Carlos Alberto Peyrin Matamala, de la ciudad de Concepción. Fue dejado en libertad condicional, sin embargo, esta habría sido fue revocada por incumplimiento de normas y condiciones. El abogado de Peyrin presentó un recurso de amparo por considerar arbitraria la resolución.
Sábado 12 de febrero de 2022
En diciembre de 2019 fue detenido e imputado por el lanzamiento de una bomba molotov, delito por el que fue sancionado a 3 años y 1 día de cárcel.
En junio del 2021 y tras cumplir 18 meses de reclusión en la cárcel El Manzano de Concepción, Carlos obtuvo la libertad condicional una vez que la justicia acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría. Hay que señalar que el beneficio había sido rechazado por la Comisión de Jueces, ya que el informe de la Comisión de Libertad Condicional ponía en duda la efectiva reinserción social de Carlos, al argumentar que no existía una admisión sobre la gravedad del ilícito por el que fue condenado. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción, al acoger el amparo, consideró que el informe psicosocial de Gendarmería no era categórico y dio valor a otros antecedentes presentados por la Defensoría Penitenciaria.
Lamentablemente ha sido revocada la libertad condicional que mantenía Carlos, así lo confirmó el seremi de Justicia (s), Robert Contreras:
“La comisión de libertad condicional determinó, en base a los antecedentes presentados por el centro de apoyo por la integración social de Concepción (…) en consideración a diversos incumplimientos al plan de intervención individual, deba revocársele este beneficio, puesto que ha incumplido una serie de normas y condiciones establecidas por nuestra legislación vigente para poder obtener los beneficios correspondientes”
Por su parte, el abogado de Carlos, Esteban Arévalo, presentó un recurso de amparo por considerar arbitraria la resolución, y se solicita a la Corte revocar la medida y mantener en definitiva la libertad condicional:
“considerando el tiempo que queda, que la persona encontró trabajo, que la persona no ha vuelto a delinquir, que la persona está tratando de reincorporarse a la sociedad; faltar a unos talleres dentro del plan de intervención, no puede ser tan grave para devolver a una persona a la cárcel.”
Además, hay que señalar que mientras estuvo detenido Carlos se preparó para rendir la prueba de selección universitaria sin apoyo del sistema carcelario y en condiciones de opresión y hostigamiento constante por parte de Gendarmería, ya que fue aislado y no se le permitía tener libros, entre otras medidas. A pesar de todo, logra ingresar a la Universidad Católica de Concepción para estudiar Licenciatura en Historia, pero Gendarmería mantuvo su actuar opresivo y le negó la posibilidad de que pudiera incorporarse a sus estudios alegando falta de recursos, infraestructura, ni medios tecnológicos, además de personal para cuidar a Carlos durante las horas de estudio. Una clara demostración de la política que impulsa, en todo nivel, el gobierno de Piñera en contra de los presos políticos de la revuelta, vulnerando el derecho a educación de Peyrin.
Frente a esto, la Corporación por los Derechos Humanos Sebastián Acevedo, Mujeres Unidas Contra la Impunidad y la Vocería de Carlos Peyrin Matamala levantaron un comunicado donde solicitaban a “las autoridades correspondientes aseguren las condiciones para que Carlos tenga el derecho a educarse, como cualquier ciudadano, mediante la consideración de medidas como el beneficio de la salida diaria o las condiciones dentro del penal para acceder a sus materiales y clases mientras logra su libertad condicional. Es lo mínimo para garantizarle el derecho a la educación.”
Puedes leer el comunicado aquí.
Durante esta semana, familiares, agrupaciones y amigos de joven se manifestaron frente a tribunales de justicia en Concepción exigiendo que se mantenga el beneficio de libertad:
A su vez, la defensa de Carlos recurrió a la Corte Suprema para revertir la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, ya que la Corte se basa exclusivamente en el informe del consejo técnico de Gendarmería, presentado al tribunal por la comisión de libertad condicional de la institución carcelaria. Dicha información se refiere al incumplimiento parcial de un solo elemento del plan de intervención del régimen penitenciario y considera la apreciación subjetiva de una posible reincidencia, elaborada por la delegada de libertad condicional de El Manzano.
Carlos ha asistido a una serie de talleres enmarcados en un plan de intervención social, dictados por Gendarmería. Del total solo ha faltado a algunas de las clases, cumpliendo con más del 50% del total requerido y el resto las justificó mediante un contrato de trabajo como jornal en una construcción, otro de los documentos requeridos para mantener el mismo beneficio. Por esto, el abogado enfatizó en que, “hay contradicciones en los informes de Gendarmería”, ya que “Existía una justificación laboral para haber faltado a los talleres” (…) “en los informes de la delegada de libertad condicional no se señala que Carlos estaba trabajando con un contrato y en el ítem de empleabilidad del plan de intervención tiene como objetivo que la persona busque y encuentre trabajo”
En lo inmediato, la Corte Suprema debería pronunciarse durante la próxima semana a menos que solicite un nuevo informe de Gendarmería, “Esperamos que la corte pueda examinar el caso concreto, viendo todos los antecedentes, no solo enfocarse en un solo ítem que es la asistencia o no a los talleres. El objetivo del plan de intervención es la reinserción de las personas y por un incumplimiento de este tipo, no es razonable devolver a la persona a la cárcel, porque ahí no se logra nunca una reinserción”, señaló el abogado del joven.
Fueron millones, al igual que Carlos, quienes salieron a las calles durante el estadillo social del 2019 cansadas/os de la desigualdad y abusos que imperan en Chile hasta el día de hoy, herencia de la dictadura de Pinochet. Carlos es uno de los cientos de presos políticos que dejó el proceso de la revuelta, resultado de la política represiva de Piñera y su gobierno, castigando con cárcel a toda persona que quiera cuestionar al régimen y al modelo económico-social imperante y decida salir a las calles y manifestarse. Revistiendo de impunidad a las fuerzas represoras, dejando que carabineros y militares mutilaran, toruraran e incluso asesinaran a quien protestaba en las calles, de forma ejemplificadora para el resto del pueblo. Como una gran amenaza.
La lucha de Carlos sigue viva junto con la de todas las personas que aún se encuentran presas por participar de las legítimas protestas que sucedieron en el estallido social. ¡A no soltar las calles, porque solo mediante la movilización y unidad en la lucha será posible la libertad de cada compañero y compañera presa/o por el gobierno del criminal de Piñera!
