#NiUnaMenosSinVivienda. El derecho a la vivienda desde la Patagonia más al Sur

El acceso a una vivienda digna, es un derecho social dentro de los Derechos Humanos y constitucionales, pero en nuestro país, no está garantizado para los sectores más empobrecidos.

Hace décadas que existe una déficit habitacional, donde muchas familias por diversas causas como: la falta de trabajo, vivir en alquileres con un precio elevado para un salario bajo, se ven expulsadas, teniendo como única alternativa, ocupar un predio o un terreno para levantar precarias casillas, careciendo de la comodidades mínimas como es red de agua potables, cloacas, gas, electricidad, o vivir hacinadas.
En el actual contexto de pandemia las tomas masivas hoy son 6. La Provincia de Buenos Aires reconoce seis grandes tomas de terrenos con conflictividad social: dos en La Plata, dos en La Matanza, una en Moreno y la de Guernica, en Presidente Perón. En Moreno frenaron 24 intentos solo en agosto y en General Rodríguez hay hasta 10 amenazas por fin de semana. Es decir, esto es la consecuencia de la profunda crisis social y económica que se viene generando en el país a causa de los continuos despidos, reducción de horas laborales y trabajo precarizado.

La solución propuesta por el gobierno nacional no alcanza, el IFE de 10.000 pesos no puede cubrir los gastos de una familia, mucho menos el de un alquiler.
Los medios de comunicación hegemónicos, plasman un discurso donde criminalizan la pobreza y defienden la propiedad privada. Este discurso no es ingenuo, ya que es el que reproducen los sectores más reaccionarios de la sociedad.

El Estado lejos de pensar en una solución definitiva para estas familias, responde con represión. Sin contemplar que en estos terrenos viven niños, mujeres, personas de edad avanzada y también con diversos problemas de salud.

Trabajadoras de casas particulares, vendedoras feriantes o que vivían de changas, ya que por la pandemia se quedaron sin su trabajo o porque sufrían violencia de género son mujeres que empujadas por la crisis, el desamparo por parte del Estado y de los organismos contra las violencias de género, intentan de forma desesperada encontrar una solución a sus problemas, una solución que debería dar el mismo Estado.

En la Patagonia, no somos ajenas a esta situación, porque el Estado se ha encargado por años de vender tierras pertenecientes a los pueblos originarios (mapuches y tehuelches) a un bajo precio a grandes terratenientes o empresarios como es el caso de Lewis o Benetton en Chubut. En la Patagonia fueguina tenemos el caso de las tierras que fueron ocupadas por los Menéndez Behety-Braun y que hoy manejan el emporio empresarial de “La Anónima” a costa del genocidio a los Selk´nam.

También las dudosas 24 hectáreas en la localidad de 28 de Noviembre, Santa Cruz, del actual Ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni.
Muchas veces los propósitos de estos empresarios para adquirir estas tierras son para realizar negocios inmobiliarios y enriquecerse a costa de arrasar con los bosques nativos. Mientras que para los pueblos originarios el quedarse sin su tierra y medio de subsistencia, es muy significativo, ya que no solo son despojados de su hábitat, si no que se ven impedidos de concretar sus prácticas ancestrales, como el nguillatun. Incluso hubo casos donde fueron destruidas sus tierras sagradas, donde le dan sepultura a sus seres queridos, los chenques.

A qué apuntamos con estos ejemplos. Apuntamos a que la tierra es el gran negociado de los gobiernos y de las clases dominantes por sobre la clase trabajadora y los más vulnerados. Si vamos a hablar de legalidades e ilegalidades levantemos una gran campaña para que estos personajes funestos que se apropiaron de miles de kilómetros de tierras las devuelvan. Y si no hay que preguntarse ¿por qué a unes se los persigue y a otros se los privilegia?

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Desde Pan y Rosas en el PTS, denunciamos esta situación e invitamos para la jornada del día 17 de septiembre a tomar como consigna: #NoALosDesalojos. #TierraParaVivir. #BastaDeRepresión, #NoAlPagoDeLaDeudaConElFMI, #PlataParaViviendas.

Repudiamos toda acción represiva contra las personas que se encuentran en esta situación. Desde las tres provincias de la Patagonia más al Sur, rodeamos de solidaridad, como clase trabajadora, como mujeres, como militantes feministas, a todas las familias que se encuentran en Guernica, y gritamos bien fuerte: ¡La vivienda no es un delito!