Este jueves el presidente Maduro anunció un “aumento del 40% del ingreso integral” partir del 1 de noviembre: Un aumento que está lejos de cubrir la canasta básica en medio de la galopante inflación.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Viernes 28 de octubre de 2016
Maduro anunció que el salario mínimo pasará a partir del primero de noviembre de 22.576 a 27.091 bolívares (aumento del 20%), asimismo mencionó que el bono alimentación pasará de 42.480 a 63.720 bolívares (de 8 a 12 unidades tributarias, 50%), pasando el total del ingreso de 65.056 a 90.811 bolívares (40%).
“He decidido activar el cuarto aumento salarial integral del año a partir del primero de noviembre, con incidencia en los aguinaldos”, dijo Maduro en una cadena nacional de radio y televisión, sosteniendo que esto implica un aumento del salario mínimo integral del 40%. Pero aquí ya está la primera falsedad, Maduro podrá hablar de “ingreso integral” con esa cifra pero no es “salario mínimo integral”, pues el bono alimentación constituye una ayuda alimentaria que no es parte de la estructura salarial de los trabajadores, siendo que estrictamente que el salario mínimo aumenta solo un 20%.
Maduro engloba estos aumentos en lo que denomina “protección al salario”, pero es más que sabido que estos aumentos lejos están de cubrir el costo de vida frente a la galopante inflación. Este aumento como mucho, apenas servirá para paliar muy parcial y circunstancialmente, el nivel tan terriblemente bajo en que está el salario. Cuando se comparan estos aumentos con los precios de los productos más esenciales se disipan rápidamente. Esto agravado aún más por una creciente liberación de precios por parte del gobierno, una medida realmente antipopular, pues es un golpe al bolsillo de los sectores populares.
La tijera entre el salario y los precios de los productos a adquirir se ha ido abriendo de una manera vertiginosa, lo que significa una brutal caída del salario real, en un marco de una inflación galopante que la mayoría de los analistas prevén que cierre por encima del 500% este año. Pero es de aclarar que estos aumentos no llegan a toda la clase trabajadora del país, siendo que en una gran mayoría están en trabajos precarios y sin contratos formales, por más que el gobierno diga lo contrario.
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Los empresarios, incluso justo antes del anuncio salarial por parte del gobierno ya habían salido a oponerse, siendo que es más que conocido que las políticas económicas que viene aplicando el gobierno de Maduro los han venido beneficiando con megadevaluación y un proceso abierto de liberación de precios de por medio, aunado a una política salarial que también beneficia a la patronal.
El argumento de los empresarios no es más que la vieja cantinela capitalista, que cualquier aumento salarial afecta sus operaciones financieras y de que “peligra” el cierre de las empresas. Pero al mismo tiempo que lanzan estas argumentaciones presionan cada vez más para que se flexibilicen las leyes laborales para poder despedir a su plena voluntad y que se eliminen lo que ellos llaman trabas a su producción como los impuestos, y obviamente, que se liberen los precios, cuestiones como esta última que el gobierno les ha venido concediendo.
El pasado 18 de Octubre, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, en una entrevista radial afirmaba que las medidas de aumentos salariales afectan a las empresas cuyas acción final será el “cierre de sus puertas”, por lo tanto, “menos puestos de trabajo”: “cada vez no se les consulta ni toma en cuenta a las empresas para saber cuál es la capacidad que tienen de poder tener un sistema salarial que les permita mantener la rentabilidad para que sus negocios crezcan…”. Cinismo no les falta a los empresarios mientras siguen llenando sus bolsillos de grandes ganancias a pesar de la crisis, pues a cada aumento pasan inmediato a remarcar los precios.
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La política de bonificación del salario
Es de considerar que se ha llegado a que el monto del bono alimentación es 2.35 veces más que del salario mínimo a partir del 1 de noviembre. Recordemos que el “bono alimentación” es una ayuda para “complementar” la comida diaria, pero ahora tenemos que con respecto al nuevo salario mínimo se abrió una fuerte brecha de 36.629 bolívares, desde septiembre era de casi 20 mil bolívares, y antes del aumento de septiembre la diferencia era de 3.000 bolívares entre dicho salario mínimo y la ayuda por alimentación. Es lo que llamamos de bonificación del salario, en otras palabras, el trabajador para apenas sobrevivir el mes lo hace a cuesta de una ayuda alimentaria y no de su salario propiamente dicho.
Más aún, si partimos de que por definición legal el bono alimentación equivale a una comida balanceada diaria, entonces, desde el gobierno se está admitiendo que el salario mínimo ajustado alcanza solo para menos de media comida diaria. Como vemos, se está tratando de una forma de ajustar el ingreso laboral por vía de bono de alimentación siendo esto un fraude contra las prestaciones sociales y demás derechos laborales que se calculan en base al salario y que no incluye el ingreso por bono alimentación, además de una medida engañosa tomada por el gobierno que solo develan la atroz crisis económica que vive el país.
De esta manera el gobierno viene haciendo una verdadera vulneración de las conquistas laborales en lo que dice respecto al salario, y reduce la manera de remuneración salarial colocando el grueso de los ingresos a esquemas de bonos de alimentación, es decir, de ayuda alimentaria. Por esto es que hemos venido sosteniendo que la medida más antiobrera de todas las que ha venido ejecutando el gobierno de Maduro es la salarial, aunque se jacte de lo contrario.
Si ya la inflación lanza al piso el salario, el gobierno apenas lo que hace son paliativos y aumentos que rápidamente son devorados por la inflación, además viene teniendo la política de paralizar la discusión de los contratos colectivos en todas las empresas, tanto públicas como privadas que siguen el ejemplo.
Frente a la creciente carestía de vida, es clave que toda pelea salarial y la lucha por el contrato incluya la cláusula de la escala móvil de salario, es decir, que el salario se vaya ajustando automáticamente a medida que aumenta la inflación, como una medida defensiva elemental para que la crisis no siga golpeando de manera avasallante al bolsillo del pueblo trabajador. Al mismo tiempo que se pelea por un verdadero control de los precios, cosa que solo pueden hacer los propios trabajadores y comunidades populares tomando el asunto directamente en sus manos.
