Diputados. El caos por la ley ómnibus y el ataque al bolsillo detrás de las negociaciones

La suma de debilidades

El gobierno de Javier Milei se enfrenta a un desgaste en tiempo récord. En apenas 60 días ya cuenta con un creciente malestar en la calle que se hizo sentir con el paro y protestas, y un escándalo en el Congreso por el juego del toma y daca entre el poder ejecutivo y las provincias. Tras “dictamen gate” de la ley ómnibus, el oficialismo ya tuvo que retroceder de varios artículos y capítulos enteros. Y promete más.

Los bloques colaboracionistas, en su desesperación por ayudar al gobierno, quedaron manchados y su expertise parlamentaria se vio cuestionada “por un grupo de improvisados”, como se escucha en los pasillos del palacio para referirse a La Libertad Avanza. “Se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado” escribió en X el cordobés Carlos Gutiérrez de Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Angel Pichetto. El oficialismo les cambió el texto después de que se lo firmen.

En paralelo, se revelaron reuniones en un departamento de Recoleta donde el gobierno proponía reescribir el dictamen con los bloques aliados. Aceptaron el convite el PRO y la UCR. El diputado Oscar Agost Carreño, otro cordobés del bloque de Pichetto pero que reporta al gobernador del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), fue y desistió de participar. Ventiló en entrevistas radiales que al toparse con la presencia de Federico Sturzenegger decidió retirarse de la reunión en el coqueto barrio porteño.

Los diputados del Frente de Izquierda hicieron una presentación ante el Congreso detallando todas las irregularidades del tratamiento de la ley y piden que se declare nulo.

El anuncio de Luis Caputo el viernes por la noche de que retirarán el apartado fiscal del proyecto, coronó el traspié para Milei. Los dialoguistas insisten con las negociaciones: pese al escándalo, maniobras, las amenazas de dejar sin plata a las provincias, cruces en X, las acusaciones de coimeros, están empecinados en salvarle la ley ómnibus al gobierno. En las próximas horas se van a conocer nuevos cambios al proyecto, y habrá reuniones el lunes entre los gobernadores de Juntos por el Cambio y sus bloques en Diputados -que están fragmentados-, y el bloque que preside Pichetto. Hasta podrían sumarse el tucumano Osvaldo Jaldo -electo por Unión por la Patria-, y Martín Llaryora de Córdoba. El oficialismo pretende sesionar el martes. Aún no está oficializada la convocatoria, pero así las cosas, todo puede pasar.

Ser y parecer

Fue una semana difícil para el presidente liberal-libertario: a pesar de todos sus esfuerzos por ningunear el paro y la multitudinaria movilización en el Congreso, no pudo disimular sus consecuencias.

La diferencia entre ser y parecer. El discurso gubernamental de que las urnas le dieron la legitimidad para hacer el ajuste, se topó el pasado miércoles con la mitad del país que no lo votó y rechaza desde las medidas de Caputo, pasando por el DNU (con capítulos como el laboral suspendidos por la justicia), hasta la ley ómnibus.

La falta de “consenso social” llegó al punto de obligar a la siempre oficialista dirigencia de la CGT a dejar de hibernar aunque sea por un ratito. Que ya es mucho decir. La masiva movilización les dejó a todos una advertencia: bastó ese ratito de 12 horas de paro y una convocatoria al Congreso, para que el mundo de los precarios, informales, jubilados, desocupados, muchos agrupados en asambleas barriales, se empodere para salir a mostrar en la calle su disposición a enfrentar el plan de ajuste de Milei. El comentario del día fue que en ese mundo estaban los más desafiantes y combativos de la jornada.

El problema para el gobierno (y para todos los bloques que hoy lo están ayudando en el Congreso) es que cada día que pasa, se agravan los efectos del plan de Milei contra las mayorías. En el bolsillo: una inflación que no cede, nuevos aumentos por venir en transporte, tarifas de energía, prepagas, cuotas de colegios, alquileres, caída del consumo. Una dinámica que va hacia decantar nuevos sectores (que sí lo votaron), a engrosar las filas del descontento social.

En el Congreso tampoco le fue bien al presidente. Negoció “con la casta” a más no poder, y así y todo se encaminaba a una dura derrota de su “ley de bases”. Ahora intentará dejar algo en pie, mientras sigue negociando con los que él mismo llama “coimeros”.

Milei compra su propia narrativa. Se creyó la ilusión del balotaje, una herramienta propia de democracias capitalistas degradadas para aparentar una legitimidad que no existe y una mayoría ficticia. Los bloques del Congreso que hoy se están ofreciendo a colaborar con el gobierno, se escudan en el mismo relato aunque quieran condicionarlo con sus propios reclamos. De espaldas a las fuerzas vivas que se desarrollan afuera del Palacio, gobierno, gobernadores y sus diputados se mueven como encerrados en la burbuja del violento algoritmo de tiktok.

Una ley desplumada... por grandes exportadores

En este combo de la calle y el Congreso, la Ley ómnibus se está desplumando y su final es incierto. Empezó como un ambicioso proyecto de 664 artículos y delegación de facultades para casi todo y por prácticamente los 4 años de su mandato. Con el primer filtro de la rosca parlamentaria quedó en un cuestionado dictamen de 525 artículos y restringiendo áreas y plazos de la delegación de facultades. Luego del anuncio de Caputo, si eliminan estrictamente el capítulo fiscal (que no contiene los cambios en la movilidad jubilatoria, aunque el ministro dijo que los quitarían), baja a 424 artículos. Apenas el 60% del original. Y eso que todavía faltan conocer los nuevos cambios que se están escribiendo por estas horas.

Resta un filtro más: el del recinto y las nuevas protestas en el Congreso que ya se están convocando para cuando se trate la ley. Podría sufrir más podas todavía y quedar reducido a la mitad del proyecto inicial. O menos.

La poda no es solo cuantitativa, sino cualitativa. El capítulo que tuvo que retirar Caputo era el corazón de su plan fiscal para llegar a la meta anunciada e impuesta por el FMI de reducir a 0% el déficit fiscal. En sus palabras “no gastar más de lo que ingresa”. En la vida real y material: ajustar los bolsillos de las mayorías. La hoja de ruta del gobierno es achicar gastos licuando jubilaciones y salarios (por eso la movilidad y tantos ataques al empleo público que buscan disciplinar), y aumentar la recaudación mediante retenciones (no coparticipables). Además de las retenciones, los puntos que quedarían afuera si retiran el capítulo fiscal son: el generoso blanqueo de capitales y modificaciones al impuesto país (los gobernadores están negociando que se mantengan para coparticipar ambos y quedarse con una parte), la reducción de bienes personales, moratoria impositiva, modificación de impuestos sobre cigarrillos (donde hay una disputa con grandes tabacaleras).

Caputo afirmó que también sacarían los cambios a la movilidad jubilatoria, habrá que verlo cuando el gobierno se decida a detallar el texto final. Si se confirman estas modificaciones, gana el gran complejo exportador con la eliminación de suba en retenciones, que espera una gran cosecha para este año. Son los mismos que ya se relamen para pedir una nueva devaluación. Los jubilados van a seguir perdiendo poder adquisitivo: si queda la actual movilidad también es una mala noticia. Para Milei no es malo retirar ese artículo: podrá seguir la licuación de jubilaciones con la movilidad heredada del gobierno de los ahora Unión por la Patria.

En la ley quedan igualmente puntos no menores. Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, advirtió tras el anuncio de Caputo “Vienen por los jubilados, licuando los haberes por inflación, x el salario, el FGS, las empresas públicas, el derecho a la protesta, reforma laboral (DNU), superpoderes para el monarca. Hay que derrotar este plan en las calles”. Otro de los capítulos que se mantienen es el de energía, que contiene las bases para profundizar el modelo de saqueo. Que un servicio esencial sea botín de grandes ganancias y que los usuarios sufran más tarifazos. También se mantiene el intento de volver a endeudar al país y en peores condiciones, el ataque a trabajadores estatales, a la cultura, a leyes ambientales, y hasta el escandaloso apartado electoral para dar vía libre al financiamiento privado. Implicaría que solo puedan competir candidatos puestos por el poder económico más concentrado.

Pero no todos los puntos están asegurados para el gobierno. Hay varios artículos que corren el riesgo de caerse igualmente en el recinto, si no son parte de los cambios acordados con los dialoguistas. Uno es la privatización de 40 empresas públicas. Los bloques colaboracionistas no se oponen del todo: no quieren aprobarlas en “paquete”, sino que sean ley por ley reeditando la legislación menemista. Los únicos que sí proponen un paquete son “los lilitos”: incluyen 8 empresas públicas.

El capítulo de cultura tampoco está asegurado para el gobierno, al igual que el electoral. En esas áreas, buena parte de los dialoguistas prefieren que esos temas se traten en sesiones ordinarias luego del 1° de marzo. Los ahorros de los jubilados (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad) depende de cómo evolucione la negociación: Milei quiere liquidarlo y que los “frutos” del remate se lo quede Nación, las provincias piden una parte para sus cajas previsionales.

Los únicos que rechazan de plano y el conjunto del proyecto son Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

Otro punto que se llevará buena parte de las polémicas es la delegación de facultades legislativas a Javier Milei. Inicialmente el gobierno las pedía en 11 áreas, luego las bajó a 9. Pero con el poroteo según los propios dictámenes de los bloques dialoguistas, le alcanzaría para que salgan solo en 4 áreas: económica, financiera, fiscal y administrativa. El gobierno quiere que le den también plenos poderes en materia energética, tarifaria, de seguridad, previsional y de salud.

Myriam Bregman, que viene siendo protagonista del rechazo, alertó que si le dan emergencias y delegación de facultades a Milei aunque sea por tres días “no va a ser gatito mimoso, va a ser mono con navaja”. La izquierda es la única que siempre se opuso a la delegación de facultades, en todos los gobiernos. Polemiza con los bloques dialoguistas que negocian áreas y plazos.

¿Nación vs provincias?

Milei y su tropa salió a decir después de la conferencia de prensa de Caputo que “El ajuste fiscal no se negocia”. ¿Qué quiere decir? Que aplicarán la tijera por otro lado. Hoy el debate público se concentra en la disputa entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales. Es cierto, el ejecutivo amenaza con retacear fondos y cortar obra pública a las provincias. Pero el mazazo mayor de la amenaza de Milei va a recaer con ataques al bolsillo de jubilados y trabajadores estatales (con paritarias muy por detrás de la inflación); con recortes en programas sociales, educación, salud, cultura. Un plan que se basa en la decisión de prorrogar el presupuesto 2023 para este año, que ya de por sí le da herramientas discrecionales sobre los recursos del estado.

Los gobernadores (y diputados y diputadas que les reportan directamente) están en una disputa con el gobierno porque defienden sus propios intereses políticos (se juegan la continuidad y legitimidad en sus provincias), y los económicos de sectores empresarios. Es el caso de los grandes terratenientes, cerealeras y exportadores de soja (que no querían aumentos en las retenciones) de Córdoba o Santa Fe lideradas por Juntos por el Cambio. O el del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, de Unión por la Patria, que ordenó a sus diputados apoyar la ley ómnibus y armar un bloque propio, después de conseguir cambios a favor del grupo Ledesma (de la familia Blaquier) quitando aranceles al azúcar, y otros a favor de los exportadores del limón. Milei tiene el sí fácil cuando se trata de beneficiar el poder económico, como demuestra su propia ley diseñada para que ganen, entre otros, las grandes petroleras y el grupo Techint.

Sin ir más lejos, Milei repite “no hay plata” pero se niega a tocar los beneficios impositivos de grandes empresarios que representan casi 5% del PBI. De ahí salen cuantiosos subsidios a sectores como la minería o Mercado Libre de Marcos Galperín.

Varios de los gobernadores salieron a festejar el anuncio de Caputo, y abrieron nuevamente sus teléfonos con el Poder Ejecutivo. Rogelio Frigerio (PRO-Entre Ríos) aseguró “vamos a apoyar las herramientas que necesita el gobierno” y se encargó de aclarar “Coincidimos con el Ministro de Economía en que el objetivo de alcanzar el déficit cero no puede ser una meta negociable”.

Maximiliano Pulllaro (UCR-Santa Fe) dijo “saludamos la medida del Gobierno y nos comprometemos a colaborar en encontrar la salida para el país, poniendo nuestros equipos a disposición en busca de puntos de consenso”. El gobernador radical también aclaró que la actitud del gobierno "nos va a permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas de la Nación y de las provincias”. Martín Llaryora (peronismo de Córdoba) declaró que está convencido de que la ley ómnibus “tiene que salir”, y tiró los lineamientos de por dónde viene su negociación. "Me parece que retirar el paquete fiscal en su totalidad es un error” señaló este domingo. El foco está en la disputa para coparticipar con las provincias el blanqueo y el impuesto país.

Los gobernadores negociarán más o menos para llevarse alguna tajada para sus cajas provinciales, pero sus declaraciones muestran que están alineados con la meta del ajuste fiscal del gobierno, que implica el ataque al bolsillo de las mayorías. Es el mismo camino que ya eligieron para sus propias provincias, tanto las amarillas como muchas de las lideradas por Unión por la Patria.

No es un artículo, es todo el plan

La disputa entre Nación y las provincias, las negociaciones de La Libertad Avanza con los bloques colaboracionistas del Congreso, son la confirmación de que no se trata de retacear tal o cual artículo de la ley ómnibus que ya ni es ómnibus. Para quienes viven de su trabajo o laburaron toda su vida para padecer una jubilación de hambre, el foco del problema está en el plan económico del gobierno. Con motosierra y licuación del poder adquisitivo, combinado con ataque a derechos laborales y a la protesta social, es que Javier Milei y quienes lo están ayudando, intentan hacer nuevos cambios estructurales contra las mayorías.

Del otro lado, hay fuerzas sociales en movimiento que apuntan a enfrentar las medidas de Caputo, el DNU y la ley ómnibus. Las protestas prometen continuar, y ya aparecen voces con una conclusión y un mensaje de acción. "Con este paro no va a alcanzar, necesitamos una huelga general" fue uno de los cantos de la jornada del miércoles 24. Las dificultades que ya muestran tanto el gobierno de Milei como el Congreso, pueden acelerar los tiempos y que el rechazo al plan económico avance y gane protagonismo.