Opinión. El diario El Día de La Plata y una batalla contra quienes no tienen dónde vivir

El diario El Día de La Plata, medio fundado en 1884 y el más leído de la ciudad, con publicaciones online y en papel (cuenta con una tirada de más de 17 mil ejemplares diarios en cuarentena), redes sociales y un canal en YouTube, busca convertirse en formador de una opinión pública que lejos de profundizar en la problemática del dificultoso acceso a la vivienda, se encarga cotidianamente de estigmatizar a los habitantes de los barrios más humildes. Una batalla contra quienes no tienen dónde vivir.

El periódico dirigido por Raúl Kraiselburd cotidianamente saca notas informativas, pero también editoriales los domingos donde habla en nombre de “la población”. Por ejemplo, en la editorial del último fin de semana dispara contra “unos pocos” que imponen la “ley de la selva” por sobre “el respeto de una forma de vida civilizada, basada en los mandatos de la Constitución”.

Sin embargo, son cientos de miles las familias que viven en barrios precarios. Según el Comité Socio Urbano conformado por estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, “en el partido de La Plata, hay 240 villas y asentamientos donde viven 190.000 habitantes de los 866.000 de la población total. Es decir, el 22% de la población vive en condiciones de enorme precariedad y hacinamiento”.

Incluso, ellos mismos informan que hay tomas en Los Hornos, City Bell, San Carlos, Tolosa, Olmos, Melchor Romero, Los Porteños, Villa Elisa y Guernica, donde 2500 familias se asentaron para construir cuatro barrios obreros. En su propia contradicción, buscan deslegitimar y acallar las demandas habitacionales de una parte importante de la población. No, no son unos pocos, y es probable que el número vaya en aumento.

“La forma de vida civilizada” contra “la ley de la selva”, aquella que, tienen razón, está inscripta en la Constitución nacional, hace referencia a la defensa acérrima de la propiedad privada. En verdad, es una forma locuaz de recordar la proclama que el Estado moderno hizo del derecho a la propiedad privada como resultado de la voluntad general. Ocultan que con sus leyes e instituciones en realidad lo que se expresa es la voluntad de la clase dominante.

Aseguran que, dichas consideraciones sirven para contextualizar “el flagelo de las usurpaciones”, “los enfrentamientos entre intrusos y vecinos”, “cruentas batallas campales entre grupos mafiosos que se disputan la posesión de tierras que no les pertenecen”.

No hacen referencia a que el acceso al mercado inmobiliario formal es cada vez más difícil para numerosas familias que se ven afectadas por la desocupación, las rebajas salariales, la precarización de los trabajos, los servicios públicos en manos de empresas privadas que aumentan los precios sin control. También por los altos precios en dólares que maneja este sector o que la concentración en pocas manos de las propiedades niega la posibilidad a las mayorías de tener acceso a una casa propia, a lo que se le suma el hacinamiento de los barrios populares en donde la pandemia hace estragos o las mujeres que huyen con sus hijos tras sufrir violencia de género.

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Las causas pueden ser variadas, pero en definitiva la toma de tierras es una manera colectiva de garantizarse un derecho elemental, como lo es el derecho a la vivienda.

La editorial pretende ser una crítica al rol del Estado, como lo afirman en frases como “en pocas oportunidades el accionar del Estado se hizo ver y sentir para impedir los despojos” y en un último y lamentable intento argumentativo, sostienen que “el Estado debe allanar el acceso (a una vivienda digna) mediante los planes correspondientes. No dándole luz verde al arrebato y al vale todo, bajo ningún pretexto”.

La clave es hablar desde “la necesidad de los pobladores” que “deben apelar con suma frecuencia a la justicia, la policía y a la gendarmería para que intervengan” y que “impera una jurisprudencia de la Suprema Corte que le ata las manos a jueces, fiscales y a la policía para enfrentar este verdadero flagelo que hoy castiga a miles de platenses”. ¿Quiénes son esos miles de pobladores de los que es vocero el diario El Día?

Este discurso punitivista contra las familias sin vivienda tiene costos. Como denunciaban los vecinos de Barrio Aeropuerto, cuando el operativo de desalojo se realizó en medio de la noche, previo corte de luz en el barrio, la bonaerense y caballería entraron disparando balas de gomas y plomo, lanzaron gases lacrimógenos, detuvieron a 17 personas, entre ellas a menores de edad. Este es sólo un ejemplo, pero el accionar es siempre el mismo: las fuerzas de seguridad del Estado intervienen violentando y amedrentando.

El discurso devenido en represión no es tanto producto de lo que los medios locales o nacionales desplieguen como bandera, sino porque hay una ideología compartida de un lado y del otro, una grieta que se cierra cuando se trata de propiedad: La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, se refirió al tema de las tomas de tierras en el Conurbano, como “situaciones más delictivas que reales". El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en un intento de desprestigiar al abogado de la familia de Facundo Castro, mata dos pájaros de un tiro, aduciendo que “hay grupos delictivos en la zona de Bahía Blanca, y este abogado los representa. Por ejemplo, ha representado intereses de personas que han intentado permanentemente la toma de tierras, a lo cual nosotros nos hemos opuesto rotundamente”.

En síntesis, aquel hito sarmientino, fundacional de argentina que acompañó el fuego y la sangre de las conquistas del (para nada) desierto, “civilización o barbarie”, es renombrado con el mismo fin de entonces, garantizar el acaparamiento de las tierras por unos pocos, barrer con todo rastro de resistencia de forma brutal, nombrar unos “otros” como salvajes o delincuentes, como minorías. Hacerles creer, en definitiva, que no tienen la fuerza necesaria para darlo vuelta todo.

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