PODER ECONÓMICO. El “aprovechamiento privado” del agua en Chile

En el Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de Chile se establece el “derecho de propiedad [poseer cosas] sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Este derecho es parte de una lista bastante expresiva del signo autoritario de la fundación neoliberal: un ejemplo más, el N°1 del mismo Artículo 19 establece que “la ley protege la vida del que está por nacer”, cuestión que en Chile fue la justificación para oponerse al aborto. El Artículo 19 de la Constitución bien podría titularse un Chile a imagen y semejanza de Jaime Guzmán y la Iglesia.

El Código de Aguas -otra de las herencias de la dictadura pinochetista que rige desde 1981- señala en su artículo 5 que las “aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código.”

Aunque la reforma al Código de Aguas de 2016 terminó con el aprovechamiento “a perpetuidad” -al menos “en el papel”-; el negocio con los recursos hídricos continúa a diestra y siniestra. Según una investigación que publicó CIPER en febrero de 2017, “el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.”

Cuando en las páginas de este medio hablamos de un “poder de clase” en Chile nos referimos a las familias que controlan esas empresas agropecuarias, mineras, sanitarias o eléctricas. Esos sectores nacionales y extranjeros están acostumbrados a obtener ganancias multimillonarias a costa del bienestar de comunidades y sectores populares. Son la clase dominante de este país, la misma que financia a Chile Vamos y los restos de la Nueva Mayoría.

En un artículo de El Mostrador publicado el 2016 leemos: “Según el Reporte del Estado del Medioambiente 2015, del Ministerio de Medioambiente, la demanda de agua excede a la oferta disponible entre las regiones de Arica y Metropolitana; vale decir, la presión sobre las aguas en más de la mitad del país es sumamente alta. De hecho, en regiones del sur del país, como La Araucanía o Los Ríos, la situación hídrica asociada a la presión del monocultivo forestal ha generado déficits hídricos crecientes, afectando la pequeña agricultura y el consumo humano. Asimismo, según el Informe de Desempeño ambiental de Chile 2016, elaborado por la OCDE, los crecientes estados de emergencia hídrica y agrícola para diversas comunas del país acarrean un creciente gasto para los municipios afectados.”

En este mismo Reporte, en su versión 2017, encontramos datos que evidencian el camino hacia el cual nos lleva la gestión privada del agua: “Cerca del 73% de los embalses presentan un déficit respecto a su capacidad máxima y a su promedio histórico. Entre ellos se encuentran los 5 embalses con mayor capacidad” (p. 116). “De acuerdo a los datos de la Dirección General de Aguas, la mayoría de los caudales a nivel nacional, se encuentran por debajo del promedio histórico. Destaca el caso del Río Maule en Amerillo, debido a que el caudal promedio del año 2016 se encuentra muy cerca de su caudal mínimo.” (p. 118)

Si el calentamiento global -en tanto punto de partida en el análisis de un fenómeno como la reducción de los caudales y embalses- es un resultado de la anarquía de la producción capitalista, indudablemente la gestión capitalista del agua en Chile agrega un ingrediente de irracionalidad mayor. Por eso resulta realmente irrisorio cuando un medio como El Diario Financiero publica un artículo con el llamativo título “Los retos empresariales para lograr una gestión sostenible del agua”.

Después de reproducir afirmaciones de personajes como Manuel Baurier, director de operaciones de Aguas Andinas, o Juan Pablo Schaeffer, intenta plantear la conclusión de que acciones como el ahorro o la reutilización pueden facilitar una gestión sostenible del recurso hídrico. Plantea una visión “tecno-optimista” al señalar que la innovación y las tecnologías podrán disminuir los impactos ambientales derivados de la actividad de las empresas.

Pero en realidad sólo eliminando el aprovechamiento por particulares y el derecho de poseer el agua consagrado en la constitución, estatizándola; sólo implementando la gestión de los recursos por trabajadores y sectores populares; cuestiones que serán posible si se pone en movimiento la fuerza social de millones de trabajadores y de las comunidades y sectores populares con un programa anticapitalista; será factible pelear para dominar la relación caótica entre tecnología y naturaleza que es una resultante inevitable del capitalismo. Sólo así será factible organizar la producción para satisfacer en primer lugar las necesidades de millones de trabajadores, mapuche, y sectores populares y no el afán de lucro de un puñado de grupos económicos que se han adueñado del país. Parte de las tareas de un proyecto anticapitalista en Chile es recuperar el agua.