El oficialismo envío al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales, denominado “Ley de Amnistía Fiscal” con el que espera obtener más de 70.000 millones de dólares.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Jueves 2 de junio de 2016 02:52
Un proyecto que premia a corruptos, evasores y fugadores de capitales y que incluía como uno de sus puntos más escandalosos a funcionarios y ex funcionarios.
Esta iniciativa es más que una legalización de la evasión y especulación que llevan a adelante empresarios y también funcionarios corruptos en Argentina. Una de los puntos centrales es la eximición de impuestos y multas para aquellos que ingresen o declaren el dinero no registrado fuera del país, a través de la compra de títulos públicos. A cambio la AFIP no podrá solicitar ni información ni extractos bancarios para indagar sobre el origen del dinero. También se podrán blanquear bienes. Sin dudas, una clara muestra de para qué clase gobierna el PRO: los empresarios capitalistas.
Un proyecto hecho a su medida
El proyecto fue girado el martes por la noche a la Cámara de Diputados y se comenzaría a tratar el jueves en la comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social. Antes de que el gobierno enviara formalmente el proyecto al Congreso, ya se había dado a conocer que el presidente, Mauricio Macri, haría uso de este beneficio en calidad de empresario y funcionario, ya que repatriaría sus $ 18 millones en las Bahamas.
Apenas unos días antes se había dado a conocer su declaración jurada en la que se observa un crecimiento de su patrimonio, con respecto al año pasado, de un 124% y en el que además aparecen declarados por primera vez los millones en las Bahamas. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, fue uno de los defensores de la necesidad de que al blanqueo puedan acceder funcionarios y ex funcionarios, aún los imputados, por casos de corrupción, malversación de fondos y evasión. En su afán de hacer un blanqueo amplio, el ministro afirmo: “solamente quedaran excluidas las personas procesadas”. Tan bochornosa era esa cláusula que hasta los aliados de Cambiemos –los radicales y la Coalición Cívica- la criticaron y algunos pusieron en duda su votación en el Congreso por esta razón. Finalmente, el martes el gobierno nacional oficializó que funcionarios y ex funcionarios quedarían excluidos.
Una marcha atrás dictada por un mero cálculo de votos parlamentarios. Macri es un digno representante de su clase. Un ejemplo de eso es la alegría que el proyecto causó en una de las cámaras patronales más importante, la Unión Industrial Argentina. Uno de sus dirigentes, Jose Uturbey, declaró que “era un primer paso” en el proceso de “mayor seguridad jurídica y políticas de incentivo” para los empresarios. El mismo Uturbey que se opuso a la ley anti-despidos y se mostró a favor de pagar a los fondos buitres. ¿Casualidad?
Que todo funcionario cobre como un docente
Desde el PTS-FIT sostenemos que todos los funcionarios y legisladores deben cobrar como un docente –con 20 años de antigüedad- o un trabajador calificado. Contra esa casta privilegiada, alejada de los padecimientos y necesidades de la mayoría de la población, que en muchos casos se enriquece a costa del Estado; nuestros diputados y legisladores rechazan los sueldos y dietas ostentosas, mientras que cobran como un docente y donan el resto de sus sueldos a las luchas obreras y populares. Con este planteo, retomamos la tradición de los obreros revolucionarios de la Comuna de Paris de 1971, en la que se estableció la revocabilidad de los mandatos y se equiparó el sueldo de un funcionario al de un obrero.
Nacionalización de la banca y bajo control de sus trabajadores
La ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner había denunciado en 2014 que “en el Banco Central hay 80 mil expedientes, algunos que datan de los años 80, sobre infracciones a la Ley Penal Cambiaria, de exportadores, bancos, financieras, miles y miles de millones de dó- lares que han sido sustraídos”.
Es una frase más que elocuente que muestra la responsabilidad en los últimos 30 años de gobiernos radicales y peronistas en permitir la fuga de divisas y maniobras especulativas. En los últimos 12 años se fugaron del país más de 82.000 millones de dólares y a partir de la asunción del nuevo gobierno, los empresarios lo siguen haciendo a una tasa de 1.000 millones de dólares por mes. Distintas fuentes estiman entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fugados en el exterior en los últimos años. Solo la nacionalización de la banca y una banca estatal única, controlada por sus trabajadores, puede parar la fuga de capitaleS.
