REPRESIÓN CATALUÑA. El caso Junqueras o cómo usar el poder judicial para adulterar el resultado del electoral

La decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por el vicepresidente de la Generalitat encarcelado en Estremera, Oriol Junqueras, no se hizo pública este jueves. La noticia trascendió después de concluir la declaración del preso político catalán. Los tres magistrados que componen la sala de apelación del alto tribunal se tomaron receso para consultar con la almohada tan importante decisión. Decimos almohada por no decir Gobierno, Judicatura y Casa Real.

Junqueras ha alegado en favor de que se suspenda la medida de prisión preventiva, que es un “hombre de paz”, “cívico” y que apuesta firmemente por “la vía negociada” para resolver el conflicto catalán. Ha optado, como ya hicieran los otros consellers excarcelados y los miembros independentistas de la mesa del Parlament, por la “vía Forcadell”, instalada por la ex presidenta del congreso catalán Carme Forcadell quién evitó la cárcel desmarcándose de la "vía unilateral" para avanzar en la independencia ante el juez que la interrogó.

Una confirmación más de que el chantaje del artículo 155 logra, con métodos inquisitoriales, que los dirigentes de ERC y el PDeCAT formalicen su negativa a luchar y defender el resultado del referéndum del 1-O. Decimos formalicen porque se trata de una renuncia que ya hicieron después de la proclamación de la república el 27-O y su posterior claudicación sin lucha.

La Fiscalía, siguiendo la letra y la música que le tocan desde la Moncloa, ha exigido que el vicepresidente catalán se mantenga en prisión. En su alegato ha insistido en su culpabilidad al haber realizado “llamamientos a las masas” que hacían “muy probable la violencia” y su obstinada defensa de la independencia de Cataluña por medio del incumplimiento de las leyes vigentes. Según el fiscal, existe riesgo de reiteración delictiva respecto al delito de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

El resultado de la comparecencia de hoy se dirimirá por razones en absoluto jurídicas. De hecho, su mantenimiento en prisión fue una decisión judicial abiertamente política. En el anterior recurso la sala de apelación alegó que no podía revocarla hasta que se “configurase el escenario político en Cataluña”.

El abogado de Junqueras ha defendido que tras el 21D dicho escenario está ya configurado y su cliente, al que han votado más de un millón de catalanes, tiene derecho a la “participación política”. Sin embargo, la configuración del escenario no ha salido al gusto del Supremo y el gobierno, pues la mayoría independentista en escaños hace posible que se repita un ejecutivo independentista e incluso que fuera el mismo Junqueras quien lo presidiera. Los catalanes han votado, pero no al gusto de sus señorías.

La derrota electoral del bloque monárquico el 21D no es aceptada por éste, y es evidente que se emplearán a fondo todos los medios necesarios para obstaculizar un nuevo gobierno catalán independentista o, si no lo logran, que se garantice que el nuevo ejecutivo autonómico nazca atado de pies y manos para abandonar toda reclamación de la república catalana o el derecho a decidir. Así es la democracia 155, del PP, Ciudadanos y el PSOE. Los catalanes pueden votar, pero su resultado puede quedar en “papel mojado” gracias a sus señorías.

Con el mantenimiento en prisión de cuatro diputados electos y la amenaza de encarcelamiento sobre otros cinco exiliados en Bruselas, el gobierno, Cs, el PSOE y la Judicatura quieren adulterar el resultado electoral del 21D. El hecho más grave es el imposibilitar a los dos principales candidatos a presidir la Generalitat a poder hacerlo. Puigdemont ya ha sido advertido de que será detenido si pisa suelo español y que no le permitirán ser investido si permanece en Bélgica. A Junqueras aún le tienen que aclarar si podrá asistir a las sesiones de constitución e investidura, pero aún logrando ser investido será un President secuestrado, ya que cualquier decisión “incómoda” se añadirá al sumario que le puede llegar a condenar a la inhabilitación y hasta a 30 años de prisión.

Pero estas injerencias no acaban aquí. En la primera sesión del Parlament, que el partido menos votado -el PP- decidió que sería el 17 de enero, intentarán aprovecharse de la posible ausencia de hasta 9 diputados independentistas para lograr la Presidencia de la Cámara. El 31 de enero y el 2 de febrero se buscará que fracase la votación de investidura. Se abriría así un plazo de dos meses en los que ERC y el PDeCAT deberían ponerse de acuerdo, no solo en el candidato, si no en si aceptan que estos 9 diputados renuncien a su acta y dejen correr la lista. Sin embargo, para los 5 de Bruselas, tampoco queda claro si la Judicatura aceptaría tal renuncia sin previamente haberse personado en el Parlament para hacer una toma de posesión física. Es decir, no está descartado que se pretenda obligar a Puigdemont y los 4 consellers exiliados su entrega para evitar la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en mayo.

Este viernes se conocerá la resolución del Supremo sobre Junqueras. Puede que decidan dejarlo en prisión, lo cual dejaría al bloque independentista sin candidato legalmente viable. Puede que lo liberen pero bajo la dura amenaza de volver a Estremera esta vez para no salir en muchos años. Sea como sea, el pos-21D está sacando a la luz, con más contundencia si cabe que el pre, el profundo giro bonapartista que está tomando el Régimen del 78 tras la aplicación del 155.

El PP, con el apoyo del PSOE y Cs en la cuestión catalana, el respaldo de la Corona -como se vió con el mensaje navideño de Felipe VI- y la Judicatura como brazo ejecutor, está a la cabeza de una reconfiguración en clave autoritaria y recentralizadora el Régimen de 78.

Allí donde las mayorías parlamentarias no le den los números, empleará jueces, fiscales y otras atribuciones arbitrarias, para imponer su voluntad. Lo estamos viendo ya con la intervención de Montoro en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid o en el recientemente anunciado tijeretazo en los presupuestos para las Comunidades Autónomas.

Independientemente de que ni Junqueras ni Puigdemont sean los candidatos que se deban apoyar desde la izquierda y los trabajadores, esta injerencia para desconocer el resultado electoral del 21D es inaceptable y un atentado antidemocrático. Tanto como la incomprensible pasividad de las entidades soberanistas y los partidos independentistas, incluida la CUP, que llevan semanas sin promover ninguna movilización mientras la ofensiva represiva sigue avanzando con nuevas querellas contra activistas, profesores y otros cargos electos. Por no hablar del silencio de Podemos, Izquierda Unida o los comunes, que parecen estar a la espera de una nueva convocatoria electoral en primavera que les permita mejorar su pobre resultado del 21D.

Esta desmovilización solo puede ser funcional a que el golpe del 155 se consolide -a pesar de haber perdido en sus propias elecciones-, la represión siga endureciéndose y el objetivo de que el resultado del 1-O se pueda efectivizar quede cada vez más lejos. Es urgente retomar el camino de la movilización y la autoorganización social, como se realizó el 1-O, el 3-O o el 8N, revitalizar los Comités de Defensa de la República, extenderlos a los centros de trabajo y estudio, y poner en pié un gran movimiento contra la represión y que luche por conquistar una república catalana por medio de la lucha de los trabajadores y la juventud. A su vez en el resto del Estado, es imprescindible que la izquierda que no comparte la equidistancia y pasividad de Unidos Podemos, ponga en marcha movilizaciones en solidaridad con Cataluña y contra la restauración reaccionaria en curso, que es la antesala de una nueva tanda de ajustes como ya preanuncia la liquidación del fondo de las pensiones.

Un movimiento así, independiente de las direcciones de los partidos soberanistas que se preparan para una vuelta a la normalidad autónomica si les dejan, sería el único capaz de ligar la lucha por la república catalana con la pelea por procesos constituyentes realmente libres y soberanos, donde poder imponer las reivindicaciones de resolución de los grandes problemas sociales a costa de los intereses de los grandes capitalistas españoles y catalanes, y forjar así la unidad en la lucha con la clase obrera del resto del Estado sin la cual será imposible derrotar esta brutal ofensiva del Régimen del 78 que arranca en Cataluña pero está pensada para el resto del territorio.