El intendente de La Plata, Julio Garro (Cambiemos) acaba de enviar al Concejo Deliberante un proyecto de Código de Convivencia para regimentar el uso de los espacios públicos de la ciudad.
Martes 16 de octubre de 2018 13:16
El intendente de La Plata, Julio Garro (Cambiemos) acaba de enviar al Concejo Deliberante un proyecto de Código de Convivencia para regimentar el uso de los espacios públicos de la ciudad. Penaliza desde el tradicional festejo del carnaval en los barrios, hasta la venta ambulante, pasando por los festejos estudiantiles o incluso hasta la realización de un simple ciclo de cine. Desarrolla un especial ataque al derecho a la protesta y la movilización. Todo es plausible de sanciones, multas onerosas y hasta el arresto por 30 días.
El intendente de La Plata Julio Garro que vive en el exclusivo barrio privado Grand Bell, pretende transformar a toda la ciudad capital en un gran country. Bajo un espíritu completamente punitivista, la normativa que Cambiemos envió al Concejo Deliberante hace unos días atrás, busca cercenar libertades, apuntando especialmente contra la juventud y los trabajadores de la región.
Según datos recientes del INDEC, La Plata se ubica como la sexta región con el índice más alto de desocupación del país, afectando principalmente a las mujeres, que sufren la tasa de desempleo y precarización más altas. En este contexto, el Código de convivencia impulsado por el ejecutivo local, desarrolla una batería de prohibiciones y sanciones sobre quienes tienen como única medida de subsistencia, trabajos informales, precarios y sin derechos.
Ni changas
En el Código platense se presenta como delito contravencional el recurso laboral de la venta ambulante, al que cada vez más personas recurren para poder sostener s sus familias, muchos de ellos migrantes y especialmente mujeres. Legalizando a su vez la confiscación de sus mercaderías, cosa que la policía ya vienen haciendo de hecho en cada redada que realizan, privando así de los medios de subsistencia a los sectores más vulnerables.
Además, el nuevo código también prohíbe que personas ofrezcan un servicio a los automovilistas detenidos en un semáforo. Es decir castiga a aquellos (jóvenes en su mayoría) que limpian vidrios como único rebusque de subsistencia o a las personas, muchas de ellas con discapacidades que no acceden a una pensión, que venden en los semáforos. Para completar este cuadro de criminalizar la pobreza también limitan, regimentan y en algunos casos prohíben la actividad de cientos de recicladores urbanos que, con el trabajo por su cuenta de cartoneo, seleccionan y reducen los residuos sólidos urbanos.
Ni el arte se salva
En la larga lista de prohibiciones y sanciones, este código también transforma en delito expresiones artísticas y culturales, criminalizando desde formas de expresión (como pintadas o murales), hasta la prohibición de la realización de ciclos de cines, las fiestas barriales de carnaval, los festejos estudiantiles por su UPD. Para este gobierno todo lo que no esté mediado por la organización comercial de la diversión, todo lo que no sea redituable para los empresarios para los que gobierna, es visto como infracción y debe penarse.
Sin derecho a la protesta
El intendente Julio Garro pretende pasar por encima de los derechos constitucionales más básicos e imponer, en nombre de la convivencia, una mirada punitivista sobre los derechos de los trabajadores y la juventud.
Con la introducción de un largo artículo, se pretende “enseñar” como se debe protestar bajo el mandato de Cambiemos en la ciudad. Por ejemplo, ya no se podrá movilizar por la calle, sino que habrá que desplazarse por las veredas, y para realizar una manifestación se deberá notificar con antelación al municipio. Bajo amenaza de multas, clausuras y hasta arresto por 30 días, se quiere limitar el derecho a la protesta, justo cuando las políticas del gobierno de Macri/Vidal y también de Garro están golpeando cada vez más los bolsillos y las condiciones de vida de los trabajadores y cuando se prepara, junto a los gobernadores peronistas un presupuesto de ajuste y saqueo, a la medida del FMI, que implicara menos plata para salud, educación y salarios y un escenario de conflictividad social cada vez más grande.
Imponer la ley del garrote, tiene la intención de disciplinar a la juventud que tiene mucho peso en nuestra ciudad. Al movimiento estudiantil universitario y secundario que viene peleando en defensa de la educación pública, pero que además ha sido el gran protagonista de la ola verde por el derecho al aborto legal seguro y gratuito.
Otro de los destinatarios de las prohibiciones de este código son los trabajadores que protesten o reclamen por sus derechos, como los del Astillero Rio Santiago, vienen enfrentando el vaciamiento de la fábrica por parte del gobierno de María Eugenia Vidal y el peligro de despidos, o como los docentes que luchan por sus salarios y las escuelas que se caen a pedazos.
El gobierno de Cambiemos intenta mostrar un perfil de dialogo y debate con los vecinos, montando un circo. Esto no es más que una farsa de dialogo de un gobierno que pretende regimentar la ciudad, para que siga siendo el negocio de un puñado de empresarios, mientras la pobreza, emergencia habitacional y desocupación siguen siendo las tres principales características que este gobierno profundizo.
Las organizaciones del movimiento estudiantil, sindicales, de las mujeres y los DDHH tenemos que enfrentar este intento represivo del Gobierno municipal, impidiendo que este código se sancione. La única forma es comenzar un gran debate en todos los lugares de trabajo estudio y los barrios para movilizarnos para impedirlo.
