El Gobierno prorroga el rescate de la patronal mediante los ERTEs y recetas de flexibilidad laboral con el visto bueno de CCOO y UGT.
Viernes 26 de junio de 2020
Foto: La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. EFE/Chema Moya
Los ERTEs ligados al Covid-19 se extenderán hasta el 30 de septiembre. CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han dado, tras varias negociaciones, el apoyo unánime a la propuesta del Ejecutivo. La prórroga va acompañada de medidas de flexibilización laboral, exenciones fiscales y la negativa a grabar un solo euro más a las grandes empresas. Podemos renuncia así, una vez más, a una de las propuestas de su acuerdo de gobierno con el PSOE. La medida, más allá de todo atrezo progresista, cuenta con el apoyo del PP y Cs, y responde a las recomendaciones de la Comisión Europea y el FMI.
Las discrepancias iniciales de CEOE y Cepyme no se deben a que los ERTEs vayan en contra de los intereses de las patronales, sino a la pugna con el Gobierno por la cuantía de las exenciones en cotizaciones a la Seguridad Social de las que se seguirán beneficiando los empresarios durante la prórroga. La patronal exigía y exige mayores exenciones fiscales. En una declaración conjunta han anunciado que han acabado apoyando la propuesta final porque “presenta importantes avances respecto a la propuesta inicial”. Sin embargo, ¿cuáles son estos “importantes avances?
A cambio de la reducción de las exenciones, la ministra de trabajo ha incrementado la “discrecionalidad empresarial”, esto es, ha posibilitado la imposición unilateral por parte de los empresarios de reducciones de jornada y modificaciones de condiciones a los trabajadores. Un ejemplo de esta “discrecionalidad empresarial” son las que tienen lugar con la recuperación de las dos semanas de paralización de actividades no esenciales a través de cambios de horarios “negociados” individualmente entre empresario y empleado (con la consiguiente mayor vulnerabilidad por parte del asalariado y la ausencia de formas de negociación colectiva) y de la suspensión de permisos y vacaciones.
Ahora esto se refleja en la posibilidad de “rescatar” trabajadores de los ERTEs en las siguientes semanas obligándolos a reducciones de jornadas y salario. Mientras tanto, subsidios como los 600 euros para los autónomos sin actividad o el ingreso mínimo vital resultan insuficientes y llegan con demora. Como ya hiciera anteriormente, la burocracia sindical, lejos de representar a sus bases, ha apoyado a la patronal y ha firmado la propuesta. Su subordinación a CEOE y Cepyme la han calificado como “diálogo social”.
La incomodidad inicial de los empresarios se debía a que la propuesta de Yolanda Díez suponía ir reduciendo la cobertura de las cuotas a la Seguridad Social que el Estado cubre actualmente para los trabajadores afectados por un ERTE. Lejos de esto, la patronal se decantaba por pagar el mínimo porcentaje posible de la Seguridad Social. La propuesta final y el regateo previo les ha hecho acabar aceptando estas condiciones.
La propuesta del ejecutivo establece que, en función del número de trabajadores, la cobertura iría bajando del 75% al 25% hasta septiembre. Para que la patronal aceptara la propuesta ha sido también importante la incorporación de que, en caso de rebrotes del virus, se mantenga una cobertura del 80% en el caso de las compañías con menos de 50 trabajadores y del 70% en el caso de las que tienen más de 50 empleados. Asimismo, el acuerdo establece que los ERTE de fuerza mayor total hoy vigentes tengan una exoneración en las cotizaciones empresariales del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores. Para las empresas con más de 50 empleados la exención será del 50%, del 40% y del 25% en los siguientes meses. Los ERTE de fuerza mayor parcial y los de causas objetivas, mantienen las exoneraciones del 60% para los trabajadores que vuelven a la actividad y del 35% para los que siguen con el empleo suspendido en las empresas de hasta 50 empleados. Para las que tienen más de medio centenar de empleados, las exenciones serían del 40% y del 25% para ambos casos.
El Estado continúa, de esta manera, subvencionando y rescatando a las grandes empresas sin grabarlas un solo euro, mientras deja en la estacada a trabajadores y pequeños autónomos que tendrán que pagar en un futuro cercano estos rescates en forma de impuestos y reformas estructurales. A pesar de esto algunos políticos y periódicos como “El Economista” han calificado la medida como una prórroga “con trampas” para los grandes empresarios. Sin embargo, las patronales ya han manifestado su voluntad de volver a sentarse con el Ejecutivo y los burócratas sindicales para volver a alargar los ERTEs hasta el 31 de diciembre.
Hasta el momento, el Estado ha desembolsado 25.000 millones en el rescate directo de las grandes empresas, pero espera poder desembolsar otros 140 mil en los próximos años. A esta factura se le suman los 100 mil millones en avales públicos a créditos a empresas. Los millones de euros que no entran por la caída de actividad y los miles de millones con los que el gobierno rescata de forma indirecta a las empresas y la banca a través de estas políticas se sustentarán mediante el incremento de la deuda pública por encima del 120%, así como con el acceso a las subvenciones y créditos del Banco Central Europeo, ayudas europeas condicionadas a reformas estructurales y ajustes neoliberales en materia de pensiones y empleo.
Frente a una política que mantiene la precariedad y el desempleo para millones, mientras se rescata y subvenciona a las patronales, será necesario oponer más y más organización en los lugares de trabajo.
