamentales y sale muy reforzado ante el próximo congreso de su partido en el que no tiene ninguna oposición. Por otro lado, se podrán cumplir los plazos previstos para lograr la aprobación de los presupuestos en el Parlamento antes de finalizar el año.
Mientras Yolanda Díaz, en su carrera para consolidarse como candidata electoral, continúa enviando señales reforzadas a sus posibles votantes futuros, de atesorar un talante negociador que no se arredra ante nada. Además del acuerdo de hoy, a Díaz la avalan una decena de acuerdos con la patronal y los sindicatos a costa de los derechos de los trabajadores. Todo un homenaje a la tradición reformista del eurocomunismo español -artífice y partero del actual régimen político- del que proviene.
Expropiar a los grandes tenedores, la única salida de fondo a la crisis de la vivienda
Esta ley consensuada por el “Gobierno progresista” no va a resolver los graves problemas de vivienda existentes en el Estado español, ni va a ayudar a afrontar los costes de alquiler para miles de familias, jóvenes y mujeres, más vulnerables, con contratos precarios y salarios de miseria. Para terminar con el drama de los desahucios y lograr viviendas dignas para todos hay que afectar los intereses de los grandes tenedores de viviendas: hay que hacer como en Berlín, donde tras una larga lucha del movimiento de inquilinos e inquilinas, se impuso la realización de un referéndum en el que más de un millón de berlineses votaron a favor de la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias. En concreto, la devolución de unos 240.000 pisos a la propiedad pública.
Te puede interesar: Más de un millón de berlineses a favor de la expropiación de las empresas inmobiliarias
Hay que seguir este importante ejemplo impulsando asambleas de inquilinos en lucha, la PAH, las organizaciones sociales y la izquierda sindical, llamando asimismo a las bases de los sindicatos “mayoritarios” CCOO y UGT, con movilizaciones en la calle, para imponer un referéndum en favor de un programa de emergencia que garantice la vivienda para todos.
Esto es: 1) Alquileres a precios asequibles en función de un coste de la vivienda con porcentaje no superior al 20% de los ingresos reales de las familias; 2) Expropiación sin indemnización de las viviendas de la SAREB, de los bancos rescatados en la crisis financiera, los grandes tenedores y los fondos buitre que especulan con las viviendas bajo gestión de los trabajadores y usuarios; y 3) Impulso de un parque público de viviendas bajo control de las y los inquilinos para terminar de una vez por todas con los desahucios y de la especulación de los alquileres.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
