En reciente entrevista, Berta Zúñiga Cáceres, hija de la dirigente indígena asesinada el pasado mes de marzo declaró que después del crimen contra su madre no han cesado los ataques contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ya que han sido asesinados dos integrantes más y contra otras organizaciones.
Miércoles 26 de octubre de 2016 17:59
El gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) ha avanzado en perpetuar las condiciones de represión, criminalización, persecución y muerte contra activistas y luchadores sociales, sosteniendo la militarización en todo el territorio hondureño que ha dejado ya más de 100 asesinatos políticos en los últimos 10 años.
Muestra de ello fue la represión hacia miembros del Copinh, el pasado 20 de octubre donde integrantes de esta organización fueron duramente atacados y reprimidos cuando realizaban la “Marcha de la Resistencia, por la Tierra, los Ríos y la Vida”, exigiendo el fin del proyecto “Agua Zarca” y la desmilitarización del territorio lenca.
El gobierno de JOH, acusado en años anteriores por desfalcar el sistema de desarrollo de educación y salud en Honduras, reprime con la mano en la cintura no sólo a campesinos e indígenas, sino también a estudiantes -como se vio en el último proceso de la Universidad Autónoma de Honduras contra la reforma educativa- que luchan por sus derechos y defienden su territorio.
Madre e hijas de Berta denuncian los proyectos de muerte
Según un artículo de la revista Proceso, Berta Zúñiga, ha mencionado que “mientras el gobierno no dé muestras para castigar a los responsables, seguirán los asesinatos”. A esta situación se le añade la complicidad de empresas trasnacionales, como DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), contra la que se enfrentó la dirigente lenca Barta Cáceres y de la cual llegó a recibir acoso y amenazas de muerte en distintos momentos.
En el marco del XVIII Congreso Internacional de Filosofía Pluralidad, Justicia y Paz, la hija de la activista aprovechó para denunciar que hasta el momento no hay avances en las investigaciones del asesinato político de su madre, por lo que ella y sus familiares, así como el Copinh han manifestado su exigencia de una comisión independiente.
“Seguimos exigiendo una comisión independiente similar a la que investigó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México (Grupo interdisciplinario de Expertos Independiente), con el fin de que nos permita llegar a la verdad, a la justicia y a la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el que luchó mi madre y por el que fue asesinada”, indicó Zúñiga.
A esta exigencia se une la voz de la señora Austra Flores López, madre de Berta, que también ha hecho publica su posición respecto a las empresas, bancos y organismos que han financiado el proyecto de energía hidroeléctrica Agua Zarca, por medio de una “Carta Abierta” firmada el pasado 20 de octubre.
La carta da cuenta de las irregularidades e inconsistencias en el proceso de investigación del asesinato de Berta, donde destaca el papel de la empresa DESA y la implementación del llamado “Proyecto Agua Zarca” que actúa bajo el cobijo del gobierno hondureño y es ampliamente respaldado por las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA).
Menciona la señora Austra Flores: “La seguridad de esta empresa [DESA] fue y sigue siendo brindada por el primer Batallón de Ingenieros, quien mantiene una sección de tropas de elite para su protección, por si eso fuera poco, el presidente de esa empresa en la actualidad es un oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Señor Roberto David Castillo, quien siempre profirió amenazas, intentos de soborno y hasta acoso sexual contra mi hija, y que constan en una de las de 40 denuncias que Berta Isabel interpuso ante el Ministerio Público.”
La misiva es un recuento de los hechos que han marcado la investigación del crimen, donde la mano de los militares del Estado de Honduras están involucrados. Así también el hecho de que la empresa DESA mantiene activo el escuadrón de sicarios a sueldo, entre los que destaca Olvin Mejía y Carlos Méndez García, quienes aparecen como responsables directos del asesinato al indígena Tomas García en Río Blanco.
Austra es contundente en decir que “las investigaciones de la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) revelan una situación; dos escuadrones de la muerte, integrado por individuos relacionados a empresas con intereses extractivistas se disputaban el asesinato de Berta Cáceres”.
En Honduras como en México, el papel del gobierno y el conjunto del régimen político ha sido la de perpetuar la impunidad que lacera a la población, y que aunque ha expuesto la crisis abierta de los derechos humanos a nivel internacional persiste el ataque representando una amenaza latente contra los derechos y las conquistas del pueblo pobre y trabajador, así como de estudiantes, la juventud, mujeres y los luchadores sociales.
Retomar el camino de la unidad entre los diferentes sectores amenazados por el gobierno de Juan Orlando Hernández, donde la integración de los trabajadores del campo y la ciudad es clave para avanzar contra el ataque; tarea indispensable por construir al lado de las comunidades indígenas lencas que han expresado reiteradamente la oposición a las represas.
