En la reunión de la Comisión de Educación del día de ayer, en la que se aprueba la suspensión del Simce y Evaluación docente, el presidente del CdP hace la propuesta de utilizar los dineros de la evaluación en sueldos, cajas de alimentos o conexiones a internet para les estudiantes que lo necesiten. ¿Podrá conseguirse esto si organismos como la CUT y el CdP sostienen una tregua con el gobierno?
Sábado 6 de junio de 2020
Ayer en la mañana, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados terminó la discusión en general del proyecto de ley que propone suspender el Simce y la Evaluación Docente por este año, en consideración al contexto de emergencia por COVID-19, motivo por el cual se han mantenido suspendidas las clases presenciales por casi 3 meses y sin fecha de retorno.
El proyecto fue aprobado en general con 7 votos a favor, de la oposición, y 5 en contra, del oficialismo, abriendo paso así a que durante los próximos días se desarrolle la discusión en particular. Para esa ocasión, los diputados y diputadas oficialistas solicitaron que haya una mayor diversidad de fuentes, ya que consideran que la discusión ha sido limitada y a favor de oír cuestionamientos hacia el Simce y la Evaluación Docente.
En esta ocasión participaron de la sesión el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y el fundador y administrador del Movimiento Docente Evaluemos la Evaluación, Rodrigo Venegas.
Dentro de la discusión, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, insistió en la postura del gobierno de realizar de todas formas las evaluaciones en cuestión pero de forma diagnóstica. Además, respecto de los cuestionamientos que se le hicieron sobre si habría en esta decisión un interés económico, el ministro señaló que “esos contratos se pueden obviamente revisar, y las razones que vive el país permiten esa revisión. Acá no hay teorías conspirativas de que todo se hace para asegurar el interés de alguna persona que no sabemos donde está, eso no tiene mucho fundamento”. Así mismo agregó que “Podemos estar en desacuerdo con el instrumento, lo hemos dicho varias veces, pero sería interesante al menos un poco de buena fe cuando uno apunta a que lo que se necesita es buena información, y existiendo un instrumento que permite recabar esa información, al menos darle el beneficio de la duda a la autoridad de que cuando lo dice es porque efectivamente está pensado en como mejorar la educación en Chile y no como proteger algunos mezquinos pesos de empresas que ni siquiera conozco”.
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Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores alegó en la sesión que: “Con los 18 mil millones (para el simce) se podría entregar $200.000 pesos por 3 meses a 50.000 familias chilenas de nuestros mismos estudiantes (…), 713.000 canastas de alimentos de 30.000 pesos cada una. Se podrían entregar 707.000 conexiones de internet a un costo de $26.000 pesos cada una para estudiantes que no tienen hoy día la posibilidad de seguir sus estudios online (…),se podrían entregar, con los 18 mil millones que se gastan en el Simce y se van a despilfarrar, 57.000 salarios mínimos de $320.500 cada uno”. Sobre la misma, discutió los argumentos pedagógicos de la aplicación de la prueba, alegando que las evaluaciones en cuestión tienen objetivos completamente opuestos a un diagnóstico, por lo que su aplicación no tiene sentido.
Hoy más que nunca la realidad indica que la urgencia es la respuesta inmediata a las necesidades del pueblo trabajador y pobre que ha sido duramente golpeado por la pandemia, la precariedad del sistema y las políticas criminales del gobierno de Piñera, y no evaluaciones como el Simce y la Evaluación Docente, que por lo demás están bastante cuestionadas por el mundo educativo y distintos sectores.
Efectivamente, 18,4 mil millones de pesos que se destinan al Simce pueden utilizarse mejor en cubrir las necesidades de quienes sufren precariedad y la peor cara de la crisis. Sin embargo, la realidad indica también que este gobierno no entregará tal cosa simplemente con pedirlo. El oficialismo defendió con uñas y dientes la aplicación de estas evaluaciones, yendo en contra de todo sentido común, sanitario, pedagógico y científico, en contra de reconocer las necesidades que hoy sufre la clase trabajadora. Conseguir cosas tan mínimas como la propuesta de Aguilar sólo podrá realizarse con lucha, si hay tregua de organizaciones sindicales como el CdP o la CUT, esto no sucederá. Así mismo, combatir la crisis no puede ser a través de medidas para parchar la precariedad, si no que debe ser de la mano de un programa que tome la educación, la salud y el trabajo de conjunto, que toque las ganancias de los grupos económicos más grandes a través de un impuesto del 20% a las grandes fortunas, de prohibir despidos y de expropiar las empresas que cierren o se declaren en quiebra. Sólo así se puede garantizar que salvar las vidas del pueblo pobre y trabajador sean la prioridad y no las ganancias de los ricos y empresarios de siempre.
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Aukan Galdames
Docente Transactivista - Militante de Pan y Rosas Chile