ECONOMÍA ESPAÑOLA. El ataque que viene: el Banco de España sugiere recortar 6000 millones anuales durante 10 años

Según la propuesta del Gobernador del Banco de España, durante los próximos 10 años y a partir del año 2022, habría que recortar gastos por al menos un 5% del PIB actual, unos 60.000 millones de euros. A razón de unos 6.000 millones por año. Para darse cuenta de la importancia de este recorte hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Estado español destina un 4,22% del PIB a sostener la educación, datos del curso 2016- 2017. O un 8,9% del PIB, también en 2017, a la sanidad. Es decir que los recortes supondrían la totalidad de lo destinado a educación en un año o a más de la mitad de lo destinado a sanidad. Además, el ajuste equivaldría a más del doble de lo recortado por Zapatero, 15.000 millones, y Rajoy, 10.000 millones, durante la etapa más dura de la crisis de 2008.

Y eso siempre que la coyuntura no empeore. Algo no descartable para el propio Gobernador del Banco de España que estima que se pueden producir “escenarios más desfavorables” que pueden provocar “daños más persistentes ante la incertidumbre creada por el virus”.

El Gobernador dejó claro que sería necesario un ajuste, pero a medio plazo: “El reto es de una magnitud muy significativa” y “vamos a tener que remar en contra”, señaló. Porque ahora, en esta primera fase, de lo que se trata es de gastar para alejar un hundimiento mayor y salvar las empresas, añadiendo que “la política fiscal es la primera línea de defensa para evitar una pérdida de tejido productivo. No hay otra alternativa sensata”.

Mientras que la solución que planteó fue abordar el ajuste con una revisión de la eficiencia del gasto, es decir, recortes de tomo y lomo, y una subida de impuestos que centró sobre todo en el IVA y los impuestos medioambientales. Es decir, subir impuestos indirectos que gravan en mucho mayor medida sobre las rentas más bajas, atacando los niveles de consumo ya escasos de las clases populares. Porque, además, calculó que la deuda se puede ir al 120% del PIB y teniendo en cuenta que el déficit estructural, que ya era de un 3% el año pasado, podría alcanzar los dos dígitos por todos los rescates empresariales, el gasto sanitario, el gasto en el desempleo, las pensiones, etc. A lo que hay que añadir la enorme reducción de los ingresos fiscales y las reducciones y moratorias de impuestos y seguridad social a las empresas.

Pactos políticos para hacer viables la pasividad social y los recortes

Ante esta situación, no resulta extraño que el Gobernador plantease la necesidad de alcanzar algún “pacto político”, para llevar adelante este plan de recortes sociales, entre todas las fuerzas políticas parlamentarias, o al menos la mayor parte de ellas. Porque un “trágala” de este calibre, solo podría llegar a ser aceptado y digerido por las clases populares, según su perspectiva, mediante la implicación en un pacto de la “izquierda progre” social-liberal, incluido Unidos Podemos, y la derecha en un frente común. Al estilo del de los de la Moncloa de 1977, tal y como el Gobierno de Sánchez e Iglesias preconizan. Políticas que sin duda irían encaminadas a profundizar las políticas neoliberales que permitan que la crisis, una vez más y como la de 2008, la paguen los trabajadores y las clases populares. Sólo que esta vez a una escala muy superior. Y que, sin duda, también harán necesaria la colaboración de las burocracias sindicales de CCOO y UGT para garantizar la pasividad social, como de hecho ya están realizando a través de su participación en las negociaciones con la patronal y el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, en la parte social de la denominada Mesa de la Reconstrucción. De momento, las burocracias están logrando que pese a las “colas del hambre” que se están produciendo en los barrios obreros, y los miles de ERTEs para que los despidos no le cuesten un euro a la patronal, la iniciativa en la calle la esté llevando la ultraderecha con sus manifestaciones “pijas” en los barrios más pudientes.

Sin embargo, el miedo de las clases dominantes y las burocracias políticas y sindicales del Régimen del 78 -incluido Unidas Podemos que está dando sostén y validez a estas políticas- a la posibilidad de que se produzcan luchas y respuesta en la calle a estas políticas se está haciendo patente. Eso demuestra que no las tienen todas consigo. Solo hay que ver las declaraciones de Díaz Ayuso en el sentido de que podrían producirse disturbios en Madrid si la economía continúa paralizada durante más semanas. O las fuerzas de seguridad, policía y Guardia Civil, que han avisado al Ministerio del Interior, según publicó El Confidencial, que podría producirse un otoño caliente de movilizaciones por protestas contra las políticas de la Moncloa y en reacción ante los despidos y los ataques laborales.

Una anticipación a las posibles luchas que se puedan dar viene de las huelgas del sector automotriz, la última la huelga indefinida de Nissan, y algún otro como el aeroespacial, AIRBUS, que hicieron huelgas parciales en la fase de confinamiento por ser obligados a trabajar sin protección y ahora luchando contra posibles desmantelamientos de instalaciones y fábricas.

El escenario económico empeora

El Gobernador del Banco de España dio cuenta también de un empeoramiento de las previsiones económicas por el Covid-19, tras algo más de dos meses de parálisis económica. Así, de los tres escenarios que se habían previsto hace un mes, ahora ha fijado, como escenario de mayor probabilidad, al situado entonces entre el segundo y tercer lugar, por el mayor nivel de caída de la economía. Ya no tendremos, según esta previsión, una caída del 6% del PIB, sino que se dispara a un retroceso de entre el 9,5% y el 12,4%. Y empeora también las previsiones del Gobierno reflejadas en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas a primeros de mayo en el que preveía un retroceso del 9,2% del PIB.

Por otra parte, la disparidad de las previsiones del Banco de España implica una horquilla muy amplia de casi 3 puntos de oscilación en la caída, lo que indica la enorme incertidumbre de las previsiones. Pero si deja algo muy claro y es que el golpe puede situarse perfectamente por encima del 10% del PIB, es decir, una caída de al menos 100.000 millones de euros en el nivel de riqueza del país, un auténtico tsunami para la economía del Estado español.

El nivel tan profundo de retroceso esperado supone superar en un solo ejercicio la caída total de la economía española durante toda la crisis de 2008 que perdió un 9,2% de su riqueza entre 2009 y 2013, ya sabemos con qué consecuencias para las clases populares. Teniendo en cuenta además que en este caso se ha producido un enorme endeudamiento del erario público para lograr a toda costa el mantenimiento de la actividad económica con respiración asistida.

Por otra parte, el posterior rebote de la economía, aunque se supone que se daría en 2021, no alcanzaría en ningún caso para recuperar lo perdido. Y empeora algo la previsión realizada por el Gobierno en este caso, dado que la sitúa en un crecimiento del 6,1%, cuando el Gobierno los situó en el 6,8%. Aunque también prevé un escenario más optimista de crecimiento del 8,5% para la mejor de las posibilidades. En cualquier caso, todas estas previsiones van a depender mucho de la evolución de la pandemia del Covid-19, puesto que la evolución de la expansión de la enfermedad podría dar al traste con esas previsiones si implicase algún tipo de confinamiento, aunque no fuese tan fuerte como el que se ha producido.

Socializar Pérdidas y Privatizar Beneficios

El mayor esfuerzo económico del Estado se ha destinado a mantener rentas empresariales pese a la “hibernación empresarial “durante los meses de confinamiento y la parálisis económica, haciendo realidad la política neoliberal por excelencia caracterizada por: “socializar las pérdidas y privatizar los beneficios”. Solo que en este caso con un Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos que no se ha cansado de repetir que no iban a dejar a nadie atrás. Realizándose en lo fundamental lo que podemos caracterizar un auténtico salvataje empresarial y financiero, fundamentalmente de las grandes empresas.

Las cifras a este respecto son elocuentes. Mientras que el plan de garantías y avales del Estado ha sido dotado con 100.000 millones de euros destinados a garantizar la liquidez del tejido productivo, suponiendo un rescate empresarial y financiero de dimensiones considerables. Por el contrario, la mayoría de las y los trabajadores han obtenido paro, flexibilización y ERTEs. Con recortes en sus niveles de existencia que han supuesto una reducción de ingresos de entre el 30% y el 50%. Esto ha sacudido enormemente a los actualmente más de 2 millones de familias sin ingresos, a otros 3,3 millones padeciendo ERTEs, a los al menos 1,5 millones de autónomos con ingresos de unos 600 euros mensuales al quedarse sin actividad. Y a los más de 3 millones de parados que había antes de la crisis del Covid-19. Por eso, se han producido colas kilométricas en los barrios populares de todo el Estado español, mientras el Gobierno ni siquiera ha sido capaz, una vez pasados más de dos meses de confinamiento, ni de aprobar una medida tan limitada como un ingreso vital que en muchos casos no llegará a los 500 euros. Y tan solo para 100.000 familias inicialmente, cuando de hablaba de llegar al millón.

Ante esta situación hay que levantar un programa de emergencia social que sea impulsado mediante la autoorganización independiente y democrática de las y los trabajadores y que luche de manera unitaria con la movilización en las calles. Arrebatándoselas así a la ultraderecha españolista y reaccionaria, que ahora las tiene tomadas. Todo ello, para modificar la relación de fuerzas para lograr que la crisis la paguen los capitalistas.

Un programa que defienda, entre otras cosas, la nacionalización de la banca y las empresas estratégicas bajo control de los trabajadores, el no pago de la deuda, la suspensión del pago de alquileres y viviendas públicas suficientes mediante la expropiación de los grandes tenedores de vivienda, un seguro de desempleo universal e ilimitado en el tiempo, un programa de inversiones públicas en todos los sectores económicos fundamentales, incluida la sanidad, la educación y la investigación, el reparto de tiempo de trabajo sin reducción salarial y una reforma fiscal que grave duramente a las grandes fortunas y a las grandes empresas capitalistas del IBEX35.