El exdueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte fue condenado a 18 años de prisión por su participación en los secuestros y torturas de 17 trabajadores de su firma durante la última dictadura. Levin ya cargaba con una condena anterior por secuestro y tortura del trabajador Víctor Cobos, con una sentencia de 12 años de prisión.
Jueves 2 de noviembre de 2023 22:44
Marcos Jacobo Levin, ex dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, recibió una pena de 18 años de prisión como coautor de secuestros y torturas contra 17 de sus empleados. Junto a él, también fueron condenados a 16 años de prisión el ex comisario Víctor Almirón y el ex jefe de personal de la empresa, José Antonio Grueso.
Los hechos por los que fue juzgado ocurrieron entre el 20 y el 24 de enero de 1977, durante el primer año de la última dictadura en el país. En aquel entonces, Levin presentó una denuncia falsa por estafa contra sus empleados, acusándolos de participar en una supuesta defraudación a la firma, algo que nunca se comprobó. Sin embargo, esa fue la cobertura utilizada para llevar adelante las detenciones ilegales.
Las víctimas denuncian que Levín armó las listas de los trabajadores que debían ser detenidos para que, bajo tortura, "confesaran" haber realizado robos a la empresa. Algo que fue utilizado luego para realizarles causas penales por estafa. Los ex detenidos dan cuenta, además, de la presencia del empresario en la comisaría durante las sesiones de tortura.
Una condena que reafirma cuál fue el rol de los empresarios en la dictadura
Levin ya había sido condenado anteriormente a la pena de 12 años de prisión por el secuestro y la tortura de Víctor Cobos, delegado gremial de La Veloz del Norte.
En aquella época, tanto Cobos como los otros trabajadores que fueron secuestrados y torturados pertenecían a un núcleo de empleados que venían enfrentando los constante incumplimientos de la empresa de transporte La Veloz del Norte (y de Atahualpa, de la familia Balut) y que formaban parte del sector combativo de Salta y Tucumán, que llevó adelante medidas de fuerza entre 1973 y 1976. Las víctimas fueron secuestradas en sus hogares y en sus lugares de trabajo en Salta y en Tucumán, y permanecieron en la Comisaría Cuarta, donde fueron torturados. Algunos fueron luego liberados o y otros trasladados al Penal de Villa Las Rosas.
Esta nueva condena abarca la detención ilegal y las torturas contra Juan Alberto Alonso, Carlos Lidoro Aponte, Carlos Eugenio Bais, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Víctor Manuel Cobos, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Horacio Espeche Rodas, Sebastián Lindor Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Horacio Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh. Y en los hechos, el fallo no hace más que probar el accionar que cumplió la clase capitalista durante la dictadura, armando listas negras y participando activamente de los crímenes que llevaba adelante la dictadura. Un verdadero plan orquestado y llevado adelante entre las fuerzas armadas y los empresarios contra la clase trabajadora que enfrentaba sus políticas.
Esta nueva condena reafirma que se trató de un genocidio y de un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones, organizado desde lo más alto del Estado junto empresarios que cumplieron un rol fundamental en "marcar" a quienes eran activistas en sus lugares de trabajo. Incluso muchos montando centros clandestinos de detención en sus fábricas, como el caso emblemático de la automotriz Ford.
Una nueva condena que además ratifica que la lucha por memoria, verdad y justicia no está cerrada ni concluida, y que es necesario redoblar la pelea contra la impunidad de todos los genocidas y de sus cómplices civiles como Levin.
