Derecho a vivienda. El despojo y la falta de vivienda pública es una realidad que avanza en la CDMX

Gentrificación

Los beneficios que dejan las agencias de estancias de paso, como AirBnB –que concentra el 90 % de alojamientos en destinos turísticos en el país– , a lxs propietarixs inmobiliarios y a las empresas privadas, han hecho que la gentrificación avance a pasos acelerados en la Cdmx, Playa del Carmen, Cancún y Puerto Vallarta.

Los contratos con esta forma de alquiler existen desde 2017 en la CDMX, con el beneplácito de la gobernadora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha permitido su entrada sin impedir que propietarixs de los inmuebles echen a sus inquilinxs para cobrar rentas más caras con un promedio de estancia de 6.3 días.

Hay casos de personas que habían vivido en estos departamentos hasta por más de 22 años. El pasado mes de octubre hubo varias protestas contra el acuerdo de colaboración firmado entre la plataforma digital AirBnB y el gobierno capitalino. También hubo protestas contra proyectos inmobiliarios que despojan de agua a las colonias, como sucede en Santa Úrsula por la construcción del Conjunto Estadio Azteca.

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María Silvia Emanuelli, especialista en temas de vivienda, indica que el Proyecto de Programa de Ordenamiento Territorial de la CDMX ha significado la expulsión de 20 mil personas al año por imposibilidad de pago de la vivienda.

Créditos impagables

Muchas personas que se han visto despojadas de sus departamentos de alquiler opinan que obtener un crédito para pagar una vivienda propia puede ser una mejor opción.

Sin embargo, las deudas de quienes llevan más de 30 años pagando o que han pagado más de dos veces el monto de crédito que se les otorgó, es una muestra de la poca viabilidad que tienen dichos créditos, que lejos de brindar un derecho se vuelven un lastre, pues las personas pasan el resto de su vida sin contar con la parte del sueldo que supone el pago del préstamo adquirido.

Esta situación afecta a alrededor de 917 mil derechohabientes en el país, además de que el pago contabilizado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se aplica a sus financiamientos, incrementa su deuda, por lo que los fondos de interés público están convirtiendo algunas de esas deudas en pesos.

Así, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), al igual que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), están por hacer ajustes acordes con el precio que los beneficiarios pueden pagar con tal de no dejar de cobrarles.

Por eso, el 3 de febrero trabajadorxs y jubiladxs se manifestaron frente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) para denunciar las altas tasas de interés y cobros excesivos de los créditos hipotecarios, siendo la más reciente de las movilizaciones que han llevado a cabo desde hace años.

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Luchemos por nuestro derecho a la vivienda

Durante el 2022 el precio promedio de una vivienda fue de 1 millón 535 mil 458 pesos. Los estados más afectados por el encarecimiento de alrededor del 8.9 % fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Baja California.

El encarecimiento de la vivienda y la falta de vivienda pública suficiente para toda la población pobre y trabajadora, son ejemplos de los intereses del empresariado, desde las alquiladoras hasta los restaurantes, servicios a los que la mayoría de la población no puede acceder, pues sus sueldos precarios no alcanzan a cubrir ni las necesidades de la canasta básica.

Las rentas mensuales en colonias todavía populares llegan a alcanzar los 20 mil pesos mensuales, siendo que el salario mínimo está en 207.44 pesos al día, es decir, un 32 % del costo de una de esas rentas.

Bajo este panorama, las expectativas de los jóvenes de vivir en lugares cómodos y cercanos a sus centros de trabajo son cada vez más difíciles, causa de enojo y desánimo.

Esto no pasaría si quienes controlan la vivienda fueran los mismos trabajadores que las habitan y si los créditos dependieran de la estatización de la banca bajo control de sus trabajadorxs y no de los banqueros y arrendadores, pues su interés y el del gobierno no se ha enfocado en el bienestar de las mayorías, a quienes orillan a la periferia con su política, lo que significa un mayor costo en transporte y en servicios por la lejanía de sus viviendas respecto a sus centros de trabajo.

Las intenciones del gobierno de aprobar una regulación para las plataformas digitales de alojamientos en 2023 podrían limitar el porcentaje de viviendas permitidas bajo este modelo de alquiler, lo cual supondría generar sitios exclusivos y elitización de espacios en las colonias, además de construcciones de baja calidad para quien no pueda pagar algo mejor.

Esta situación es un riesgo, pues las malas construcciones pueden venirse abajo durante un sismo o un incendio, como vimos en el caso de la Guardería ABC en 2009 o más recientemente en las pérdidas humanas y materiales que trajo el sismo de 2017 y que, en el caso de las últimas, aún no han sido resueltas en su mayoría.

La carencia de este derecho no es normal, la población trabajadora podría tener créditos baratos mediante la nacionalización de la banca, bajo control de sus trabajadores; el financiamiento de estos créditos puede venir del presupuesto que ahora se destina a la Guardia Nacional –institución que reprime movilizaciones y migrantes– y la militarización del país, además de anular el pago de la deuda externa e interna (Fobaproa) y a través del cobro progresivo de impuestos a las grandes fortunas.

Por eso, desde el Movimiento de Trabajadores Socialistas llamamos al pueblo pobre, organizaciones políticas y sociales democráticas y de izquierda, feministas, sindicatos y movimientos contra el despojo, a unirnos en una lucha contra la militarización y por solución a las necesidades sociales.

#NiUnPesoALaGuardiaNacional

¡Dinero para salud, educación y vivienda, no para la Guardia Nacional y la militarización!