Un dirigente mapuche preso en Chubut y un referente wichí detenido en Formosa. El riesgo de que no se prorrogue la Ley de Emergencia Territorial 26.160. Una renovada avanzada de intereses privados, estatales y mediáticos sobre las tierras indígenas jaquean a las comunidades originarias de todo el país. La nacionalización de un conflicto de larga data que intenta ocultar la desaparición de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería Nacional.
Sábado 16 de septiembre de 2017
Ilustración Ángel Boligán, caricaturista cubano
Los títulos de los diarios van cambiando. Las denuncias sobre la responsabilidad de la Gendarmería Nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado comienzan a ser inocultables a partir de hipótesis que se caen por su fragilidad de cuna.
Sin embargo, hay un eje que se sostiene y es la criminalización de las reivindicaciones mapuches. Un periodista se coloca -en pleno noticiero- un pasamontaña dejando de lado cualquier argumento del entrevistado indígena. No importa la explicación que recibe de por qué ocultarse el rostro en el marco de las persecuciones de fuerzas de seguridad sufridas. Más allá, incluso, que la desaparición de Santiago Maldonado ocurrió justamente en una represión sobre esa comunidad.
Al mediodía en Telefe la relación es directa: un indígena con el rostro cubierto es considerado un terrorista y, como dice el periodista entrevistador Nicolás Repetto, eso evita cualquier tipo de empatía “con los que andamos de a pie acá en Buenos Aires”. Fin del reportaje que no era tal. Sólo un periodista queriendo hacer una puesta en escena.
En los territorios nada es tan lineal. Mientras se discute eso en los medios, la Gendarmería, la misma, realizó un allanamiento en la comunidad Raquituhe, en las cercanías de Junín de los Andes, a 800 kilómetros de Cushamen. La denuncia fue realizada por la Confederación Mapuche de Neuquén en el Juzgado Federal de Zapala.
A pesar de los cambios en los titulares, lo que queda explícito es que no es un gendarme el que se extralimitó en la represión en la que desaparición Maldonado, sino que es el modo en que el Estado y su Gendarmería visibilizan el “problema indígena” y la manera en que proponen “resolverlo” mediante el uso de la violencia institucional.
Efectos del discurso
¿Qué significa que de repente en horas y horas de televisión comience a hablarse y a poner en tela de juicio el derecho y legitimidad de las comunidades indígenas a tener sus tierras?
¿Qué hay detrás de la relación directa que se hace entre la desaparición de un artesano en un corte de ruta de una comunidad mapuche con reclamar documentos que certifiquen la etnicidad de una persona que se autorreconoce indígena?
¿Qué consecuencias tiene esta construcción discursiva para los pueblos originarios que viven en provincias históricamente refractarias a las comunidades indígenas como -por ejemplo- Formosa, Salta o Tucumán en el norte de nuestro país?
La desaparición forzada de Santiago Maldonado en el marco de la represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen puso en evidencia acuerdos, tensiones y conflictos de larga data que se entretejían por detrás de los discursos públicos de reconocimientos de derechos a las comunidades indígenas.
O dicho de otro modo, explicitó que hay derechos “aceptables” de ser reconocidos desde el Estado (nacional y provinciales) para con los pueblos originarios y otros que no. Por ejemplo, se puede avanzar en la educación intercultural bilingüe, en algunas cuestiones de salud que contemplen las diferencias, pero con la propiedad ya no. No y punto. La propiedad privada es un derecho inalienable e indiscutible de quien la adquirió. No importa cómo ni cuándo. La propiedad privada no necesita legitimidad. Se es dueño o no se es.
La puesta en escena mediática para evitar la discusión sobre el accionar de la Gendarmería y tratar de sostener la hipótesis del gobierno, hizo un enroque en el foco de análisis. Sacó del centro la desaparición forzada de una persona para poner el peso sobre la supuesta ilegitimidad, y por lo tanto ilegalidad, del reclamo mapuche en las tierras que el grupo empresario Benetton adquirió en la década de los 90 en el marco de la privatización de tierras fiscales y que continuó en sus manos de modo “indiscutible” hasta el presente.
Pero el discurso mediático no se quedó en el caso puntual de Cushamen sino que ahondó más en esa línea de deslegitimación de la propiedad comunitaria de la tierra indígena y nacionalizó la campaña. Fue así que comenzaron a ser enviados periodistas a cubrir casos de disputas territoriales en Tucumán y Salta y a poner bajo sospechas las reivindicaciones de organizaciones indígenas de la zona.
De este modo, el “problema mapuche” se transformó nuevamente en el “problema indígena” en Argentina retomando líneas argumentativas nacidas durante las campañas militares del siglo XIX. Y explicar el caso mapuche como una problemática nacional va tiñendo de una peligrosidad diferente a cada conflicto local. Ya no son los mapuches queriendo fundar un Estado en Patagonia -tal como muchos medios repiten hasta el hartazgo y plantan verdades sin ninguna relación con la realidad, ni las reivindicaciones indígenas- sino comenzar a preguntarse qué quieren y para qué tierras los indígenas en todo el país.
Y para apropiarse de las tierras es necesario primero negar las identidades. De ese modo comienza a escucharse a periodistas preguntándole una persona diaguita si tiene “documento indígena” que lo acredite. Al no ser “indígena acreditado”, no hay derecho sobre la tierra: la posesión se transforma en ocupación, la ocupación es delito y amerita una represión.
Habría que recordarle a ese periodista que esa discusión ya está saldada por la Constitución Nacional de 1994 y por el censo de 2010 en el que se reconoce la autoafirmación y reconocimiento como indígena como potestad de cada persona.
Campañas de sur a norte
La línea argumentativa con núcleo fundante en el sur es entonces utilitaria -como lo fueron las argumentaciones para pasar de las campañas militares del sur a las del norte- para trasladarse sin matices a todos los conflictos territoriales y sociales que sufren las comunidades de nuestro país.
A fines del siglo XIX en la prensa, en los partes militares y en el Congreso de la Nación se justificaron y reivindicaron las campañas militares al sur, financiadas por la Sociedad Rural Argentina, para ocupar las tierras del centro y sur de nuestro país. Las familias indígenas fueron enviadas a campos de concentración y repartidas, según su utilidad, en ejércitos, lugares de trabajo forzado y familias aristocráticas.
Esos mismos discursos -al final del avance militar sobre la Patagonia- fueron replicados para realizar la segunda parte del proceso: el sometimiento de la población indígena en la región chaqueña. De vuelta el discurso de “indios maloneros”, de vuelta la reclusión en campos de concentración, de vuelta la separación forzada de familias, de vuelta las matanzas masivas de poblaciones originarios. Pero esta vez en el norte y hasta bien entrado el siglo XX.
Las tierras privadas, el territorio indígena y el no reconocimiento del Estado de los derechos constitucionales es siempre la discusión de fondo. Y en esta discusión, en la que los medios no son ingenuos en la relación capitales privados/Estado versus comunidades indígenas, cayó como anillo al dedo en el marco de la necesidad de prórroga de la Ley 26.160 que propone la suspensión de los desalojos hasta tanto no se realice un relevamiento territorial. Esta es un Ley que molesta a los sectores privados ávidos de acceder a tierras indígenas.
Pero nacionalizar el conflicto implica una arista más y de suma peligrosidad para los sujetos indígenas y que será agravada por el desamparo que se produciría al caerse esa ley: en la reciente sesión en la Cámara de Senadores, el jueves 7 de septiembre, la discusión no logró incluirse en la agenda del día.
Más allá de que una senadora, Magdalena Odarda, y un senador, Fernando Solanas, intentaron discutir el tema “sobre tablas”, es decir, tras discutir lo incluido en la agenda, la votación fracasó ya que sólo once senadores sobre 55 presentes estaban a favor de hacerlo.
Ninguno de los partidos con más representación votó en mayoría. Ninguno. A nadie le importó la necesidad y premura de discutir una ley que se caerá en noviembre. Se pospuso para fin de este mes. El Presidente del Senado, Federico Pinedo, terminó con tono irónico: “Listo, terminó este momento tan conmocionante de la sesión”.
Formosa, violencia estatal
Mientas tanto, la profundización en la criminalización de las demandas indígenas sólo puede traer peores noticias en provincias como Formosa donde gobierna hace más de veinte años el justicialista Gildo Insfrán, un absoluto negador de las reivindicaciones de las comunidades. La crítica situación actual solo puede empeorar.
Agustín Santillán es wichí y está detenido hace cinco meses, desde el 14 de abril. Como es una constante en las prácticas policiales de la zona, el dirigente está detenido porque le van sumando pequeñas causas sin sustento jurídico.
La verdadera causa es que Agustín es un referente wichí y que viene denunciando las persecuciones del gobierno formoseño y las pésimas condiciones de vida a la que están sometidos los wichí en esa provincia desde hace muchos años.
Entonces, Santillán preso es una manera de disciplinar las protestas indígenas en la provincia.
Junto a él se armaron causas para treinta mujeres y hombres de las comunidades wichí. Su esposa, Gabriela Torres, cuando fue a visitarlo también quedó detenida y luego de unos días liberada.
El silencio mediático es absoluto. El foco de los discursos públicos no se posa sobre Formosa y la posibilidad de represión actúa por detrás de un telón que no parece correrse nunca.
Ser indígena en Formosa es peligroso. Agustín Santillán podría desaparecer sin que casi nadie se entere fronteras afueras de la provincia. Organizaciones de Derechos Humanos viajaron hace poco para acompañar la situación pero el caso no logra trascender el Río Bermejo.
Mientras tanto, Marcelindo Olaire, nieto del dirigente qom Félix Díaz, se encuentra desaparecido desde noviembre de 2016. Se lo llevaron de un hospital. Félix está seguro la desaparición tiene relación con la persecución política que el gobernador Insfrán ejerce sobre él desde la represión en la comunidad de La Primavera, Potae Napocna Navogoh, y los posteriores acampes en la Avenida 9 de Julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nadie pregunta por Marcelino. Nadie lo busca más allá de su familia, su comunidad y un puñado de organizaciones. En La Primavera, en 2010, también hubo un muerto. Roberto López, qom, asesinado por la misma Gendarmería Nacional.
En Pampa del Veinte, una comunidad wichí a pocos kilómetros de Las Lomitas, hay un juez que adquirió un título de propiedad falso durante la última dictadura militar y amenaza con desalojar desde hace varios años a las familias que allí viven. Son notificaciones amenazantes y constantes. Los wichí que ahí viven es porque hace 80 años fueron llevados por el propio Estado Nacional a vivir en una reducción para indígenas bajo el control de la Gendarmería. La reducción Francisco Muñiz.
En Oñedié y Penqolé a pocos kilómetros de allí y tierras vecinas a las de la Gendarmería Nacional, hay peligro de desalojo de dos comunidades pilagá. Los testimonios de las mujeres y hombres cuentan de rondas nocturnas y amenazas constantes de los gendarmes.
En ese lugar, las amenazas de la Gendarmería tienen otro tono. Otra profundidad. Otra historia.
Justo ahí hace 70 años, en 1947 se llevó adelante una de las masacres más crueles e importantes del siglo XX en nuestro país: La masacre de Rincón Bomba. La Gendarmería Nacional asesinó, violó, persiguió e incineró en fosas comunes a los pilagá que estaban reunidos en un evento religioso.
Hay un juicio que no avanza hace diez años y sobrevivientes que se mueren sin conocer la verdad. A los medios de comunicación casi no llega la historia. Como tampoco la de Pampa del 20, Oñeidé, Penqolé y la prisión de Agustín Santillán.
Enemigo nacional
Los discursos mediáticos y estatales que corrieron del foco desde hace más de cuarenta días para ocultar la responsabilidad de la Gendarmería Nacional en la desaparición de Santiago Maldonado encontraron en las comunidades indígenas un enemigo que les sirvió para justificar el proceso de criminalización de la protesta que ya se venía dando en los territorios.
La invención de “mapuches terroristas” aliados a organizaciones guerrilleras de otros países es funcional a la justificación de la detención de Agustín Santillán en Formosa. Y a la vez, es la legitimación para avanzar sobre las tierras en posesión actual de las comunidades indígenas y que son pretendidas por sectores privados. Para eso hay que eliminar la Ley 26.160.
La situación, para justificar la desaparición de Maldonado, es un cóctel explosivo que sólo puede terminar en la criminalización de más dirigentes indígenas, desalojos y represiones.
Muy lejos de lo que hubiese pretendido una persona como Santiago.
* El autor es sociólogo e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.
