Este martes se cumplirán tres meses de presidencia de Alberto Fernández. Un balance provisorio sobre las promesas de campaña electoral. El presidente cuenta con la ventaja de que millones le conceden tiempo para arreglar el desastre macrista, pero a la vez comienzan a surgir de forma incipiente sectores que marcan otro camino. Docentes, trabajadores del Hospital Posadas y el movimiento de mujeres dan el mensaje de que los derechos se conquistan en las calles.

Fernando Scolnik @FernandoScolnik
Jueves 5 de marzo de 2020 22:25
Si algo expresó el triunfo del Frente de Todos en las elecciones, fue la aspiración de millones de personas a recuperar lo perdido durante los años de Gobierno de Mauricio Macri.
A diferencia de otros países de la región, donde soplaban vientos de rebelión en las calles, como en Chile o Ecuador, la campaña de Alberto Fernández propuso dar vuelta la historia de millones mediante un triunfo electoral y un cambio de Gobierno.
Con un nuevo rumbo, los jubilados les ganarían a los bancos, el trabajo a la especulación, y la clave sería “poner plata en el bolsillo de la gente”. Desde el mismo 10 de diciembre, los ingresos de jubilados y trabajadores aumentarían un 20 %.
Pero entre esas promesas de campaña electoral y la realidad, pasaron cosas. Un nuevo y fuerte indicio de eso tuvo lugar el pasado domingo, cuando al delinear su plan de Gobierno frente al Congreso Nacional, Alberto Fernández no hizo anuncios de mejoras salariales, ni referencia a las paritarias o a condiciones laborales.
Más preocupante aún, hizo una importante definición al señalar que la “solidaridad será la viga maestra de la reconstrucción nacional” y que su Gobierno busca un "programa integral y sustentable, con metas fiscales para alcanzar a partir de la renegociación de la deuda".
Aunque algo de eso pueda sonar bien, la realidad es que lo que eso significa en el Gobierno del Frente de Todos es, por ejemplo, que para los jubilados la realidad no será la de las promesas de campaña sino la del ajuste a millones de ellos que cobran apenas más de $ 16.200 para que sean “solidarios” con quienes perciben la mínima. O que los trabajadores no tengan “plata en el bolsillo” sino que deban que renunciar a la cláusula gatillo, es decir, que sigan perdiendo contra la inflación.
Pero lo realmente grave es que no todos “hacemos un esfuerzo”, ya que a otros no se les pide que sean solidarios. Como a los bancos, a quienes no se les afectó en nada sus intereses, o a las mineras y petroleras a quienes incluso se les bajaron estos impuestos. O a las empresas privatizadas, que no solo se les mantienen las concesiones, sino que tampoco se les anularon los tarifazos que les dio Macri y les permitieron ganancias extraordinarias. A las patronales del campo, con quienes hay una disputa, lejísimos se está de cuestionársele la propiedad terrateniente: apenas se les subieron retenciones a niveles similares a los que estaban con Macri en 2018. Pero eso no es todo: esa recaudación “sojera” no se busca para destinarla a trabajo, salud o educación, sino para reducir el déficit fiscal, que es un pedido del FMI y los acreedores para renegociar la deuda.
El Gobierno está “esperando a Guzmán”, como definió un reconocido analista político, dando cuenta de que recién después de la renegociación de la deuda, que es su prioridad, se podrá tener una definición más precisa del rumbo del mandato del Frente de Todos.
Por el momento, el Gobierno cuenta con la ventaja de que el desastre macrista está presente en la conciencia de millones y se le da un tiempo para arreglar la situación.
Pero a la vez vemos los primeros síntomas de que algunos empiezan a perder la paciencia y marcan otro camino. Un sano instinto, dado que nada bueno vendrá de la renegociación de una deuda impagable, ilegítima y fraudulenta. No es hora de seguir esperando sino de salir a las calles.
Otro camino
Donde eso se expresó con más fuerza en los últimos días fue, sin dudas, en cientos de miles de docentes del interior del país.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo estos burócratas nos entregan”. Esa frase se repetía de boca en boca, de calle en calle, cuando los docentes tucumanos decidieron este lunes salir masivamente a reclamar por el salario, por la cláusula gatillo y contra la persecución y el vaciamiento que se vive en las escuelas.
Un poco más al norte, en Salta, una maestra decía también estos días que “lo lógico sería que CTERA convoque a un paro nacional”.
Y su razonamiento tenía mucho sentido: así como en su provincia, en muchas otras los trabajadores de la educación encaraban paros y movilizaciones en el inicio del ciclo lectivo. Como en Rosario, contra “la peor propuesta salarial de la historia”, o en Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Jujuy y otras provincias.
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Pero la dirigencia de CTERA, con referentes como Sonia Alesso o Hugo Yasky, ha decidido priorizar su pertenencia al Frente de Todos por sobre la defensa de la educación pública. Por eso aceptaron una paritaria nacional con un aumento del salario inicial del 13,5 % y sumas fijas que dejaron mucho malestar en la docencia, ya que obliga a trabajar tres cargos para cubrir la canasta familiar, y luego dejan a cada lucha provincial aislada a su suerte.
No estamos frente al problema de un gremio aislado. Hoy, casi todas las cúpulas sindicales están alineadas con el Frente de Todos, y aunque en la mayor parte de los gremios hay un fuerte malestar por años de ajuste, esos dirigentes no impulsan procesos de lucha. Es necesario organizarse para pelear por sindicatos, cuerpos de delegados y comisiones internas independientes, combativos y autoorganizados.
A la par que salían a las calles los docentes, este martes los trabajadores del Hospital Posadas obtuvieron un resonante triunfo. Luego de dos años de lucha, su persistencia en la pelea y la organización tuvo un merecido triunfo, cuando comenzaron a ser reincorporados los trabajadores despedidos que durante todo este tiempo no bajaron los brazos y ahora se proponen seguir organizados contra la precarización laboral y en defensa de la salud pública.
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Por su parte, también hay estatales que salen a luchar, como Neuquén o en Chubut. En la primera de estas luchas, los trabajadores denunciaron el envío de patotas y represión por parte del intendente del Frente de Todos en Centenario. En el segundo caso, este jueves fueron reprimidos por la policía del gobernador Mariano Arcioni, del Frente de Todos y amigo de Sergio Massa.
El movimiento de mujeres, a su vez, está a las puertas de hacer historia. Gracias a su masiva movilización en las calles durante los últimos años, el derecho al aborto será discutido nuevamente en el Congreso Nacional. Por más que el Gobierno le quiera dar uso político al decir que se aprobará en su gestión, la única verdad es que si se aprueba, contra los dinosaurios que hay tanto en el peronismo como en Juntos por el Cambio, y contra las maniobras de la Iglesia, será resultado de esa gran lucha que tiñó de verde las calles de todo el país. En las próximas semanas ese desafío estará en Plaza Congreso y en todas las ciudades del interior para pelear por su aprobación y contra los intentos de que se vote con muchas modificaciones respecto del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto libre, seguro y gratuito.
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En general estas luchas, como la docente, son esencialmente ocultadas por los grandes medios de comunicación. La Izquierda Diario, por el contrario, con corresponsales en todo el país, se propone darle voz a todos los explotados y los oprimidos que en otros medios no tienen voz.
Sobre estos ánimos y las aspiraciones de recuperar lo que se perdió con Macri, es necesario organizarse para lo que viene, apoyando la idea de tomar el destino en nuestras propias manos y también sembrando las ideas para otra salida, que parta de romper con el FMI y los especuladores, para priorizar las necesidades de las grandes mayorías, rechazando el pago de una deuda odiosa, nacionalizando la banca y el comercio exterior y estatizando todos los recursos estratégicos del país
bajo control de los trabajadores.

Fernando Scolnik
Nacido en Buenos Aires allá por agosto de 1981. Sociólogo - UBA. Militante del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001.