Entre continuidades y novedades está el contenido del borrador constitucional escrito por el Consejo de Expertos. Todos designados por los partidos parlamentarios acordaron durante fines de mayo un anteproyecto que sirve de marco para la nueva Constitución. En un proceso totalmente anti democrático y controlado completamente por los partidos tradicionales el borrador establece continuidades en materia de concesiones a privados, el régimen semi presidencial, nuevas disposiciones morales novedosas y la declaración de Chile como “Estado social de derecho”.

Con 14 capítulos y 215 artículos, la Comisión Experta (designados por los partidos actualmente en el parlamento), despachó un anteproyecto de Constitución que ahora pasará a las manos de los 51 consejeros constitucionales. Este órgano tendrá la facultad de agregar, modificar o eliminar su contenido pero deberá reunir un quórum de ⅗ para hacerlo.

¿Cuál es su contenido? Economía, moral y régimen

Según Ana María Sanhueza, columnista de El País, el borrador mantiene las tradiciones constitucionales de Chile. La principal modificación o novedad sería la frase “Chile es un Estado social de derecho” elevando además a rango constitucional el derecho a la vivienda, a la salud y a un medio ambiente sin contaminación. Eso mientras reconoce además el derecho a la propiedad privada, la inversión extranjera y las concesiones a empresas (principalmente mineras) privadas para explotar bienes nacionales. En educación y otros derechos sociales se permite crear establecimientos con fines particulares para entregar servicios sociales. Junto con la responsabilidad fiscal o “responsabilidad” financiera, los principios del neoliberalismo: una economía para los grandes empresarios, quedaron totalmente en pie.

La otra novedad, menos auspiciosa, es la incorporación de normas de tipo morales como “el deber constitucional de respetar Chile” y “honrar a la patria y sus tradiciones republicanas”.
Sumado al “deber constitucional de respetar a los padres”. Le sigue el deber de “cumplir con cargas tributarias” (pagar impuestos) y votar obligatoriamente en las elecciones periódicas. Esta visión paternalista del Estado estuvo presente hace 200 años en 1823 con la Constitución moralista escrita por Juan Egaña: un catálogo de “moralidad nacional” que sería vigilada por el Congreso de Nacional. Ninguna de las Constituciones latinoamericanas incorporó leyes de este tipo. Por un par de años Chile sí las tuvo. Y parece que hoy 200 años después los partidos instituidos en el poder desean reponer. El respeto a la filiación, es decir respetar en todo momento y en todo lugar al padre progenitor introduciría lógicas sólo presentes en sociedades altamente conservadoras y autoritarias.

Se declara en este borrador que el terrorismo es contrario a la democracia y los derechos humanos, sin definirlo ni delimitarlo. Una clara herencia pinochetista. El régimen quedó en un semi presidencialismo. Con un Ejecutivo gobierno y administración del Estado, un poder Legislativo compuesto otra vez por una cámara de Diputados y un Senado y un Poder judicial con una Corte constitucional con facultades de tercera cámara. No habrá escaños reservados para pueblos originarios y la nación es “indivisible” aunque reconoce que la nación chilena está compuesta también por pueblos originarios. Incorpora mecanismos atenuados de participación ciudadana como la iniciativa popular de ley y la iniciativa para derogación de leyes. El sistema de partidos es restrictivo. Sólo pueden ser partidos legales aquellos que hayan obtenido más del 5% del padrón electoral como promedio en todas las circunscripciones donde compite. También un parlamentario que renuncia a su partido político pierde automáticamente su escaño (una medida anti díscolos).

Se trata de un marco para que se geste una Constitución de caracter neoliberal, moralista conservadora y semi presidencial con evidentes restricciones a la participación democrática. Es una versión contraria al borrador de Constitución al que llegó la ex Convención Constitucional en 2022.

El itinerario del fraude

Desde el 7 de junio los miembros del Consejo Constitucional tendrán 6 meses para votar o modificar este marco constitucional. Los ciudadanos definirán en un plebiscito de salida el 17 de diciembre si aceptan o rechazan la nueva propuesta de Constitución.

Según la encuesta Cadem un 45% de los chilenos votará en contra de del futuro proyecto del Consejo Constitucional, un 35% aprobaría. El Consejo Constitucional está dominado por las fuerzas del Partido Republicano, la derecha tradicional como la UDI y RN, la ex Concertación y en minoría los consejeros del PC y el Frente Amplio.

Este proceso trucho es la culminación del pacto por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 cuando los partidos del parlamento decidieron salvar a Piñera del abismo en medio de la rebelión de octubre. En esta nueva versión poseen el total control sobre lo que se escribirá. A los trabajadores no queda otra opción que rechazar al Consejo Constitucional y movilizarse para imponer una autentica Asamblea Constituyente libre y soberana.