La crisis en educación es latente, donde diversos actores como estudiantes y profesores han salido a exigir mejoras de condiciones como cambios profundos. La respuesta de los diversos gobiernos ha sido de represión y de desvío, Sebastián Piñera no ha sido la excepción, es más, ha salido a golpear con el garrote a los sectores que han salido a cuestionar este régimen para empresarios y poderosos.
Lunes 26 de agosto de 2019
La crisis de la educación pública está bullendo y diversos actores han salido en los últimos años demandando tanto mejoras en las condiciones, como cambios profundos, incluso paradigmáticos de la educación, como fue 2011.
Este año, la problemática educacional se ha hecho sentir, pero de manera parcelada por sus diversos actores. Por un lado, el movimiento docente demandando mejoras en condiciones laborales, pagos de la deuda histórica (paso de los centros educacionales del Estado a los municipios) y de la deuda histórica 2.0 (Paso de los municipios a los servicios locales de educación) En ambos casos se adeudan el reconocimiento de los años de servicio y pagos previsionales. Demandando también el reconocimiento profesional de las educadoras diferenciales y de párvulos para acabar con la discriminación salarial por género.
La implementación deficiente de la ley NEP (Nueva educación pública), que se relaciona con las carencias denunciadas ampliamente por diversas comunidades escolares. Desde infraestructura, materiales, personal, hasta condiciones de salubridad.
Mientras el colegio de profesores, hacía gremiales sus demandas, los estudiantes del instituto Nacional se organizaron y elaboraron un petitorio interno, tanto como “Externo”, que abarcaba desde mejoras de infraestructura, personal, hasta educación no sexista (fin a la segregación por género), rechazo a “Admisión justa”, rechazo a TPP11 y Aula Segura.
Sin lugar a dudas, fue la estrategia de hacer correr por carriles separados las luchas por la educación pública, el supeditarse a los tiempos del ministerio y no buscar alianzas con otros actores de la educación, lo que permitió que se reprimiera con el grado de violencia a jóvenes y niñes tanto en liceos como universidades y, también que un grupo reducido, en la dirección del CdP pudiera bajar el paro docente en el momento que mayor apoyo popular tuvo, sin haber logrado ninguna de sus demandas más sentidas. Siendo ese el momento donde el gobierno, débil y cuestionado, se envalentonó y arremetió con mayor violencia hacia les jóvenes de dicha comunidad educativa.
¿Fin al conflicto?
Este viernes, se llegó a acuerdo por el Instituto Nacional, comprometiéndose medidas para evitar las protestas violentas y la instauración un congreso vinculante para unificar la malla de ramos y también la jornada escolar. Además de una sustancial mejora en la infraestructura del establecimiento, a cargo de la administración comunal. Es decir, responsabilidad directa del alcalde Alessandri.
Siguiendo el sentido común, podríamos pensar que las autoridades tomaron algo de sensatez y decidieron, entre tanta brutalidad desplegada, poner paños fríos al conflicto, luego de declaraciones tan desafortunadas por parte de la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, como: “Tenemos detenidos con arresto domiciliario total y sujeción al Sename a alumnos del Instituto Nacional”, donde se releva el carácter punitivo de una institución que debe, en primera instancia velar por los derechos de los niños, que en todo este conflicto hemos visto vulnerados por medio de la represión policial.
O amenazas como, “Las medidas de seguridad se hacen, no se anuncian (…) vamos a tener más detenidos”, como si fuera poco, al culminar la reunión, el alcalde Alessandri afirmó que “mientras los alumnos estén dispuestos a evitar la protesta violenta, la administración apoyará las solicitudes y necesidades pedagógicas que tienen los estudiantes”. Sin ninguna vergüenza, ni pudor, condicionó el mínimo cumplimiento de las necesidades pedagógicas del estudiantado del IN a que se eviten las protestas no pacíficas. Como si no fuera la responsabilidad directa del municipio y de las políticas educacionales de la alcaldía, el otorgar cumplimiento a las necesidades pedagógicas de las comunidades educativas de su jurisdicción.
Un discurso totalmente autoritario, es el que han mostrado con displicencia desde el Mineduc, hasta el amedrentamiento directo de la intendencia de Santiago.
Por si fuera poco, debido al pésimo manejo de las problemáticas en el sector educacional, ante el anuncio de la acusación constitucional contra Marcela Cubillos, la vocera de gobierno Cecilia Pérez, salió a defenderla con una polémica digna de camorra maletera, afirmando que dicha acusación es más bien una cortina de humo y que lo que realmente querían saber los chilenos, es qué relación tiene el PS con el narcotráfico. Una muy buena cortina de humo para desviar el debate primero.
¿Cuál es el contenido de la acusación constitucional?
El borrador que prepara el PS, incluye cinco capítulos, donde se argumenta la acusación constitucional debido a incumplimiento de sus funciones, el primer apartado se titula "Infracción a la Constitución y las leyes específicamente en relación a la vulneración del principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad".
El segundo, "infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación al respeto y protección a la vida privada y la protección de sus datos personales", que tiene su justificación en mayo los correos masivos enviados a apoderados y trabajadores de la educación, para promover el impopular proyecto presentado por el ministerio, “Admisión justa”.
El tercer y cuarto puntos están ligados a la implementación de la ley NEP y los servicios locales de educación por “No haber ejercido un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia” y "haber dejado sin ejecución las leyes por la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente, en materia de ejecución presupuestaria y en materia de servicios locales de Educación y déficit en la implementación de la ley N°21.091 sobre educación superior y 21.094 sobre universidades del Estado, así como de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación", respectivamente.
El último apartado denuncia la "omisión en el deber de denuncia exigible a todo funcionario público a partir de hallazgos de informe de auditoría y ausencia de medidas en la materia por la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales".
