Crisis Sanitaria. El colapso de los hospitales públicos y el dramático dilema por las camas UCI

Según las denuncias de los médicos y las declaraciones del presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Dr. Jesús Valverde, hoy los médicos se ven obligados, por las circunstancias críticas en las que se encuentra el sistema sanitario, a decidir a qué pacientes les permiten tener acceso a las camas UCI y a quienes no. Esto ha llevado a que se priorice a aquellos que tienen más posibilidades de vivir – como los jóvenes, por ejemplo - con lo cual, se ven obligados a dejar abandonados a su suerte a los adultos mayores, negándoseles así el derecho fundamental a la vida a este sector importante de la población.

Este dramático dilema al que se ven obligados a enfrentarse los médicos peruanos, debido a las poquísimas camas UCI que se tiene disponibles, a la falta de respiradores artificiales y la carencia de infraestructura hospitalaria, no es - en ningún caso - responsabilidad de ellos, sino, es responsabilidad del gobierno, el cual, 6 meses después que la Organización Mundial de la Salud OMS declarara al Covid-19 como una pandemia mundial y después de dos meses de cuarentena, no ha podido implementar una política seria para dotar de mejor infraestructura a los hospitales, ni implementar testeos masivos que nos permitan conocer realmente el número de infectados y su consiguiente aislamiento y atención debida. A esto se suma que, desde el ejecutivo no se hayan dado la molestia de dotar de EPP a las y los trabajadores de la salud y cubrir otras necesidades urgentes de quienes están en primera línea.

Y todo esto, porque la atención del gobierno, en lo que va de la cuarentena, ha estado centrada en crear las condiciones jurídicas y políticas para que los grandes capitalistas puedan sacar el mayor beneficio posible a costa del dolor y la muerte del pueblo trabajador, que es el que se viene contagiando masivamente en este último tramo de propagación del virus. Por esa razón, hace poco se anunció el salvataje del Banco Central de Reserva BCR a las AFPs. Esta medida se aúna a la suspensión perfecta que legaliza los despidos masivos, al salvataje de 30 mil millones de soles a los bancos y la subvención de las planillas de los empresarios en el primer tramo de la cuarentena.

Esto ya no puede seguir así, sobre todo cuando vemos que a diario se multiplican las denuncias de contagios, muertes y falta de atención a la población infectada, personal médico, enfermeras, enfermeros y otros sectores vinculados al sistema sanitario y trabajadores de otros rubros, como los servicios, que, por la necesidad de tener un salario para subsistir, se ven obligados a salir a trabajar. Por eso, debemos exigir que a todas las y los trabajadores del sector salud se les asegure la realización de pruebas moleculares periódicas y gratuitas, porque están en la primera línea de combate a la pandemia.

También deben tener esa posibilidad todas las personas que trabajan en sectores esenciales, como producción, distribución y venta de alimentos, supermercados, farmacias, transporte, servicios de limpieza, telecomunicaciones y funerarias. Así mismo, las pruebas moleculares gratuitas deben estar disponibles para todos aquellos que presenten un solo síntoma de coronavirus o que hayan tenido contacto con personas diagnosticadas ya como portadores del virus. Todo esto en la perspectiva de hacer extensivo el testeo molecular al conjunto de la población.

Ante el colapso de los hospitales y el desfinanciamiento del sistema sanitario, es urgente que las clínicas privadas sean declaradas de utilidad pública y pasen, por tanto, a ser parte del sistema de salud publico junto a los hospitales del MINSA y ESSALUD. Y para que estos funcionen adecuadamente y prioricen la vida del pueblo en su conjunto, deberán estar bajo el control de sus trabajadores y de comités de usuarios democráticamente organizados, mas no de burócratas como Fiorella Mollineli, Pilar Mazzetti o el mismo Víctor Zamora, que solo sirven a los intereses encubiertos de los grandes empresarios y los consorcios privados que lucran con la salud, como viene ocurriendo con las grandes cadenas farmacéuticas que, ante la propagación de los infectados, han elevado groseramente el costo de medicamentos básicos, y todo con la venia y la complicidad de estos funcionarios públicos e instituciones como el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor INDECOPI, que han preferido mirar para otro lado.

Y para generarnos los recursos financieros que nos permitan cubrir las necesidades de infraestructura médica, se debe implementar cuanto antes un impuesto progresivo a las ganancias de los grandes empresarios, el cual deberá partir de la apertura de sus libros contables y su secreto bancario, para que todos podamos saber realmente cuánto ganan estos sectores a través de sus empresas, bancos y AFPs y cuanto cotizan al estado a través de sus impuestos. Así mismo, debemos poner en discusión la necesidad de nacionalizar nuestros recursos naturales, como los recursos mineros, por ejemplo, y ponerlos bajo control de los trabajadores y el pueblo organizado, solo de esa manera tendremos los recursos suficientes para dotarnos de un sistema sanitario público, de calidad y al alcance de las grandes mayorías.

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