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Red Internacional
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Nota De Tapa. “El aparato de espionaje sigue intacto”, denuncia la izquierda

Dictamen en minoría del Frente de Izquierda en el Congreso: “Bajo el fastuoso título de "disuelven la ex SIDE", se pretenden realizar cambios cosméticos para mantener una estructura estratégica del Estado por parte de los sucesivos gobiernos militares y constitucionales para espiar e infiltrar a las organizaciones de trabajadores, populares y de la izquierda, y a los opositores de turno de tal o cual gobierno mediante el sistema de "carpetazos". Llaman a marchar el 24 de marzo y denuncian que un ex SIDE, Darío Richarte, hoy es máxima autoridad de la UBA.

Jueves 26 de febrero de 2015

Intervención de Nicolás del Caño en rechazo a la Ley de Inteligencia - YouTube

La guerra de servicios se recalentó esta semana con la denuncia oficial del nuevo jefe político del espionaje nacional y popular, Oscar Parrilli, contra el espía “Jaime” Stiuso por contrabando. La pregunta es de manual: ¿ahora se dan cuenta? Como en el viejo chiste de Landriscina que ante una comisaría con las paredes llenas de “buscados”, alguien pregunta ingenuamente: ¿Por qué no los agarraron cuando le sacaron las fotos?

El costado novelesco de la trama continúa. El agente Stiuso, después de declarar citado por la fiscal Viviana Fein el mismo 18F, se fue del país porque, asegura su abogado, “teme por su seguridad”, al tiempo que se difunde que en su declaración aumenta la duda si Nisman se suicidó o fue asesinado. A esta altura, la muerte de Nisman es un botín en disputa entre los bandos capitalistas enfrentados y la víctima de ambos es la verdad.

Pero hay una “cuestión de Estado” sobre la que ambos campos se apresuran en poner un punto final: que no se cuestione más la existencia misma de los servicios de inteligencia.

El kirchnerismo convivió e hizo uso y abuso de los servicios de inteligencia heredados de la dictadura militar. El presupuesto gastado en espionaje por “la década ganada” es exorbitante: más de $8.000 millones para los ministerios de Defensa y Seguridad, comandados por Berni y Milani. La oposición tradicional, que en muchas provincias es gobierno, hizo exactamente lo mismo.

En una sesión maratónica del Congreso en la que finalmente, entrada la noche, se trató el proyecto oficial de reforma de la Ley de inteligencia, el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) denunció que "el proyecto del Gobierno es una estafa porque deja en pie todo el andamiaje del nefasto sistema de inteligencia que hay en la Argentina, y la Agencia Federal de Inteligencia se crea sobre la base de la casi totalidad del siniestro personal de la ex-SIDE y manteniendo secretos todos los archivos de la dictadura y del atentado a la AMIA. Está claro que la AFI va a suplantar a la actual Secretaría de Inteligencia en el manejo del entramado de los distintos aparatos de inteligencia, que se van a mantener incólumes luego de la sanción de este proyecto de ley. Nosotros les preguntamos: ¿cuántos Stiuso hay en la Secretaría de Inteligencia y van a pasar a la AFI? ¿Por qué la negativa a abrir los archivos que la ex-SIDE conserva desde la dictadura militar?".

Además, Del Caño adelantó que planteará que “hay una gran hipocresía por parte del oficialismo en esta discusión, porque durante estos doce años el Gobierno mantuvo a salvo e hizo uso del mismo aparato de inteligencia para los mismos fines que lo usaron todos los Gobiernos anteriores. Los ’Proyecto X’ que denunciamos desde la izquierda siguen en pie, mientras que el genocida Milani tiene cada vez más poder”. Tampoco se olvidó Del Caño de la oposición mayoritaria al recordar que “también hay una enorme hipocresía por parte de la oposición: Mauricio Macri está procesado por haber montado una red de espionaje paralela, Sergio Massa tiene como jefe de campaña a un ex -agente de la SIDE durante la dictadura militar, y el radicalismo utilizó los fondos de la ex-SIDE durante el Gobierno de De la Rúa para sobornar en el Senado y votar la ley de flexibilización laboral”.

Con estos y otros fundamentos, el diputado de izquierda presentó un dictamen de rechazo, donde también se plantea "la necesidad de poner en pie una comisión investigadora independiente que tenga plenos poderes y presupuesto acorde a su monumental tarea, compuesta por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, por personalidades de moral intachable y sin la presencia de miembros de partidos políticos comprometidos con el encubrimiento y la impunidad. Los archivos sobre el atentado a la AMIA deben ser abiertos y desclasificados en forma irrestricta y puestos a disposición de dicha comisión. Por eso presentamos un dictamen de minoría rechazando el proyecto oficial".

El bloque oficialista defendió el proyecto como un paso en la transparencia de los servicios de inteligencia y la oposición tradicional se limitó a reclamar “controles institucionales y parlamentarios” sobre los espías, pero en última instancia promete que esta ley será derogada en pocos meses si el poder cae en sus manos. De una u otra forma no hay cambios sustanciales de lo que ha dejado al descubierto la crisis política que desató la muerte del fiscal Nisman: los servicios de inteligencia seguirán siendo un recurso permanente del régimen político y el Estado, sea quien sea quien gobierne.

Una denuncia a tener en cuenta es la que hacen los centros de estudiantes de izquierda de la Universidad de Buenos Aires sobre la pertenencia en el pasado del mismísimo vicerrector, Darío Richarte, a estos servicios de “los sótanos de la democracia” como número 2 de la ex SIDE, nada menos, y actualmente en funciones entre las máximas autoridades académicas de la UBA.

El Frente de Izquierda, decenas de organizaciones sociales y de los derechos humanos independientes anuncian que este 24 de marzo, aniversario del golpe militar en el que estuvo implicado el actual jefe militar del kirchnerismo, César Milani, es una oportunidad para ganar la calle en nombre de todos y todas las que no quieren caer en la trampa de la polarización de uno y otro bando, que institucionalizan el espionaje estatal y conservan la relación de los servicios con la casta judicial para perseguir a los opositores, los trabajadores que luchan y la izquierda.