DECRETO 83. Educación diferencial: ¿inclusión o más agobio en la educación pública?

Con las actuales reformas a la educación, los profesores y las profesoras estamos viviendo un proceso de cambios que afectan tanto nuestra estabilidad laboral como el quehacer pedagógico.

Sufrimos con la nueva ley de carrera docente que nunca quisimos y que no nos representa, la cual dejó a muchos en un tramo inexistente “de acceso” y que dejó en evidencia la precariedad del sistema de evaluación docente, el cual desde su aplicación no ha logrado hacerse cargo de las diferentes modalidades educativas, teniendo así miles de profesores sin evaluación. Además se prometió un proceso de mentoría para profesores nuevos, que tampoco se ha efectuado. La carrera docente no funciona y no está cumpliendo.

De la misma manera, tenemos una reciente ley de inclusión, que promueve el ingreso de una gran diversidad de estudiantes y por tanto, requiere también de diversas estrategias e inversión de tiempo y recursos para lograr que quienes tienen más dificultades puedan avanzar en el proceso educativo, pero en la práctica nada se hace por ser más inclusivos.

En febrero de 2015 aparece el decreto nº 83, que señala que con recursos de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) se llevarán a cabo en las escuelas una serie de cambios con el fin de atender a la diversidad dentro de las aulas en forma común, y no específicamente como se venía realizando. Esto nos habla de muchos temas como: aplicar un Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), realizar Planes de Adecuación Curricular Individual (PACI), e identificar estudiantes con Altas Capacidades (AACC), esto ya sea con o sin Programas de Integración Escolar (PIE) que es lo más escandaloso porque se estaría realizando sin los profesionales especializados, los educadores diferenciales.

Estos cambios tienen un fin claro que es entregar a los estudiantes una educación pertinente a todas y cada una de las necesidades que existen al interior de la escuela, una necesidad real, sin embargo, hasta la fecha no se han llevado a cabo acciones que permitan hacer efectiva la aplicación del decreto nº 83, lo cual deja a los estudiantes más vulnerables sin un acceso adecuado a la educación al no asegurar las herramientas adecuadas para llevar adelante esta tarea.

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), dependiente del Colegio de Profesores, no ha efectuado capacitaciones necesarias y pertinentes para, en primer lugar, dar a conocer el decreto y su contenido, ni tampoco respecto a las temáticas que todo profesor debiese tener presente para su puesta en práctica. Por el contrario lo que está sucediendo es un tremendo negociado con cursos online o presenciales en distintas agencias de Asistencia Técnica de la Educación, las llamadas ATES, y universidades privadas.

A la fecha no contamos con una mayor cantidad de horas no lectivas que nos permitan realizar un trabajo colaborativo y sistemático en torno a las necesidades educativas especiales que tenemos que abordar en nuestros estudiantes. Un 70/30 es totalmente insuficiente para dicha tarea. Por otra parte, en muchas comunas las 3 horas cronológicas de trabajo colaborativo correspondiente al decreto nº 170 de PIE, se han reducido o derechamente retirado, sumándola solo a las horas no lectivas del profesor de aula común, sin considerar una coordinación con los profesores diferenciales.

Además, no se han entregado recursos materiales, didácticos ni tecnológicos que permitan apoyar la implementación de estrategias diversificadas de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. Según propone el DUA. Los dineros de PIE que deben ser únicamente usados en recursos profesionales, técnicos, materiales y capacitación se destinan a otros fondos. Hay que mencionar el grosero fraude en la comuna de Quinta Normal respecto a estos dineros.

Es necesario que el Colegio de profesores encabezado por el nuevo presidente Mario Aguilar (Partido Humanista), cuyo partido recientemente proclamó a Beatriz Sánchez como candidata, asuma su rol en relación a estas temáticas que quedaron pendientes cuando él mismo era el encargado del Departamento de Educación Especial.

Por tanto, aludimos al nuevo encargado Eduardo González (MUD), para tomar acciones urgentes a nivel nacional, que perfectamente pueden partir por impulsar una jornada de reflexión nacional para conocer las diversas problemáticas que se están dando en torno al funcionamiento irregular del Decreto nº 170 (PIE) y el reciente decreto nº 83 que tiene una progresión que afectará gravemente la labor docente y la atención de los estudiantes, así como también la reciente reforma educacional del Gobierno que está en el parlamento, y discutir acciones a seguir para detener esta nueva fuente de agobio que además será perjudicial para la labor docente y la calidad de la educación pública.