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Política. El destino de la Ley ómnibus y el DNU en el Congreso: ¿de quién depende?

Las negociaciones y conversaciones entre el gobierno y distintos bloques recorren los pasillos y despachos, bajo la mirada atenta de amplios sectores de la sociedad que rechazan la ley ómnibus y el DNU. Los posibles escenarios que van a determinar el futuro de Javier Milei y el de las mayorías. La izquierda fue la cara del rechazo en el inicio del debate parlamentario y se prepara para el paro nacional.

Jesica Calcagno

Jesica Calcagno @Jesi_mc

Domingo 14 de enero de 2024 11:16

El Congreso rodeado por un cacerolazo este miércoles mientras se debatía la Ley ómnibus l Foto: Enfoque Rojo

El Congreso rodeado por un cacerolazo este miércoles mientras se debatía la Ley ómnibus l Foto: Enfoque Rojo

El Congreso está en la mira. Cientos de miles de personas siguieron el inicio del debate del paquete de leyes en la Cámara de Diputados esta semana, mientras decenas de organizaciones piden reuniones de urgencia con todas las fuerzas políticas del Congreso porque son gravemente atacadas por el DNU y la ley ómnibus.

El gobierno se topa con sus propios límites y debilidades: son una fuerza política floja de papeles y minoritaria en el parlamento. Un dato no menor que da cuenta que el destino tanto del DNU como de la Ley ómnibus tienen chances de pasar el filtro del Congreso, si y solo si otras fuerzas políticas le brinda apoyo explícito o tácito a sus planes de gobierno. El termómetro de la calle y el descontento social, tienen la llave para inclinar la balanza.

“Más que ley ómnibus es un tren fantasma”

Así bautizó Myriam Bregman este proyecto en el inicio del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Un verdadero tren fantasma. Bajo el pomposo título de “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, las casi 400 páginas que envió Mieli son la combinación de ajuste de shock contra las mayorías trabajadoras, un festival de beneficios para el saqueo de grandes empresas y corporaciones, y la pretensión de plenos poderes al poder ejecutivo en 11 áreas por 2 años y prorrogable por 2 más. Una propuesta para que, básicamente, el Congreso se corone como institución decorativa y que Milei pueda tomar unilateralmente todas las decisiones a sola firma de un decreto por todo su mandato. El concepto de “libertad” está bastante restringido a unas pocas personas que concentren el poder político y económico en el esquema del presidente.

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Al mismo tiempo que el presidente Milei se pasea por Mar del Plata en teatros de revista o procura ser bien fotografiado en recorridas protocolares como la de la Antártida Argentina, envía mensajes de extorsión al Congreso para que apruebe el proyecto. Advierte que si las cosas salen mal (aumentan los dólares paralelos y la inflación pega un salto superior) será por responsabilidad del Congreso.

Las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad fueron la cara del rechazo a la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Bregman, Del Caño, Castillo, Vilca y Del Plá denunciaron los puntos nodales con preguntas y polémicas con los distintos funcionarios, para dar a conocer, difundir y hacer público los ataques centrales que contiene contra las mayorías. Lo hicieron sobre tarifas y energía, delegación de facultades al poder ejecutivo para tomar deuda o renegociar en peores condiciones, beneficios a los más ricos, criminalización a la protesta, los ataques contra las mujeres y las disidencias, cambios que agravan el impacto ambiental, educación, cultura, salud. Jubilaciones es uno de los ejes centrales que se pone en juego en el proyecto (y es objeto de negociaciones) y fue Nicolás del Caño quien hizo una dura polémica sobre los cambios propuestos. "Benefician a los más ricos y ajustan a 7 millones de jubilados y jubiladas" dijo en su intervención.

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El contenido del proyecto explica el entusiasmo del FMI, que esta semana se sumó al coro de presiones para que salga. La portavoz del organismo, Julie Kozack, dijo que el paquete de leyes “tiene importancia fiscal” para que el gobierno pueda cumplir las metas de ajuste de más de 5 puntos del PBI este año.

La ley ómnibus es una pata de la tríada del plan de guerra de Javier Milei contra las mayorías. Primero fueron las medidas del ministro Caputo (devaluación) y luego el megadecreto que ataca derechos laborales (ahora frenados por la justicia), suba de tarifas, prepagas, entre muchos otros puntos con la modificación o derogación de más de 300 normas. El proyecto que se debate en Diputados pretende de un plumazo hacer cambios estructurales derogando completamente otras 15 leyes y modificando 63, además de buscar la delegación de facultades en 11 áreas. ¿Podrá? ¿De qué depende?

¿Cuáles son las “fuerzas del cielo” en el Congreso?

La suerte de La Libertad Avanza en el parlamento está atada a otras fuerzas políticas. Aunque en los medios se muestran intransigentes con su contenido y seguros de que tienen los votos, saben que tienen que negociar. El proyecto como está, no sale. Los propios funcionarios que fueron a exponer tuvieron que reconocerlo. Su intención es aprobarla en Diputados, en principio, el 25 de enero (en menos de dos semanas). La construcción del relato mileísta, incluye acusaciones de "coimeros" a los que piden cambios para aprobarla. Un discurso para la tribuna: ya enviaron a un ex PRO como interlocutor y nexo entre el ejecutivo y el Congreso para negociar la ley.

El gobierno cuenta con apenas el 16% de las voluntades en Diputados (42) y menos del 10% en el Senado (7). Quienes se vienen ofreciendo casi como sus voceros directos son los integrantes del PRO. Lo que le piden los diputados de este bloque (entre 37 y 40 voluntades) a Javier Milei es “que se deje ayudar”. Traducido: que acepte las recomendaciones y modificaciones que les proponen, para que puedan pasar otros puntos claves para la liberalización de la economía. Lo que más le interesa al PRO es modificar el capítulo que sube las retenciones a muchos productos (desde derivados de la soja, a economías regionales), y el de la Ley de Pesca. Tampoco quieren que quede el capítulo de la reforma electoral, un pedido bastante unánime de las mayorías de los bloques, aunque por distintos motivos.

La UCR (34) es otro de los posibles aliados para hacer algunas modificaciones al proyecto para que pasen otros. El presidente de su bloque en Diputados, Rodrigo de Loredo, viene afirmando cada vez que puede que “están para colaborar”. Sin embargo hay ruido interno, y no todos coinciden en esa ubicación tan cercana con el nuevo gobierno. Hay por los menos unos 9 diputados, liderados por Facundo Manes y el ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales que marcan más diferencias, a los que se suman otras voces disidentes del espacio de Martin Lousteau. Las diferencias están, aunque el partido centenario tiene trayectoria en “disciplinarse”. Por ahora se unificaron con algunas críticas comunes a la ley ómnibus. A las que plantea el PRO, agregan que no quieren la suspensión de la movilidad jubilatoria y que los aumentos se decidan por decreto, sino que el gobierno proponga una nueva fórmula de movilidad. Lo central de su cuestionamiento no viene por el lado de que los jubilados sigan perdiendo, como han demostrado mientras fueron parte de la coalición del gobierno de Mauricio Macri.

En el mismo espectro está ubicado el bloque liderado por Miguel Angel Pichetto, Hacemos Coalición Federal (23). Con la diferencia de que es un bloque muy heterogéneo con sus propios extremos y centros. En una punta están López Murphy, Randazzo y algunos del peronismo cordobés, dispuestos a apoyar más abiertamente las propuestas de Milei. En la otra, el socialismo santafesino que se expresó en contra del DNU y la ley ómnibus. Más focalizados en cuestionar la delegación de facultades están la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer. En el “centro”, los que se agrupan con Pichetto, recordado estos días por su frase “una emergencia, un blanqueo y una moratoria no se le niegan a ningún gobierno”.

Otro aspecto que buscan negociar de la ley estos tres bloques es el tiempo de la delegación de facultades: que sea por la mitad (por 1 o 2 años). Christian Castillo de la izquierda advirtió que no importa por cuánto tiempo sea, sino la facultad delegada en sí misma. Milei pretende hacer cambios sustanciales que son regresivos para las mayorías, y las hará en el tiempo que le den, sea un mes, un año o dos.

Pueden sumarse a esa “postura de centro” el bloque que responde al gobernador Vidal de Santa Cruz (2) e Innovación Federal (9). El último caso son diputados que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Rio Negro y Neuquén, cercanos o con terminales con Sergio Massa. El ex candidato presidencial de Unión por la Patria viene de decirle a la CGT que "es apresurado" el paro nacional contra el DNU el 24 de enero.

Por su parte, Unión por la Patria ya adelantó que va a rechazar el conjunto de ley, al menos en Diputados. En el Senado hay más dudas, especialmente con los que responden a los gobernadores de Tucumán y Santiago del Estero, con antecedentes colaboracionistas con el gobierno de Macri. Sin embargo, el peronismo tiene una difícil tarea de ser oposición cuando vienen de estar al frente de un gobierno que hizo una gran transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores a favor del poder económico más concentrado, pulverizando salarios y jubilaciones, y avalando la deuda ilegal, fraudulenta e ilegítima con el FMI. Hoy, La Libertad Avanza se apoya en esa ‘legitimidad’ para “ordenar” el país bajo la bota del FMI. El nuevo oficialismo también les echa en cara que se inspiraron en la media sanción del proyecto de GNL (iniciativa del Frente de Todos y que votaron en forma unánime) para diseñar el “régimen de incentivos a las grandes inversiones” que otorga beneficios fabulosos a grandes empresas nacionales como Techint de Paolo Rocca, y a otras corporaciones extranjeras por 30 años.

El Frente de Izquierda Unidad se pronunció por el rechazo al DNU y la ley ómnibus, con la autoridad de siempre estar del mismo lado rechazando el ajuste contra el pueblo trabajador en las calles y el Congreso, y de no haber acompañado ni una sola vez las facultades delegadas al poder ejecutivo a ningún gobierno. Los demás bloques que hoy lo cuestionan, no resisten el archivo.

Escenarios y estrategias

En las negociaciones entre la Libertad Avanza y los bloques colaboracionistas están barajando distintas alternativas para la Ley ómnibus. Una opción sería que el gobierno “aggiorne” el proyecto negociando los cambios que proponen el PRO, UCR y el bloque de Pichetto. Otra, que se imponga como dictamen de mayoría de las comisiones el proyecto con los cambios que impulsan estos bloques colaboracionistas, con el oficialismo defendiendo en minoría el proyecto original. Una estrategia que evalúa la propia Libertad Avanza para quedarse con la bandera de la “intransigencia”, pero empujando a que salga algo. En cualquiera de los dos casos, está el peligro de que pasen medidas gravosas para la mayoría. Del lado del gobierno, se exponen a la posibilidad de que se apruebe “en general”, pero que se volteen más artículos cuando se voten en particular por separado en el recinto. Que termine en una ley podada y disminuida.

La opción de rechazo total se podría abrir solo en caso de que haya fisuras más tajantes en la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Para lograrlo se necesita la mitad más uno de la Cámara de Diputados: 129 votos. Con el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda suman 107 y están a solo 22 voluntades de llegar. Más cerca del rechazo están el socialismo santafesino (2) y Natalia de la Sota del peronismo cordobés, que integran el bloque de Pichetto. Faltarían 19 bancas más que podrían provenir de otros disidentes que ya existen en estos bloques: entre 9 y 12 de la UCR, los 4 misioneros o los 3 salteños (que acaban de romper con Unión por la Patria y fueron electos por ese espacio) de Innovación Federal, Margarita Stolbizer o algún cordobés más (no todos responden directamente a Schiaretti) de Hacemos Coalición Federal.

Como demuestra la experiencia de otras votaciones donde hubo presión social como la ley del derecho al aborto, se vota en el Congreso pero se gana en la calle. La dinámica que pueda tomar el descontento social en todas las provincias con cacerolazos, asambleas barriales, movilizaciones y el paro general del 24 de enero, será un factor decisivo para que caigan la ley ómnibus y el DNU. No solo como mensaje al gobierno nacional, sino también a gobernadores provinciales y todos los bloques políticos del Congreso. El rechazo podría abrir una nueva situación, con un gobierno debilitado y un empoderamiento desde abajo incidiendo en los destinos del país.

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Lo mismo vale para el destino del megadecreto. La bancada del Frente de Izquierda Unidad anunció que desde el 23 de enero los bloques se pueden autoconvocar en una sesión para rechazar el DNU, y es lo que va a impulsar. Harán el llamado a todos los diputados y diputadas a partir del paro nacional, tomando el reclamo de millones de trabajadores y trabajadoras, profesionales, pequeños comerciantes, jubilados, organizaciones ambientales, sociales, barriales, que quieren que caiga todo el decreto. Dentro de los bloques colaboracionistas con el gobierno, salvo el PRO que está dispuesto a aprobarle el DNU, el rechazo gana terreno. Pero su estrategia es evitar cualquier escenario de votación y no dar quórum: no quieren una derrota para el gobierno sino que prefieren negociar cuotas de poder, y mientras tanto que el decreto siga vigente. Es que, como reconocen esos espacios, apoyan gran parte de su contenido. Néstor y Cristina Kirchner impusieron una Ley en 2006 que prácticamente blinda los DNU ya que mantienen toda su vigencia salvo que ambas Cámaras lo rechacen. Hasta ahora, nunca ocurrió.

La masividad del paro general y la movilización al Congreso del 24 de enero, será decisiva para frenar desde ahora el plan de guerra que lanzó Javier Milei.


Jesica Calcagno

Nació en Buenos Aires en 1984. Licenciada y profesora en Sociología (UBA). Acreditada en el Congreso.

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