Cuando Rodrigo Chaves habla de prohibir la entrada de "migrantes económicos", está repitiendo el mismo discurso rancio y xenófobo contra trabajadores migrantes en el que se apoyan las peores prácticas de explotación y discriminación.
Sábado 19 de noviembre de 2022
Costa Rica está llena de empresas que emplean informalmente a trabajadoras y trabajadores migrantes, además de las miles de personas que trabajan en condiciones aún más precarias de informalidad. El masivo rechazo expresado de distintas maneras a las agresiones a dos trabajadoras en San José, es una demostración de que se trata de una realidad en sectores amplios, esa indignación puede ser un gran problema para el gobierno y las patronales, si se convierte en organización y fuerza de movilización.
Las instituciones del Estado que hoy se jactan del operativo realizado en la cadena de tiendas SYR ignoran cotidianamente éstos hechos, y peor aún los permiten cuando los conocen. La cantidad de reclamos que no tienen respuesta alguna en el Ministerio de Trabajo, de Salud y los Juzgados son el motivo por el cuál millones de trabajadores no tienen confianza en dichos mecanismos.
El caso de los obreros bananeros de La Perla en Siquirres es muy claro en ese sentido, allí también son en gran parte trabajadores migrantes a quiénes el Estado permite que se les explote y dañe su salud, para mantener las ganancias de las transnacionales.
Esta semana se conoció una convocatoria a una movilización anti migrantes venezolanos por parte de los mismos grupos de extrema derecha que agreden y se manifiestan contra trabajadores nicaragüenses. Sus argumentos hacen eco de lo dicho por el presidente Chaves cuando anunció que pretende prohibir la migración económica al país. Claro está, esa prohibición sólo incluye a migrantes que buscan trabajo y mejorar sus condiciones de vida, incluye solamente a los pobres.
Los reclamos de las dos trabajadoras de SYR y de los obreros de La Perla, frente a una situación económica donde el gobierno y todos los diputados afirman que solamente se requiere más deuda, tienen mucho en común con los de trabajadores del MEP y la CCSS que exigen pago completo de sus salarios, o los de JAPDEVA que han denunciado la privatización de los muelles.
Es en esa unidad que se encuentra el potencial para revertir las condiciones de explotación, abusos y discriminación que vive la clase trabajadora en el país.
