Inyección de 200 millones de dólares diarios para aumentar la liquidez en el mercado cambiario y proteger a los empresarios del aumento en sus deudas en moneda extranjera. Mientras millones se destinan a las grandes empresas se siguen previendo recortes al presupuesto en salud y educación.
Diana Valdez México D.F. / @yellikann
Miércoles 5 de agosto de 2015
Foto: Imagen de Zacatecas
La caída del dólar
La depreciación del dólar que comenzó a mediados de octubre del año pasado sumada a los efectos de la caída de los precios del petróleo, y el bajo pronóstico de crecimiento hicieron que el gobierno federal tuviera que actuar ante el bajo ingreso registrado y la presión de los empresarios.
Mientras los ingresos de la nación vinieron a la baja con la caída de los precios del petróleo, bajó el crecimiento económico y se depreció la moneda; las autoridades federales respondieron con recortes al presupuesto sobre todo en salud, educación y el campo.
No se recortaron los millones destinados al gasto corriente que corresponde a los salarios de funcionarios y legisladores, no se impusieron impuestos progresivos a las grandes fortunas de empresarios como Carlos Slim, por el contrario se decidió recortar derechos para las y los trabajadores.
Debido a la tendencia al alza del dólar, las grandes empresas como Bimbo y Coca-Cola aumentaron sus deudas en moneda extranjera en 9.6% para el segundo trimestre de 2015. Empresas como Cemex mantienen deudas en dólares hasta en 98% de sus pasivos. Era necesario que el gobierno hiciera algo para cubrirles las espaldas, ya que la devaluación amenazaba descontrolarse e ir más allá de un ajuste limitado que beneficia al gobierno y a los especuladores financieros. Además, una devaluación desenfrenada implica en el corto y mediano plazo una espiral inflacionaria, y consecuencias políticas para un gobierno que viene golpeado por el descrédito y el descontento popular.
Tanto el aumento de la deuda de las empresas como el aumento en los precios de los insumos que normalmente son adquiridos en dólares provoca para las empresas un estado de incertidumbre, pues sus ganancias podrían verse afectadas si el gobierno federal no tomara medidas que pararan la caída de la moneda.
Esto provoca varias reacciones por parte de los empresarios que no ven de ninguna manera la posibilidad de perder un centavo, al descargar la subida de los costos de producción o el aumento en los pagos de sus deudas de múltiples formas afectando a los más pobres a los más pobres: aumentando los precios, manteniendo los salarios a la baja, recortando prestaciones, eliminando el seguro social e incluso dejando a familias en la calle con despidos que les permitan abaratar costos, reponiendo el trabajo de él o la trabajadora despedida exigiendo mayor productividad a sus compañeros.
Algo no suena bien
La crisis financiera abierta para la economía mexicana la están pagando las trabajadoras y los trabajadores. Mientras el gobierno inyecta 200 millones de dólares para salvaguardar la salud de las ganancias de las empresas que aumentan sus ventas en un 8.1% aprovechándose de la incertidumbre económica, y exigiendo al gobierno aplique medidas que controlen la volatilidad de la moneda; se aplican a los trabajadores mexicanos reformas estructurales como la educativa, la energética y la fiscal que precarizan la vida y privatizan los servicios básicos como el caso de la salud, sector en el que se espera un fuerte golpe.
Sin duda, va en contra de la política del gobierno utilizar esos cuantiosos recursos que se usan para salvar a los empresarios, para salvar vidas donde la gente muere por no tener un hospital cerca y permitir a las niñas y niños mexicanos estudiar hasta nivel superior de manera gratuita.
Con el dinero aprobado para que se inyectara por parte del Banco de México para superar la crisis cambiaria, podría mantenerse a 206 mil alumnos nuevos en educación básica según el cálculo del Instituto Nacional de Evaluación y Educación que estima en 15500 pesos por año a cada estudiante, o construir 4 hospitales equipados calculados en 50 millones de dólares según datos del Instituto de Salud del Estado de México.
Pero no queremos decir que haya que dejar pasar la devaluación, esto tampoco beneficiará a la clase trabajadora. Como ya hemos explicado acá, la depreciación del peso ya tiene graves consecuencias para el bolsillo de las familias trabajadoras y estas podrían agudizase. Al gobierno federal no le ha alcanzado ninguna política para frenan la tendencia a la crisis financiera.
Algo no suena bien cuando los que se dicen representantes populares protegen los intereses de unos cuantos y permiten ataques contra los derechos democráticos de las mayorías. El descontento y la indignación que abrió una crisis política para el gobierno federal desde el caso Ayotzinapa podría retomar fuerza si es que los precios siguen subiendo, continúen los ataques a los derechos laborales y se incrementen los despidos, eso podría traer nuevos costos políticos para el ya mal visto gobierno de Enrique Peña Nieto.
