DIPUTADOS APRUEBA PARIDAD DE GÉNERO Y CUPOS A PUEBLOS ORIGINARIOS. El engaño de la "cocina" constituyente se abre a paridad de género y cupos a pueblos originarios

Ayer el Senado dio el vamos al "proceso constitucional", que tendrá como primer hito el plebiscito de entrada del 26 de abril y en el caso de ganar la elección de "nueva constitución" se iniciará un proceso a través de convenciones con dos alternativas: mixta entre parlamentarios y nuevos representantes o 100% nueva, que luego culminaría en una nueva constitución, ratificada por un plebiscito de salida.

Este proceso, nacido de la trampa de la "cocina" del "acuerdo por la paz" del 15 de noviembre, tras frenéticas negociaciones entre todos los partidos del régimen (Chile Vamos, ex Concertación) al cual también entró el FA, fue la respuesta del régimen para desviar la rebelión que protagonizamos millones y que tuvo su punto más alto en la huelga general del 12 de noviembre con la entrada de la clase trabajadora, la más grande desde dictadura, y un germen de alianza obrera, popular y juvenil, pero que las conducciones burocráticas como la CUT (PC) no buscaron darle continuidad y más bien la usaron como herramienta de presión a los viejos partidos empresariales y al gobierno asesino de Piñera.

Ahora, mientras con estos cambios para que nada cambie realmente del "modelo", el parlamento está iniciando la reforma constitucional que permitirá la apertura del proceso hacia una nueva constitución. Sin embargo, quedaron puntos importantes abiertos: paridad de género, cupos a pueblos originarios y pactos de independientes en la elección. Mientras el parlamento dejó afuera a éstas, el día de ayer en la comisión de constitución de Diputados y luego en la sala, se aprobó en general y en particular los proyectos de reforma constitucional que establece dichas indicaciones en el proceso constituyente, con 144 votos a favor y 1 voto en contra.

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Esto fue tras la jugada de Renovación Nacional y Evópoli, ambas oficialistas de Piñera, de proponer la votación de las indicaciones por separado, a través del mecanismo de los proyectos de ley que ya habían sido aprobados en la Comisión de Constitución.

Concesiones mínimas para desviar el descontento y resguardar el régimen heredado de la dictadura

Esta jugada la impulsaron parlamentarias/os de RN y la ex Concertación (de la cual la UDI quedó herida y "congeló" su participación en Chile Vamos) luego de que el rechazo a estas tres indicaciones haya generado descontento en sectores de la sociedad, especialmente desde el movimiento de mujeres, expresado en protestas que se realizaron en el Congreso y otros lugares.

Con esto, el partido del cuestionado presidente Piñera impulsa una política que busca dialogar con aspectos democráticos básicos como es la legítima exigencia de que un proceso constituyente contemple paridad de género, participación de independientes y de los pueblos originarios. Así, intentan avanzar en la política del conjunto del régimen de entregar ciertas concesiones mínimas- como el aumento de $50.000 en las pensiones más precarias, o el anuncio del aumento del ingreso mínimo, que mantendría de todas maneras sueldos por debajo de la línea de la pobreza-, y mostrarse abierto a las demandas sociales, con el objetivo de desviar el movimiento, descomprimir el hastío de la mayoría de la población, y evitar cualquier tipo de resurgimiento de manifestaciones por parte de movimientos sociales o sectores como la juventud.

Desde la firma del "acuerdo por la paz", de mediados de noviembre, que el régimen de conjunto se unificó con dicha política y bajo el propósito de desviar las profundas movilizaciones en Chile, y ahora continúan esta línea de "diálogo" a través del "proceso constituyente", de un supuesto "entendimiento" con el malestar de millones de personas.

Al mismo tiempo que aprueban estas mínimas indicaciones, se mantienen otras como el quórum de 2/3, un mecanismo para zanjar diferencias que permite el veto de una minoría, en este caso, de la derecha y los intereses empresariales, ante cualquier debate de fondo y estructural que no quieran tocar. Además, los dirigentes sindicales y gremiales para presentarse a elecciones deberán renunciar a su cargo, una prohibición completamente anti-democrática establecida por la Constitución de Pinochet y que busca impedir que las y los trabajadores hagan política. Y así otras cosas más.

Lo más importante para la derecha, el gobierno y el régimen podrido es resguardar y proteger lo que fue cuestionado por millones de personas: la herencia de la dictadura y el modelo capitalista y neoliberal, basado en la precarización del trabajo y de la vida, y del saqueo empresarial de todos los recursos del país.

De fondo, es un proceso constituyente amañado y controlado para que nada cambie de manera estructural. Se abren a aprobar aspectos como la paridad de género, los cupos independientes y escaños a pueblos originarios, pero sobre la base de un proceso donde no serán las grandes mayorías, el pueblo trabajador, la juventud, los sectores populares, los que tendrán completo poder de decisión ante las problemáticas sociales.

Dialogan con un sentir legítimo y democrático como son las indicaciones aprobadas porque saben que si se oponen y si se pasan de la correlación de fuerzas, el "fantasma de las calles" puede volver a resurgir. Entregan ciertas concesiones para "calmar las aguas" y evitar que estallen manifestaciones que reanimen al movimiento, para probar si así pueden lograr que las grandes mayorías se olviden de los problemas estructurales que aquejan a millones.

Por otra parte, siguen reprimiendo poblaciones, manifestaciones de mujeres y otras, y han gozado de total impunidad en dos meses que llevan 26 muertos, miles de heridos, 352 personas con ojos amputados, violaciones y torturas, y han salido con total impunidad más que sacrificar algunos policías por supuestos "excesos" y al propio Chadwick.

Asamblea Constituyente Libre, Soberana y sin poder de veto de la derecha

El “milagro” chileno quedó cuestionado con el estallido de la rebelión popular más importante de las últimas tres décadas, con Piñera jaqueado y con un enorme descontento con la herencia de la dictadura y este régimen que la sostiene. En salarios y pensiones, precarización, educación, salud y vivienda, jornada laboral, derecho a la autodeterminación nacional del pueblo-nación mapuche, destrucción del medioambiente, entre otros temas, se cuestiona que “no son $30 sino 30 años”.

Es este debate el que quiere impedir el régimen de conjunto y este gobierno con reforma constitucional. ¿Podemos confiar que tendremos un proceso constituyente realmente democrático, libre y soberano, donde las grandes mayorías puedan decidir sobre todo lo que consideren pertinente para el futuro del país, con un quórum de 2/3, con la existencia de este cuestionado Congreso, y en los marcos que permite este régimen heredado de la dictadura?

Es con la fuerza de la movilización, con la potencia de los sectores estratégicos de la clase trabajadora en las calles, junto a la juventud, pueblo mapuche, mujeres, sectores populares, y por fuera de este régimen podrido, que podremos imponer una Asamblea Constituyente realmente democrática, libre y soberana.

Es decir, sin ninguna restricción, que pueda discutir y tomar todas las medidas que considere necesarias, donde todos puedan participar desde los 14 años, convocando elecciones donde se elijan representantes cada 10.000 electores, que sean revocables, que cobren los mismo que una profesora, y donde puedan ser electos de forma democrática dirigentes sindicales y de organizaciones obreras, estudiantiles, sociales, y que no tenga ninguna limitación de ningún otro poder ni tampoco ningún veto respecto a los temas a discutir y las medidas a tomar en beneficio del pueblo trabajador.

Una Asamblea Constituyente donde podamos discutir salarios y pensiones mínimas de $500.000; educación, salud y vivienda garantizadas para todas y todos; el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios; el fin de la precarización y el subcontrato; la reducción de la jornada laboral; igualdad de salarios entre hombres y mujeres; la nacionalización del cobre y de los recursos naturales y estratégicos, sin pago y bajo gestión del pueblo trabajador y control de las comunidades, entre otras demandas sentidas y fundamentales para dar respuesta a las necesidades de las grandes mayorías.

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