Crisis Política. El antejuicio a la Fiscal General y el bonapartismo de Maduro

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, convertida en la principal figura de confrontación para el Gobierno de Maduro, estuvo este martes al borde de su destitución y de ser enjuiciada en un proceso iniciado en el Tribunal Supremo de Justicia luego de un fuerte distanciamiento del gobierno de Maduro.

La fiscal general es la expresión más notable de las grietas que ha tenido el chavismo de más alto rango y que se ha opuesto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro. De allí los mayores aprestes que ha tenido el gobierno para buscar sacarla del juego político, pero ha llegado tarde en esta tentativa.

A estas alturas, Luisa Ortega Díaz se ha transformado en una de las figuras más emblemáticas que ha surgido en estos tres meses de la escalada política de la crisis, y no es para menos, fue la figura que se atrevió a decirle a Maduro que con la decisión del TSJ de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional se “rompía el hilo constitucional”, obligando al propio TSJ y al gobierno en retroceder parcialmente con las sentencias 155 y 156 que había emitido el órgano judicial.

De allí en más, para la fiscal general la suerte estaba echada, para bien o para mal, pasando a ocupar en cada momento el principal inconveniente para el gobierno de Maduro, y un punto que la oposición de derecha aglutinada en la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) buscó aprovechar. Pasó de poner en entre dicho tales sentencias judiciales a pasar a confrontar la política de Maduro del llamado de la Constituyente así como el abierto cuestionamiento el papel de los cuerpos represivos y sus principales figuras, incluso a hacer comparecer en calidad de imputado, al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el Mayor General Antonio José Benavides Torres, y al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), recién ascendido a General en jefe del Ejérctio, Gustavo González López, por la “presunta comisión” de "violaciones" a los derechos humanos durante la ola de manifestaciones que atraviesa el país.

Además, la fiscal había solicitado la impugnación de la elección de 33 magistrados del TSJ por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, del que ella forma parte, y en coordinación con la Cámara, en ese momento en manos del chavismo.

Pero el gobierno no se quedó de brazos cruzados, así, mediante una reunión y resolución exprés, el pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el 20 de junio una solicitud para determinar si hay méritos para llevar a juicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, solicitado por el diputado del chavismo Pedro Carreño, que incluía incluso la solicitud de medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y el congelamiento de sus bienes, lo cual terminó siendo sentenciado por el TSJ.

El objetivo de Maduro sacarla de juego, luego de que tomara distancia del gobierno expresando la grieta más importante que ha tenido el chavismo. Como era de esperarse la fiscal general salió en ese momento al encuentro de la decisión del TSJ, pidiendo estar alerta "porque es la muerte del derecho, la muerte del estado de derecho, la pérdida de las instituciones y quizás se está cerrando la última puerta que queda de la democracia que es el Ministerio Público". Señalando que este tipo de acciones como las iniciadas por dirigentes chavistas para llevarla a juicio no tendrían cabida si en el país se respetara la Constitución”, agregando que en Venezuela "se ha desmantelado el estado de derecho, se ha venido abajo, estamos más bien en un estado de terror".

Luego el gobierno de Maduro pasó entonces a buscar la anulación de la Fiscal, avanzando, vía el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), buscando hacer pasar las atribuciones a la Defensoría del Pueblo que serían de competencia de la Fiscalía General, para luego, en una vía exprés, buscar abiertamente su sustitución. Se llegó de esta manera, a que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebrara este martes la audiencia oral para evaluar la solicitud de "antejuicio de mérito" y determinar si existen elementos para enjuiciar y separar de su cargo a la titular del Ministerio Público por haber supuestamente incurrido en una "falta grave" en el desempeño de su cargo.

Para los acusadores, los señalamientos contra la fiscal, que se negó a presentarse a la audiencia, son de carácter "ético y moral", por impugnar la designación de una treintena de magistrados que componen el máximo tribunal, el mismo que hoy debe juzgarle, por supuestas irregularidades cometidas en su elección. La acusación fue hecha ante el pleno de los magistrados por el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas "faltas graves" en el desempeño de sus funciones.

Este diputado acusó a Ortega de "ponerse en antagonismo con el Poder Judicial" y "con el Poder Ejecutivo", después de que la funcionaria recriminara al Tribunal Supremo haber roto "el hilo constitucional" . El fundamento de la acusación de los chavistas contra su exaliada se sustenta en que esos magistrados fueron elegidos en un proceso que contó con el aval del Ministerio Público, y que ahora Ortega niega, por lo que se le acusa de "mentir". Es de destacar que el chavismo siempre ha colocado a Pedro Carreño para jugar en el terreno de los juegos sucios, un escenario en el que Carreño parece sentirse cómodo.

Como ya era cantado, el presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Maikel Moreno, informó que la decisión sobre el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general será anunciada en un plazo de cinco días. En simultáneo, el Supremo ha allanado el terreno para una eventual salida de Ortega con la destitución de su actual vicefiscal, Rafael González, y designando en su lugar a Katherine Harrington, una exfiscal y exviceministra del Gobierno de Maduro. La Asamblea Nacional, controlado por la MUD pero cuyos actos son considerados nulos por el Ejecutivo y por el TSJ, ratificó a González, dejando un escenario con dos vicefiscales.

Como era de esperarse, Luisa Ortega Díaz no asistió a la audiencia en el Tribunal Supremo por considerar que el proceso que se ha abierto en su contra es una violación de la legislación con el objetivo de anular al Ministerio Público. "Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso, por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia", dijo desde la sede de la Fiscalía. Asegurando también que no iría a "convalidar un circo" que teñirá la historia de Venezuela de "vergüenza y dolor" pues la "decisión está cantada" por lo que reiteró: "No los reconozco".

La fiscal general opinó que este proceso iniciado por el Tribunal Supremo, acusado por la oposición de servir a Maduro, deja abierto el camino para "aniquilar por vías violentas el descontento popular". Es de recordar que la fiscal general es la misma que en 2014 impulsó centenares de investigaciones contra opositores por las protestas antigubernamentales de ese año lideradas, entre otros, por Leopoldo López, que cumple actualmente una condena de casi 14 años en una cárcel.

Es más claro y evidente de cómo avanza el gobierno de Maduro en la concentración de poderes y un mayor autoritarismo, en otras palabras en una mayor bonapartización, ahora dando un paso más en buscar en destituir a la fiscal general y designar a un representante en el Ministerio Público a alguien que le sea funcional a sus intereses. Pero Maduro no juega solo en su carácter bonapartista, o en otras palabras, el papel que antes jugaba Chávez como el hombre fuerte que buscaba arbitrar por encima entre la clases, ahora es ocupado por toda una camarilla que incluye a una alta burocracia estatal y militar, pero este papel lo juegan en plena crisis. En este contexto de debilidad, el régimen del chavismo no tiene fuerzas para ofrecer otras alternativas que su endurecimiento.

Frente a esto es que toma cuerpo la política de la oposición derechista de la MUD, con su “referendo” de y su llamado a “un nuevo gobierno” como un nuevo embauque al pueblo trabajador. Si Maduro, con su farsa de Constituyente busca mantenerse a como dé lugar en el gobierno, la oposición lanza una nueva política demagógica de referendo que no es más que un nuevo engaño a los trabajadores. Hacia este objetivo, la fiscal general le es funcional, le da un fuerte aire a esta política de la oposición, ya que empalma claramente con el discurso que viene llevando Ortega Díaz, cargado de llamados a la “defensa de la Constitución”, y para la MUD el país “reclama unidad de todos para defenderla, aquí estamos para hablar de una misma idea, la unidad de Venezuela”.

Hay que decir claramente que tal como hace Maduro hoy y toda la burocracia que buscan perpetuarse en el gobierno con su farsa de Constituyente hecha a su media y violando incluso las propias leyes que el chavismo ha levantado, la oposición impulsa una política cargada de toda una demagogia de democracia, pero que esconde sus claros fines de clase dominante, una nueva forma de embaucar al pueblo trabajador.

Como hemos venido insistiendo, es más que claro que en esta pelea ni el gobierno Maduro ni la oposición aglutinada en la MUD representan los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre. Si por un lado, Maduro con un bonapartismo mayor, con su política represiva y antiobrera viene avanzando en fuertes medidas de ajuste, la oposición opone al fracaso del chavismo un recetario de medidas neoliberales y de profundización de la dependencia, que incluye privatizaciones, mayor penetración del capital imperialista y sacrificio de derechos de los trabajadores. Por eso se hace más necesario que nunca pelear por una salida política independiente de los trabajadores y el pueblo pobre.