Como quien no quiere la cosa, el empresario ligado al kirchnerismo usó el dineral de $ 8 mil millones retenidos en impuestos para financiar la expansión de sus negocios.
Jueves 17 de marzo de 2016 00:00
El zar del juego no quiso dejar nada librado al azar. A la hora de buscar fondos para sus negocios no puso dinero propio ni pidió créditos: usó plata que debía entregar al fisco. Se trata de lo recaudado por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles. Durante años recaudó por este impuesto (una parte importante del valor final de la nafta) para guardarlo en su bolsillo. Así, alcanzó el dineral de $ 8 mil millones. Es decir, el equivalente al pago de un año de AUH para 700 mil personas, a valores de hoy. Como buena parte de esta deuda es de años en los que el peso tenía más poder de compra, habría alcanzado para mucho más.
Fabián de Sousa, el hasta ahora socio de Cristóbal López que ahora con la división del Grupo Indalo retendrá las empresas de medios y combustibles, sostuvo sin sonrojarse que dejar de pagar impuestos para financiarse es “absolutamente legal”. “Lo que hemos tomado es la estructura de financiamiento que está disponible en la Argentina”, afirmó.
El mayor escándalo de esta afirmación es que es completamente cierta, pero es una de esas verdades que no deberían confesarse, porque deja en evidencia a toda la clase empresaria.
La “absoluta” legalidad y “normalidad” de usar fondos impositivos para financiarse, no deja por eso de escandalizar. El hecho de que esto sea impensable sin el aval del fisco, ilustra la obsequiosa actitud del Estado cuando se trata de estimular la acumulación de capital sacrificando fondos públicos. Estímulo que conlleva, además, la posibilidad de que ocurra la preferencia de algunos grupos por sobre otros, como efectivamente observamos en los últimos años (y en los 90, y en los 80, y en el proceso, y en… así sucesivamente).
Hay investigaciones que demuestran que desde los años 50 la evasión tributaria y el impago de obligaciones fiscales son mecanismos con los que los empresarios solventan sus negocios. Para las grandes empresas la evasión impositiva directamente “se legaliza”, pasando a “tomar la forma legal de los regímenes especiales de promoción” (Juan B. Iñigo Carrera, La acumulación de capital en la Argentina, CICP, 1998). Pero esto no significa, como muestra el caso Cristóbal López, que la evasión impositiva y la morosidad con el fisco desaparezcan para las grandes firmas. Aunque la autoridad fiscal se esfuerce por guardar las formas y darle visos de legalidad.
El caso del Grupo Indalo muestra de forma agigantada lo mismo que diariamente hacen decenas de miles de empresarios. El incumplimiento de los aportes al sistema previsional es cosa de todos los días. Pero también del IVA, cobrado a todos los consumidores pero desviado antes de llegar a la AFIP. Organismo que después arma moratorias a la medida de los empresarios evasores.
No sorprende el caso de Cristóbal López y su socio. Sorprende, sí, que De Sousa reconozca con tanto desparpajo que es algo “normal”.
