Anuncio. El ajuste a los jubilados sigue, el subsidio a empresarios que suspenden y hambrean también

Para los grandes empresarios no hay ajuste. El gobierno nacional decidió extender el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a las compañías que será dividido en dos áreas: a las zonas del país que siguen con el aislamiento obligatorio, donde la ayuda será con un tope de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles ($ 33.750); y las que tienen distanciamiento social, donde el tope será de hasta un salario mínimo vital y móvil ($ 16.875).

La ayuda del Estado será para los salarios de junio, y no se restringirá según la cantidad de empleados o sus actividades como se había evaluado. Es decir, que las grandes empresas podrán seguir cobrar el beneficio.

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El Gobierno aclaró que las actividades críticas, como las vinculadas al turismo, la hotelería o la cultura, cobrarán igual el subsidio aunque se encuentren en zonas de distanciamiento social.

Además, se prorrogará también un mes más los créditos a tasa cero para los contribuyentes monotributistas y autónomos.

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El anuncio lo hizo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, al finalizar la reunión de Gabinete Económico que se realizó este miércoles.

Aguinaldo en cuotas y recorte de jubilaciones

Según un informe realizado por Cifra el ATP representa la mayor parte del esfuerzo estatal y alcanza un 62,3 % del total. Hasta el momento se inscribieron al programa 450 mil firmas.

Grandes empresas como Techint, Volkswagen, Mercedes Benz y Clarín recibieron el beneficio del Estado.

Compañías que es muy dudoso que tengan pérdidas. Incluso algunas fugaron dólares durante el Gobierno anterior. Cuando se reveló la ayuda que recibieron los “miserables”, el Gobierno dispuso condiciones para cobrar el subsidio: “no distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, no comprar acciones directa o indirectamente, no realizar operaciones que impliquen la compra indirecta de divisas o su transferencia en custodia al exterior y, por último, no realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación” detalla el informe de Cifra.

Tras los nuevos requisitos, alrededor de 300 empresas devolvieron la ayuda, se ve que preferían seguir fugando sus dólares y distribuyendo sus ganancias. ¿Y la crisis? parece que su situación no era crítica.

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El trato que reciben las grandes patronales es muy diferente al que reciben los jubilados y pensionados o los trabajadores estatales.

En el caso de las jubilaciones el Gobierno prorrogó hasta fin de año la suspensión de la fórmula de movilidad previsional, y los aumentos en los haberes se establecerán por decreto hasta fin de año. Lo que viene sucediendo este año es que las subas están por debajo de lo que hubiesen recibido los adultos mayores por la ley de movilidad.

Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el Gobierno se ahorrará $ 34.000 millones (0,11 % del PBI) entre enero y agosto gracias a la suspensión de la ley de movilidad y los incrementos discrecionales. El cálculo se realizó sin incluir posibles bonos por decreto.

En el caso de los trabajadores estatales, al igual que en muchos sectores privados, se postergó la discusión paritaria cuando el poder adquisitivo cayó más del 30 % desde noviembre de 2015. Hay salarios de los empleados públicos que rondan los $ 20.000 cuando la canasta de consumos mínimos estimada por los trabajadores del Indec ya alcanzó los $ 68.204 a fines de mayo. También el Gobierno anunció que pagaría en cuotas los aguinaldos de un sector de los trabajadores estatales, dando un aval para que las patronales en el sector privado sigan el mismo camino.

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Tampoco hay que olvidarse de los más de cuatro millones de trabajadores precarizados que fueron excluidos del Ingreso Familiar de Emergencia.

Las prioridades del Gobierno están a la vista, los “miserables” seguirán recibiendo beneficios. Es necesario un programa de otra clase ante la crisis con medidas de emergencia como el impuesto a las grandes fortunas que permitiría ampliar la ayuda a los trabajadores precarizados, entre otras.

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