La implementación de nuevos peajes en la región Norte de Lima y que ha provocado movilizaciones en rechazo duramente reprimidas abre nuevamente la reflexión sobre las privatizaciones en el Perú.
Julio Blanco Dirigente de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores de Perú
Sábado 7 de enero de 2017
Foto: gestion.pe
Las recientes declaraciones a la justicia norteamericana de altos funcionarios de la empresa brasilera Odebrecht que incluyen al mismo Marcelo Odebrecht, han generado un terremoto político en el Perú ya que las mismas comprometen en actos de soborno a funcionarios públicos y a políticos de las últimas tres gestiones presidenciales y de la gestión “izquierdista” de la municipalidad de Lima encabezada por Susana Villarán. Incluso el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (quien es conocido por prácticas lobistas a favor de consorcios privados) podría estar implicado en estos sucesos delictivos ya que se desempeñó como ministro de economía y como premier durante el gobierno de Alejandro Toledo quien fue el que más se benefició de los sobornos, según lo manifestado por los funcionarios que se sometieron a colaboración eficaz.
Estos hechos han servido para poner en evidencia también la estrecha relación que existe entre el capital y el estado y como es que esta relación, tan naturalizada por los medios de comunicación y por los partidos políticos que buscan preservar el statu quo, se ha convertido en la causa principal de la corrupción.
De acuerdo a lo dicho por los funcionarios de Odebrecht que vienen siendo judicializados, esta empresa gastó en el Perú desde el año 2005 hasta el año 2014 más de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos de turno que van desde el gobierno central hasta los gobiernos locales a fin de que la empresa pueda ganar licitaciones públicas vinculadas al tema de la construcción que a la postre le reportan suculentas ganancias como son los más de 143 millones de dólares que Odebrecht ganó en el Perú hasta la fecha. Las obras más controversiales donde esta empresa logró grandes ganancias fueron: la carretera Interoceánica hecha durante el gobierno de Alejandro Toledo, la línea 1 del Metro de Lima la cual fue la obra emblemática del segundo gobierno de Alan García y la millonaria obra Rutas de Lima durante la gestión municipal de Susana Villarán que incluye el usufructo del peaje por parte de la empresa por 30 años (lo cual hace poco generó grandes manifestaciones de rechazo social).
Lo ocurrido en el Perú no es un hecho aislado, sino todo lo contrario, hace parte del modus operandi internacional que Odebrecht implementa en más de 27 países del mundo entero donde, según un reporte de la CNN del 27 de diciembre de 2016, la empresa “invirtió” en sobornos a políticos y funcionarios públicos la suma de 788 millones de dólares desde el año 2001 hasta el año 2016, logrando como consecuencia de ello ganancias que superarían los 12 mil millones de dólares. Estas prácticas se han vuelto muy comunes y recurrentes por parte de las grandes empresas en lo que va de la implementación del neoliberalismo en el mundo entero, lo cual ha permitido la gestación de una casta de políticos y funcionarios públicos al servicio exclusivo del gran capital, ello ha contribuido significativamente a acrecentar la crisis del régimen de democracia representativa.
¿Por qué ocurre esto?
Porque el neoliberalismo, que no es otra cosa que la expresión política de la “restauración burguesa” que el gran capital imperialista desplegó sobre el mundo entero para recuperar el terreno perdido liquidando y desviando para ello el ascenso social que se abrió entre los años 1968-1980, permitió también un conjunto de contra reformas económicas, políticas y sociales que buscaban revertir las conquistas obtenidas por el movimiento obrero durante los años del boom de post guerra, garantizando de esa manera las ganancias del gran capital bajo las banderas del libre mercado y de la inversión privada capitalista, la cual hoy, abiertamente y valiéndose de los políticos de turno y de una tecnocracia amaestrada y dócil, impone sus intereses sin ningún reparo ni rubor, incluso violentando sus propias normas jurídicas. Por esa razón, la definición de Marx de que “el estado moderno es una junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”, se convierte en pieza clave para entender el carácter sistémico de la corrupción.
Es precisamente ese Estado a través de sus instituciones medulares como el poder judicial y sus jueces, el que genera impunidad no solo para los empresarios que promueven la corrupción, sino también para sus operadores políticos. Por esa razón el ex presidente, Alberto Fujimori, sobre quien pesan gruesas denuncias por corrupción y violación de los derechos humanos, hoy goza de prisión dorada mientras su hija disputa recurrentemente la posibilidad de ser presidenta de la república amparada en un partido político cuyo financiamiento según la misma DEA provendría del tráfico de drogas. Por otro lado, tenemos los casos de ex presidentes como Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala cuyos mandatos se caracterizaron por estar al servicio de las recetas emanadas del consenso de Washington y por recibir sobornos como los que el caso Odebrecht puso sobre la mesa, sin embargo hoy están libres de toda responsabilidad penal y gozan de libertad plena.
Alternativas para encarar la corrupción
Podemos afirmar entonces que la impunidad de la que gozan los políticos neoliberales, los funcionarios y ex funcionarios públicos, así como los empresarios privados está garantizada por el Poder Judicial. Un Poder Judicial designado por las componendas de los mismos partidos políticos que sostienen el statu quo y que está compuesto por jueces que apañan al poder de turno, que siempre juzgan para la tribuna pero sin resultados concretos a los gobiernos salientes, pero nunca a los que están en el poder. Un Poder Judicial que se envalentona con el pueblo que lucha criminalizando la protesta social, mientras se hace de la vista gorda cuando de enfrentar a los poderosos se trata.
Por esa razón, afirmamos que este poder judicial no administra en realidad justicia, sino todo lo contrario; es el sostén legal de la injusticia social que el sistema capitalista genera. El Congreso de la Republica tampoco es garantía de imparcialidad ya que se encuentra copado por defensores del gran capital y por tanto de la corrupción. La comisión para investigar el caso Odebrecht será presidida por el congresista fujimorista Víctor Albrecht sobre quien pesan acusaciones por delitos de corrupción. Por ello, consideramos que es necesario que se den elecciones universales para elegir a los jueces y fiscales, sólo de esta manera los trabajadores y el pueblo en su conjunto podrá conocer el historial de aquellos que se encargaran de administrar la justicia.
El caso Odebrecht es un hecho emblemático de la corrupción en el Perú, a través de las privatizaciones de las empresas públicas, y que al igual que en otros países solo sirven para que empresarios se llenen los bolsillos con millones de dólares, corrompiendo a funcionarios y políticos. Debemos exigir la apertura de todos los libros contables de las empresas privatizadas y de aquellas ligadas a las obras públicas en especial del rubro de la construcción que fue donde se dieron los mayores índices de corrupción. Las empresas privatizadas deben ser investigadas por representantes elegidos por los mismos trabajadores que son los que con su trabajo generan la riqueza.
Debemos acabar también con el secreto bancario que es cómplice de los empresarios corruptos. Si lo que ganamos los trabajadores es público, ¿porque lo que ganan los empresarios puede ser ocultado y protegido por el secreto bancario y financiero? Esta demanda va de la mano de la creación de una banca nacional única para evitar la fuga de dinero, así como la nacionalización del comercio exterior para evitar todos los negociados que se realizan a través de importaciones y exportaciones.
En síntesis, para terminar con la corrupción y con los privilegios de la casta política, es necesario imponer mediante la lucha medidas que erradiquen de raíz las bases de la corrupción, como por ejemplo, que todo representante en cargo político electo (presidente, congresista, presidente regional, alcaldes) cobre un salario igual al de un profesor o al de un trabajador calificado, o que estos cargos sean revocables en cualquier momento por los propios electores si no cumplen el mandato para el cual fueron elegidos.
