Como cada año desde hace 51, la exigencia de justicia por la masacre de Tlalelolco cimbrará la Ciudad de México este 2 de octubre. La Jefa de Gobierno capitalina anunció un nuevo protocolo que incluye, entre otras medidas, el despliegue de más elementos policíacos y el llamado a la población a cercar la manifestación en conjunto con las fuerzas represivas.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Martes 1ro de octubre de 2019
Este miércoles 2 de octubre se cumplen 51 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco. Como cada año desde aquella fatídica fecha, familiares y sobrevivientes convocan a organizaciones, colectivos y sociedad civil a sumar su voz a la exigencia de justicia y de juicio y castigo a los responsables.
La marcha, que recorrerá su ruta histórica de Tlatelolco al Zócalo capitalino, partirá de la Plaza de las Tres Culturas a las 16:00 horas.
La administración de Claudia Sheinbaum, que insiste en un discurso de apego a los Derechos Humanos, ha anunciado para esta fecha la aplicación de un nuevo protocolo que contempla, además de un mayor despliegue de elementos de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la realización de un cerco a la manifestación, el cual estaría conformado, explicó, por civiles y policía.
Este protocolo busca justificarse tras las imágenes de vidrios rotos y pintas durante las manifestaciones del 26 y el 28 de septiembre, pero puede identificarse como continuidad del clima de criminalización que rondó las protestas de agosto pasado en repudio a la violación sexual cometida por elementos de la Policía de Sheinbaum en contra de una menor de edad. Una y otra vez, medios de comunicación replicaron en sus plataformas digitales, radiofónicas, televisivas e impresas, las imágenes de las acciones más aparatosas, acompañadas de un discurso de miedo y criminalización.
Como un deja vu que recuerda la cobertura que hacían los medios de las protestas juveniles hacia el ocaso del #YoSoy132 o el que hicieron durante lo más álgido de la represión en contra del magisterio combativo que enfrentaba la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, frases como "vándalos" o "anarquistas" no hacen sino instalar en el sentido común de la población la idea de que, si reprimen a estos "vándalos", el gobierno "habrá hecho bien".
Ligado a este discurso criminalizador de los medios -y auspiciado por órganos empresariales como la Coparmex- se encuentra el discurso securitarista tras el cual las autoridades capitalinas, con Sheinbaum a la cabeza, buscan hacer creer que el hostigamiento y la vigilancia impuestos a la marcha son producto de una preocupación legítima por la seguridad de la población y del patrimonio.
De esta manera también buscan explicar y naturalizar la militarización y cada vez más presencia policíaca por toda la Ciudad.
Es decir, una vez inventado "el enemigo", crean un verdadero objeto de paja sobre el cual descargar la hipocresía de una administración que recorta el presupuesto al INAH y a sus trabajos de mantenimiento de patrimonio histórico nacional, pero que ante unas pintas reacciona con todo un despliegue de recursos que más bien parece en cumplimiento de los reclamos empresariales, cuyos negocios requieren un clima social tranquilo (o al menos controlado). La Ley Garrote, aprobada en Tabasco para garantizar la construcción de la refinería en la zona es una de las medidas de la 4T que son muestra de cómo se prepara y se justifica la represión.
El llamado a la población civil a integrar, junto a la policía, un cerco a los contingentes, está muy lejos de ser una medida pacifista. Por el contrario, expone a un clima de confrontación con quienes se movilizan y refuerza la división entre quienes enfrentamos por igual el embiste de los ataques a los derechos democráticos y las violentas consecuencias de la militarización.
Quienes hemos vivido en carne propia la criminalización por ser jóvenes y organizarnos, sabemos que quienes van a la cárcel no son los halcones y provocadores cuya complicidad con las autoridades ha quedado plenamente registrada, como durante la famosa quema de la puerta de Palacio Nacional.
Sabemos, porque hasta hace algunos años la hoy muy bien alineada Comisión de Derechos Humanos capitalina lo destacaba, que las manifestaciones pacíficas eran aquellas en las que no se realizaban despliegues policíacos. Sin embargo, esto nunca le ha importado a las administraciones en turno. Del policía Mancera a Sheinbaum "la pacifista", quienes continuamos en vilo ante las medidas represivas de un gobierno legitimado por 2.5 millones de votos somos las mujeres, los trabajadores y la juventud.
